CEP – La situación del sistema penitenciario es crítica. En las cárceles se refleja la actividad criminal que se vive en las calles, con su huella de homicidios y temor. La llegada del crimen organizado transnacional y la penetración del narcotráfico y su cultura han modificado el perfil criminológico de la población penal. Nuestras cárceles están evolucionando rápidamente hacia centros lucrativos de actividad delictiva, desde donde se dirigen ilícitos que impactan tanto el interior como el exterior de los penales.
El problema penitenciario se ha agudizado por su desborde físico. Hay 79 cárceles en Chile con capacidad para 41.931 personas privadas de libertad. Pero la población penal ha aumentado en 44% desde el 2019, llegando a 60.500 internos, desbordando el sistema. La tasa de sobreuso de las cárceles es de 38%, un promedio que oculta realidades regionales críticas. Tanto en Atacama como en el Maule hay más de dos personas encarceladas por cada cupo disponible.
Esta crisis de infraestructura se refleja en varias dimensiones. Un 43% de las cárceles no concesionadas se encuentra en condiciones físicas deficientes. Además, el hacinamiento y el nuevo perfil criminal influyen en la destrucción y daño recurrente de las instalaciones. Las malas condiciones de los recintos impiden las labores de reinserción, lo que socava las políticas de seguridad del país (más reinserción es más seguridad).
La realidad en América Latina nos enseña que estas condiciones conducen al control criminal de las cárceles, una empresa lucrativa y devastadora para las democracias.
Las bandas criminales capturan un mercado interno para la extorsión y el comercio ilegal. Según Gendarmería, en nuestras cárceles el gramo de droga puede costar siete u ocho veces más que su valor convencional. Los centros penitenciarios se pueden convertir en fuente de reclutamiento para pandillas y carteles y en refugio para la dirección a distancia de delitos en el exterior. Cuando bandas criminales controlan las cárceles, la corrupción se expande y los propios agentes de control pasan a formar parte de ellas. Preocupa que estas situaciones ya se observen en nuestros penales.
La crisis penitenciaria hace urgente la rápida ampliación de las capacidades del sistema. El centro penal La Laguna, en Talca, recién inaugurado y con capacidad para 2.300 reclusos demoró 16 años en materializarse. No podemos esperar tanto para contar con nuevos recintos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha propuesto un plan para crear 12 mil nuevas plazas en el sistema al 2030, mediante la construcción de nuevos recintos —como en Calama y Copiapó— y la ampliación de varios existentes. Para ello, enviará un proyecto de ley que apunta a disminuir los tiempos de ejecución del plan. Ante la urgencia de la crisis carcelaria, este proyecto debe ser tramitado, mejorado y aprobado con apoyo político transversal y con celeridad. De lo contrario, como ocurre en Ecuador, Venezuela o Brasil, las cárceles chilenas pasarán a manos del crimen organizado, haciendo aún más difícil su erradicación.
Fuente: Centro de Estudios Públicos, Lunes 30 de Septiembre de 2024
