EL LÍBERO – Si la salud pública fuera un paciente, estaría con respirador artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital.
Hay dos factores que explican su muy delicada situación. Por una parte, los reiterados atrasos en la construcción de media decena de nuevos recintos, que impide sumar 1.000 camas al sistema.
Por otro lado, la deficiente gestión, junto a la pandemia de coronavirus, tienen a casi 1,8 millones de pacientes esperando por un consulta con un especialista.
El “doctor”, en este caso el Gobierno, está frente a una compleja situación. La que se podría agravar aún más por la propuesta de la Constitución que establece un Sistema Universal de Salud, donde deberán afiliarse todos los chilenos, incluyendo los tres millones que están hoy en isapres.
1,8 millones de personas esperan por un especialista
En el actual sistema público de salud, 1.764.937 personas esperan una consulta con un especialista, 294.632 aguardan una cirugía y otras 67.417 una atención GES.
Las demoras se pueden extender hasta por 600 días. Estas cifras corresponden al primer semestre de 2022.
Respecto de las personas fallecidas esperando atención, durante 2021 se registraron 20 mil.
Son las demoledoras cifras entregadas por el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, a los miembros de las comisiones de Salud del Senado y la Cámara el pasado 29 de julio, según consignó Ex Ante.
La doctrina del gobierno contra los hospitales concesionados
Para atender a los actuales afiliados de Fonasa y a quienes eventualmente podrían llegar al sistema público si triunfa el Apruebo en el plebiscito constitucional, se requieren más recintos de salud, ademas de profesionales. Es lo que señalan varios experto.
La construcción de hospitales públicos, a través del sistema de concesiones, la inició el Presidente Ricardo Lagos hace dos décadas.
Al gobierno del Presidente Gabriel Boric, sin embargo, no le gustan los hospitales concesionados.
Así lo han manifestado sus autoridades en varias oportunidades, como la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, y el subsecretario Araos, a cargo de la infraestructura hospitalaria.
En septiembre del año pasado, la entonces presidenta del Colegio Médico afirmaba que “debemos evaluar la continuidad del modelo de concesiones hospitalarias. Para lidiar con estos privados se requiere un Estado ágil y fiscalizador, que supervise activamente, si no, termina siendo un buen negocio y un lastre para pacientes y trabajadores”.
Tan pronto asumió el subsecretario Araos, quien también fue dirigente en el gremio médico, dijo que “el gobierno saliente dejó varios proyectos en diseño y construcción vía concesiones. Nosotros somos partidarios de que la construcción de hospitales sean con recursos propios, porque nos parece que es lo más eficiente al corto plazo”, dijo Araos el 17 de marzo tan pronto asumió.
Postura que refrendó el pasado 29 de julio en una visita al hospital de Rancagua.
“Creemos que en el futuro, los proyectos de inversión hospitalaria que este gobierno está impulsando, los haremos con fondos sectoriales, dejando las concesiones hospitalarias que ya están funcionando; y evaluando constantemente las condiciones de los contratos de estas concesiones; y aplicando las multas necesarias en casos de presentarse fallas operativas”, señaló el subsecretario.
Por ello, creó un comité junto a la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas “para evaluar el funcionamiento de los distintos hospitales concesionados”.
El atraso de cinco hospitales concesionados que entregan 1.000 nuevas camas
Son cinco los hospitales concesionados que están en avanzada fase de licitación, y que aportan 1.000 nuevas camas a la red de salud pública.
En los primeros cinco meses del gobierno, sin embargo, dichos proyectos no han visto avances.
El nuevo hospital concesionado de Coquimbo tendrá 605 camas, 139 box para consultas de urgencias, especialidad, dentales y procedimientos ambulatorios, además de 22 pabellones.
La inversión supera los US$274 millones, y sus nuevas instalaciones serán cuatro veces más grandes que las del actual recinto.
El anterior gobierno de Sebastián Piñera lo adjudicó en febrero de 2022, y aún está entrampado en la burocracia estatal.
“Actualmente estamos a la espera de la toma de razón de la propuesta de adjudicación para el recinto, que se encuentra en tramitación por fiscalía del MOP para ser ingresada a la Contraloría”, dijo el mes pasado el director subrogante del Servicio de Salud Coquimbo, Germán López.
Tras la toma de razón, el Presidente Boric deberá firmar el Decreto Supremo que activa la concesión, para que la empresa pueda comenzar la construcción.
La larga espera del Instituto de Neurocirugía y el Instituto Nacional del Cáncer
La concesión del Instituto de Neurocirugía también muestra atrasos. La apertura de las ofertas económicas debieron hacerse en marzo, luego en junio y ahora se anunció que sería finalmente en septiembre.
El hospital contempla 214 camas y una inversión de US$150 millones. Los privados se harán cargo de la mantención de la infraestructura, así como la adquisición, mantención y reposición de equipamiento médico y mobiliario clínico, y mobiliario no clínico.
Este centro es un recinto de referencia a nivel nacional, convirtiéndose en un gran formador de especialistas en neurocirugía.
El Instituto Nacional del Cáncer es otro recinto concesionado que se ha retrasado. Con 249 camas y una inversión de casi $200 millones, la apertura económica debió hacerse en abril y se hizo el pasado 27 de julio.
Después de que el gobierno pasado lograse destrabar el terreno en el Consejo de Monumentos Nacionales, situación que mantuvo en vilo la ubicación del hospital por varios años; su retraso sólo agravaría la enorme lista de espera que existe en cáncer, principal causa de muerte en nuestro país.
En la Región de O’Higgins hay dos hospitales para Rengo y Pichilemu en proceso de adjudicación por la vía de concesiones, que también están atrasados.
Con 262 camas y US$160 millones en inversión, la apertura de ofertas técnicas y económicas debieron hacerse en julio y se corrieron para octubre.
Construcción del hospital Sotero del Río tiene ocho años de retraso
La cruzada contra las concesiones no es exclusivas de este gobierno.
Durante su primer mandato, la Presidenta Michelle Bachelet impulsó la concesión de los hospitales de Maipú y La Florida.
En su segundo gobierno, sin embargo, las cosas cambiaron y emprendieron una arremetida contra ese mecanismo público-privado.
La entonces ministra de Salud, Helia Molina, impugnó en 2014 la concesión del emblemático Sótero del Río, en Puente Alto, que contemplaba 700 camas y 49 pabellones quirúrgicos.
El decreto de adjudicación del Minsal estaba en la Contraloría, y Molina instruyó al Ministerio de Obras Públicas su retiro para hacerlo con recursos sectoriales. Es decir, sin concesión, y con recursos del propio ministerio.
Incluso, Helia Molina amenazó con “ir a marchar a la calle si empiezan a concesionar hospitales”.
Tres años después, en 2017, el gobierno de Bachelet anunció la licitación por $340 mil millones, monto que superaba en $100 mil millones el costo de la concesión. Según ese cronograma, el hospital debería terminarse en 2025.
Recién en junio pasado se iniciaron las obras preliminares del nuevo recinto. El atraso del hospital supera los ocho años.
El ex ministro de Salud de Ricardo Lagos, Pedro García, denunciaba en 2017 “una responsabilidad política también, digámoslo claramente, de la Presidencia de la República. Por razones que no han sido bien aclaradas, pero que tengo absoluta certeza que fueron más bien ideológicas que técnicas”.
La misma suerte corrieron los hospitales de Maule, Curicó, Chillán, Linares, Petorca y Marga Marga, que fueron desechados durante el gobierno de Bachelet como concesión.
La demora del nuevo hospital Salvador-Geriátrico
La cruzada anti concesiones del gobierno de la Presidenta Bachelet también alcanzó el hospital Salvador-Geriátrico, en Providencia.
Con capacidad de 650 camas, ese importante proyecto de US$250 millones fue licitado por el entonces ministro Jaime Mañalich en 2013.
El Decreto Supremo lo firmó el Presidente Piñera en su primer mandato, por lo que la administración de Bachelet no pudo desechar la concesión como hizo con el Sótero del Río.
En cambio, optó por modificar el complejo contrato para que la limpieza, seguridad y alimentación estuvieran fuera de la concesión y fuera realizado por funcionarios públicos.
Esos cambios impactaron fuertemente el modelo de negocios y atrasaron el proyecto al menos dos años, según explican a este diario ex autoridades del Minsal.
La diputada comunista Karol Cariola, celebró en ese entonces la decisión del Minsal.
“Es un gran precedente q se haya logrado acuerdo entre la Multigremial del Hospital Salvador y el Minsal, para bajar servicios del contrato con la concesionaria del hospital. No se pudo bajar la concesión, pero sí disminuir servicios q se ejecutaran de forma directa x Minsal”, tuiteo en enero de 2018.
El hospital actualmente tiene un 58% de avance y la fecha de término es mayo de 2024.
La cruzada de Cariola y el PC contra las concesiones hospitalarias
La diputada Cariola junto al Partido Comunista han sido frontales enemigos del modelo público-privado en los hospitales.
Tal fue su oposición al proyecto de concesión del Salvador, que en 2014 ingresó un proyecto de ley precisamente con ese nombre para retirar a todos los hospitales de esa modalidad.
“Esta medida tiene que ver con el modelo de salud que pensamos para Chile, un proyecto de ley que nos permita retirar la concesión hospitalaria de la ley de concesiones que existe actualmente. Ellos, los trabajadores, han planteado esta necesidad y lo han reforzado como un triunfo del movimiento social que se ha opuesto férreamente a la concesiones hospitalarias”, dijo la diputada al presentar la iniciativa.
Agregó que “aquí lo que estamos resguardando son los recursos de todo el país, los recursos del Estado, los recursos de las chilenas y chilenos pero por sobre todo, la salud de las personas y las garantías que le damos a todos de recibir atención de salud de calidad, oportuna y como lo hemos dicho en otra oportunidad, no mercantilizada”.
Ex ministro Mañalich: “Se han perdido 2.000 camas y 10 años por razones ideológicas”
En conversación con El Líbero, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, aborda las críticas al modelo de participación público-privada en la infraestructura hospitalaria.
El médico parte por desmentir el “mito” de que son más caros para el Estado.
Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, muestra que la productividad y el costo-eficiencia de los hospitales concesionados es mayor a los públicos. Es decir, tanto los costos como los plazos son menores.
“Es una pena que hayamos perdido 10 años y más de 2 mil camas hospitalarias que no se han construido o demorado, producto de la ideologización y mala gestión. La evidencia es contundente en mostrar los beneficios del sistema público-privado en el sistema hospitalario”, sostiene Mañalich.
Al ex ministro le preocupa el texto de nueva Constitución, que establece que «el Estado es el único ente capaz de generar beneficios sociales, y si no es el Estado no puede ser nadie, independiente de que se produzca un enorme daño a las personas que no reciben atención adecuada”.
La ex autoridad agrega que hay un déficit de 40 mil camas hospitalarias, por lo se requiere poner el acelerador a los proyectos hospitalarios.
La falta del plan nacional de salud
En plena pandemia y bajo la evidente necesidad de aumentar las camas en el país, el ex ministro de Salud, Enrique Paris, visitó las obras del Hospital Salvador, y dijo que “la concesión de este tipo de obras debe ser una política pública en Chile. Si hoy contáramos con las más de 500 camas que aportarán los centros hospitalarios, estaríamos en una situación diferente”.
Tan preocupante como el retraso en la construcción de hospitales y las abultadas listas de espera, es que el actual gobierno aún no haya presenta su plan nacional de inversiones en salud, explican ex autoridades de la cartera a este diario.
En el plan nacional se informan cuántos dispositivos de salud realizarían en los cuatro años de mandato.
El plan debería incluir dispositivos de atención primaria ubicados en los municipios (CESFAM, postas rurales, CECOF, etc.), CDT, centros de diálisis y hospitales según su complejidad.
Fuente: El Líbero, Sábado 20 de Agosto de 2022
