PULSO – El terremoto del 27 de febrero de 2010 marcó el inicio de un decenio caracterizado por eventos de la naturaleza que pusieron a prueba la resiliencia de los servicios de agua potable y saneamiento del país. El 27F impactó los sistemas de agua potable y alcantarillado en seis regiones y exigió al máximo la capacidad técnica y profesional de las sanitarias que permitió que, a 10 días del sismo, el 95,6% de los clientes afectados ya dispusiera de agua potable por red. Los terremotos en Arica y Tarapacá en 2014 y en Coquimbo en 2015 obligaron a nuevos despliegues para reponer con rapidez los servicios afectados.
También el cambio climático se expresó con fuerza en la última década, con intensas lluvias en la alta cordillera, que provocaron turbiedades en el río Maipo y afectaron la producción de agua potable de la Región Metropolitana. Como respuesta, se realizaron inversiones en la capital y otras ciudades, que hoy dan mayor autonomía de abastecimiento. El 2015, aluviones impactaron la producción de agua e inutilizaron los sistemas de alcantarillado de distintas ciudades de la Región de Atacama. Este episodio fortaleció la coordinación entre las empresas del sector, para disponer de mayores recursos para las emergencias. También devastadores fueron los incendios en Valparaíso en 2014, y los extensos incendios forestales el 2017 cuyo combate requirió enormes cantidades de agua que las sanitarias ayudaron a proveer.
En paralelo, la industria siguió creciendo para acompañar la expansión urbana, que significó conectar un millón de nuevas viviendas en la última década.
El decenio que comienza nos desafía nuevamente. Vivimos la mayor sequía de la que se tenga registro y esta condición se mantendrá; por otra parte, seguiremos afectados por eventos de cambio climático. Resulta fundamental que la industria asegure la disponibilidad de agua para las personas, y gestione el ciclo completo del agua, incluido un uso más eficiente y mínima generación de residuos. Estimamos que las inversiones necesarias para esto ascienden a más de US$10 mil millones los próximos 20 años.
Por ello, resulta esencial que el cambio al marco regulatorio de la industria sanitaria incluya los mecanismos e incentivos para realizar estas inversiones. Sólo así se podrá garantizar la continuidad y calidad de los servicios sanitarios, con altos estándares de operación y transitando hacia una industria de servicios ambientales, en beneficio de los habitantes de hoy de las futuras generaciones.
Fuente: Pulso, Miércoles 26 de Febrero de 2020
