PULSO – La pandemia de coronavirus es el desafío de política pública más complejo en un siglo: rememora la gripe española, en 1918; y ha provocado un desplome económico en China, Estados Unidos y el sur de Europa mayor que el ocurrido durante los primeros meses de la Gran Depresión, a fines de los años veinte. Y aunque hoy estamos mejor preparados para combatirla, gracias a los avances en medicina y economía y a la mayor coordinación global, también estamos más expuestos, con flujos de bienes y personas que anulan las fronteras.
Naturalmente, los gobiernos han privilegiado contener el contagio, imponiendo cuarentenas que limitan la libertad individual. Pero esta estrategia no es sostenible si, como resultado, los que pierden sus empleos no tienen ingresos para realizar sus compras básicas, viéndose forzados a incumplir las restricciones; o si se detienen la cadena de abastecimiento y el sistema de pagos; o si quiebran masivamente empresas que, en un escenario habitual, habrían accedido a crédito para refinanciar sus deudas.
Así, las políticas elegidas deben controlar ambas, la crisis sanitaria y la económica, porque el virus puede matar, pero la mayor pobreza que resultaría de una profunda recesión global también.
En Chile, partimos con políticas macro, a través de líneas de financiamiento más abundantes para los bancos y flexibilidad regulatoria, que buscan contener problemas de liquidez y reducir el efecto de un mayor riesgo en la oferta de fondos. Recientemente, estas medidas se han complementado con otras más específicas, como bonos para las personas más vulnerables, y el acceso al seguro de cesantía para trabajadores formales, condicionado en que el vínculo laboral no se interrumpa. Con todo, en esta etapa la preocupación principal debe ser el cómo, porque en las políticas micro el demonio está en los detalles. Pequeñas diferencias de diseño pueden explicar su éxito o fracaso.
Con respecto a las empresas grandes, una garantía estatal debería bastar para el acceso a financiamiento, más con el bajo costo del crédito internacional. Y si ello no es posible, estas pueden acceder a fondo públicos compartiendo con el Estado su propiedad. Pero las empresas pequeñas no tienen acceso a capital de trabajo. Para ellas, además de lo ya anunciado por el gobierno, y para aumentar los fondos disponibles, es posible proveer créditos con seguros grupales, como lo hace el Grameen Bank. El foco sería grupos de empresas asociadas a una actividad, como restaurantes en un mismo barrio, que podrían obtener un crédito estatal con facilidades de pago y el cual los miembros, en conjunto, se comprometen a pagar. Los objetivos son dos: debido a que las empresas tienen más información acerca de quiénes pueden salir adelante una vez terminada la crisis, se autoseleccionarán; y, al diversificar el riesgo de no pago entre ellas, no es necesario que todas se recuperen con la misma intensidad para sobrevivir.
En cuanto a los trabajadores, es probable que su asignación actual sea razonablemente eficiente, dados los despidos desde las manifestaciones de octubre. En tal caso, la política debe propender a que, una vez terminada la crisis, las personas se desempeñen en tareas similares a las previas. Un subsidio al empleo condicionado al número de despidos serviría. Un problema son los trabajos informales y los por cuenta propia. Los primeros en Chile rondan el 30% de la fuerza laboral. Para ellos, el pago se puede condicionar a su formalización en el SII y a evidencia de sus ingresos, por ejemplo, con el saldo anual promedio en su CuentaRUT. Para los segundos, el pago puede basarse en la Operación Renta 2020. Además, en ambos casos se podría crear un crédito que se pague en función de la diferencia entre los ingresos recibidos el año pasado y este. Si son mayores este año, la empresa debería pagar de acuerdo con esa diferencia en la Operación Renta 2021. En caso contrario, no pagaría nada. Esto puede hacerse durante 3 años, permitiendo recuperar fondos para futuras contingencias y ayudando a canalizarlos en los que se formalicen.
Nadie sabe cómo terminará todo esto. Pero sí sabemos que políticas bien diseñadas e implementadas reducirán la probabilidad de una catástrofe económica. Y más importante aún, que esta catástrofe acabe siendo humana.
-Los autores son de la Universidad Diego Portales
Fuente: Pulso, Miércoles 15 de Abril de 2020
