LA TERCERA – Desde el Ministerio de Justicia respondieron hoy al informe sobre la situación penal en Chile elaborado por la fiscalía judicial de la Corte Suprema.
Entre las principales situaciones dadas a conocer el lunes por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, se cuestionaba el hacinamiento en los recintos, el exceso de horas de encierro de los internos, así como los largos periodos en que no reciben alimentos o el mal uso de las celdas de aislamiento. Como respuesta, Brito anunció que convocaría a distintos actores afines al tema para abordar esta problemática.
Pese a valorar la información, el ministro de Justicia, Jaime Campos, aseguró hoy en rueda de prensa que las situaciones planteadas “naturalmente las conocíamos y no constituyen ninguna novedad para nosotros”, y advirtió que el gobierno ha trabajado en dar solución al respecto.
El ministro, además, señaló que desde que asumiera el cargo en octubre de 2016 la cartera mantuvo reuniones con distintos actores, las que se plasmaron en la nueva política nacional de reinserción y en el Decreto Supremo 382 firmado por la Presidenta Michelle Bachelet en abril de 2017, el cual promueve un nuevo reglamento penitenciario.
La autoridad aseguró que este reglamento daba respuesta a “la inmensa mayoría de observaciones planteadas por la fiscalía judicial”. De acuerdo a Campos, la normativa debía ser implementada a partir del 1 de diciembre de 2017. No obstante, indicó que aún está pendiente la toma de razón de la Contraloría General de la República. La Tercera consultó al ente fiscalizador sobre este proceso, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Hacinamiento
Sobre la sobrepoblación en el sistema informada en el documento, el ministro Campos advirtió que el hacinamiento ha sido enfrentado durante este gobierno mediante la construcción de nuevas cárceles. Adelantó que próximamente se inaugurarán el nuevo penal El Manzano de Concepción y la nueva cárcel de Arica. A ellas se sumarán, indicó, recintos en Talca y Copiapó. El primero ya licitado, mientras que el segundo ya tiene el diseño terminado.
Sin embargo, cuestionó información contenida en el documento del Poder Judicial. En este se advertía que el penal Colina I poseía plazas disponibles para 1.278 reos. Campos desmintió ello e indicó que se debía a la existencia de “una torre deshabitada por vieja e insalubre”.
La fiscal judicial Lya Cabello, quien elaboró el informe, indicó que este “constataba hechos reales”. Y aseguró que todo lo expresado en este “fue constatado por un fiscal judicial”. “Ponemos de manifiesto las situaciones que nosotros pensamos deben ser conocidas y discutidas por las autoridades públicas. El grado de hacinamiento no por conocido es inexistente, está ahí. Al igual que los horarios de encierro”, enfatizó.
Para el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, la sobrepoblación que padecen las cárceles se explica en el uso “masivo y excesivo de la prisión preventiva”. En este sentido, indicó que esto obliga a “destinar más espacio para mantener a los imputados alejados de los condenados”.
Además, sostuvo que se debe “cuidar el sistema concesionario”, dado que estos recintos cobran multas cuando se sobrepueblan. “Esto va generando una presión sobre el sistema tradicional en lugares que se sabe la infraestructura no es la adecuada”, añadió.
Fuente: La Tercera, Martes 20 de Febrero de 2018
