EL MERCURIO – “La reinserción no ha resultado como un logro de las cárceles concesionadas”, advierte el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ordenó evaluar el desempeño de los ocho penales operados hoy por empresas privadas en el país para corregir falencias y, eventualmente, retomar un modelo que si bien cambió el estándar penitenciario chileno, tuvo una génesis compleja que truncó dos proyectos y ha generado una “sequía” de obras.
El plan original contemplaba diez de estos penales. Seis (Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Santiago I, Valdivia y Puerto Montt) fueron efectivamente abiertos por privados entre 2005 y 2007. En medio de discrepancias entre los ministerios de Obras Públicas y de Justicia y los privados, otros dos (Concepción y Antofagasta) tuvieron que ser construidos por el Estado entre 2010 y 2012, y luego concesionados. Las dos concesiones restantes (Santiago II y Talca) nunca se hicieron.
Y aunque estos contratos agregaron 17.341 plazas al sistema (que hoy suma 40.630 privados de libertad), con evidentes mejoras en espacio y equipamiento, ya han pasado 11 años desde la última apertura de un recinto levantado exclusivamente por privados.
En ese contexto, Larraín asegura que “no hemos notado diferencias” en los resultados de reinserción -clave para evitar la reincidencia, que llega al 50% al cabo de un año de egreso- entre los penales tradicionales y los concesionados.
“El resultado desde el punto de vista de la reincidencia, que es el indicador para ver el éxito, es cero”, precisa. “La pregunta es si los contratos no los han pedido o si es porque no se han hecho los intentos”, añade el titular de Justicia, quien puso en marcha una mesa para evaluar esos penales, en medio de una reforma más amplia que busca convertir a Gendarmería, de un mero custodio, en el principal motor de rehabilitación.
Parte de esa mesa es Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras Públicas (Copsa). Daneri coincide en que las cárceles privadas no están rehabilitando como se esperaba, pero lo atribuye a que “no se ha usado bien el sistema”.
A su juicio, el problema de fondo es que, junto con los hospitales, las cárceles fueron parte de una segunda generación de concesiones -la primera fue de autopistas y aeropuertos- en la que el MOP ya no era el único “dueño” del contrato, pues se sumaron las carteras de Salud y de Justicia.
Así, explica, las cárceles fueron proyectadas según lo que el MOP estimaba adecuado, y Gendarmería comenzó a pedir cambios con las obras ya en marcha. Se creó un recelo entre Gendarmería y los operadores de cárceles, continúa, que se reflejó en varias cosas, como que no se usaran plenamente las alternativas de capacitación disponibles.
Según Daneri, tales procesos fueron “bastante traumáticos”. Tanto, que uno terminó judicializado -el MOP y Justicia se endosaban mutuamente los costos extras reclamados por el privado-, lo que “provocó un trauma en la industria y que no se hicieran más cárceles por concesiones”.
Una década después, Justicia busca integrar a estos penales a la nueva política de reinserción, basadas en una alianza público-privada que aspira a reinsertar a la mitad de los 40 mil privados de libertad. Una opción, precisa Larraín es revisar los contratos de concesión, “y si eso resulta, puede ser una vía que retomemos para construir nuevos recintos penitenciarios”.
Según Daneri, hoy la industria está disponible para hacerlo: “Estamos muy contentos de que este nuevo enfoque permita sacarle el jugo al máximo a lo que tenemos ahora y, desde ya, ir perfeccionando lo que viene”.
Fuente: El Mercurio, Domingo 08 de julio de 2018
