LA TERCERA – Se ha visto un fuerte despegue de bicicletas públicas y ciclovías en distintas comunas de Santiago; y, recientemente, scooters eléctricos y monopatines. En la última década se han diversificado los modos de transporte, porque la congestión vehicular hace que muchas veces sea más rápido moverse en modos alternativos, especialmente en viajes cortos. Además, hay cada vez más interés en pedalear y caminar, modos sustentables que contribuyen a mejorar la salud de las personas.
La coexistencia de múltiples actores en la calle implica el desafío de mejorar su convivencia, como lo intenta la reciente Ley de Convivencia Vial (LCV). Sin embargo, estos esfuerzos serán en vano si no se diseña la calle y su entorno con infraestructura segura para los usuarios más vulnerables. Es fundamental pasar de la concepción de calles para los autos a una visión de calles para las personas, tal como se ha hecho en algunos países desarrollados, reconociéndolas como espacios públicos vitales, no solo para la circulación, sino para el encuentro entre las personas. Este enfoque se conoce como “Calles Completas”.
Si bien en Chile se ha generado conciencia sobre la necesidad de que peatones, ciclistas y transporte público convivan de manera fluida y segura, existe una limitación estructural para impulsar Calles Completas: la normativa actual.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) es el cuerpo legal que regula los estándares de diseño y construcción de vías en nuestro país. Esta ordenanza limita la innovación, con criterios excesivamente rígidos y difíciles de cumplir. Por ejemplo, puede llegar a exigir 14 metros para pistas de vehículos y seis de acera para una calle de 15 metros, sin especificar criterios de solución. En la práctica, frente a este tipo de incongruencias, se suele priorizar las vías para autos.
Además, la OGUC da a los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes un poder discrecional, que dificulta que municipalidades y gobiernos regionales puedan innovar en sus territorios; además de establecer una clasificación de calles con un criterio casi exclusivo de movilidad, en contraste con la doble función que se propone en Calles Completas.
Chile requiere pensar en un nuevo marco legal, que priorice los modos de transporte público y activos, para que nuestras ciudades sean más acogedoras, dinámicas y humanas, al tiempo que contribuyan a los desafíos globales de sustentabilidad.
Este nuevo marco legal debiese empoderar a gobiernos locales y organizaciones ciudadanas, en lugar de limitar su iniciativa. Los desafíos de sustentabilidad urbana exigen que pongamos atención en el diseño de calles, para que estén al servicio del movimiento en múltiples modos y también al encuentro de las personas.
Esta columna fue escrita en conjunto con Jorge Fuenzalida y Rodrigo Mora, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS.
Ver artículo
Fuente: La Tercera, miércoles 16 de enero 2019
La calle para las personas, por Juan Carlos Muñoz
LA TERCERA – Se ha visto un fuerte despegue de bicicletas públicas y ciclovías en distintas comunas de Santiago; y, recientemente, scooters eléctricos y monopatines. En la última década se han diversificado los modos de transporte, porque la congestión vehicular hace que muchas veces sea más rápido moverse en modos alternativos, especialmente en viajes cortos. Además, hay cada vez más interés en pedalear y caminar, modos sustentables que contribuyen a mejorar la salud de las personas.
La coexistencia de múltiples actores en la calle implica el desafío de mejorar su convivencia, como lo intenta la reciente Ley de Convivencia Vial (LCV). Sin embargo, estos esfuerzos serán en vano si no se diseña la calle y su entorno con infraestructura segura para los usuarios más vulnerables. Es fundamental pasar de la concepción de calles para los autos a una visión de calles para las personas, tal como se ha hecho en algunos países desarrollados, reconociéndolas como espacios públicos vitales, no solo para la circulación, sino para el encuentro entre las personas. Este enfoque se conoce como “Calles Completas”.
Si bien en Chile se ha generado conciencia sobre la necesidad de que peatones, ciclistas y transporte público convivan de manera fluida y segura, existe una limitación estructural para impulsar Calles Completas: la normativa actual.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) es el cuerpo legal que regula los estándares de diseño y construcción de vías en nuestro país. Esta ordenanza limita la innovación, con criterios excesivamente rígidos y difíciles de cumplir. Por ejemplo, puede llegar a exigir 14 metros para pistas de vehículos y seis de acera para una calle de 15 metros, sin especificar criterios de solución. En la práctica, frente a este tipo de incongruencias, se suele priorizar las vías para autos.
Además, la OGUC da a los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes un poder discrecional, que dificulta que municipalidades y gobiernos regionales puedan innovar en sus territorios; además de establecer una clasificación de calles con un criterio casi exclusivo de movilidad, en contraste con la doble función que se propone en Calles Completas.
Chile requiere pensar en un nuevo marco legal, que priorice los modos de transporte público y activos, para que nuestras ciudades sean más acogedoras, dinámicas y humanas, al tiempo que contribuyan a los desafíos globales de sustentabilidad.
Este nuevo marco legal debiese empoderar a gobiernos locales y organizaciones ciudadanas, en lugar de limitar su iniciativa. Los desafíos de sustentabilidad urbana exigen que pongamos atención en el diseño de calles, para que estén al servicio del movimiento en múltiples modos y también al encuentro de las personas.
Esta columna fue escrita en conjunto con Jorge Fuenzalida y Rodrigo Mora, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS.
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Fuente: La Tercera, miércoles 16 de enero 2019
