EL MERCURIO – Las explicaciones han sido poco convincentes y evidencian la necesidad de una modernización profunda del Estado.
Una subejecución de 2 mil 521 millones de dólares registró la inversión pública en 2023, equivalentes a un 18 por ciento del presupuesto considerado para estos efectos. Esto, según cifras reportadas por la Dirección de Presupuestos y analizadas por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Es la subejecución total relativa más alta desde 2004, año a partir del cual se realizan estas estimaciones. El problema se concentró particularmente en Obras Públicas, Gobiernos Regionales, Salud y Educación, sumando un total de 2 mil 278 millones de dólares. Así, en la primera de estas reparticiones se registró la mayor subejecución en términos absolutos; su monto ascendió a mil 235 millones de dólares, con una ejecución de solo un 76,5 por ciento. En Salud, en tanto, ocurrió la menor ejecución relativa, de apenas un 63,3 por ciento. Las explicaciones dadas para este incumplimiento presupuestario han sido muy poco convincentes. En Obras Públicas, por ejemplo, se mencionan desde cambios normativos en los procesos de aprobación de los proyectos hasta quiebras de empresas constructoras que terminaron haciendo más lenta la ejecución de obras viales. Pero la subejecución es demasiado significativa para hacer plausibles estos argumentos; desde luego, los cambios normativos deberían haber estado internalizados ya en la planificación de las obras.
Este resultado se complejiza además porque la ejecución presupuestaria total estuvo muy cerca del 100 por ciento, lo que se explica por una sobreejecución del gasto corriente, que llegó a un 103 por ciento. Esta variación seguramente se concentró en programas de bajo retorno social, si alguno. Al respecto, hay que recordar que los proyectos de inversión pública están sometidos, habitualmente, a rigurosas evaluaciones, las que otorgan un grado razonable de confianza respecto de su conveniencia. El gasto corriente no otorga la misma garantía.
Pero el problema tiene también otras dimensiones. Durante 2023, el empleo en la construcción cayó un 6,2 por ciento. Por cierto, es un sector que ha atravesado por múltiples dificultades, como la lentitud en la venta de casas y departamentos nuevos. Pero también es afectado cuando hay una baja ejecución de los proyectos del Estado. Debe recordarse que incluso existen empresas que se han especializado en la prestación de servicios a este, las que resultan severamente golpeadas por estos incumplimientos presupuestarios. Por otra parte, en momentos de estancamiento económico, las iniciativas de inversión pública tienen un interesante efecto multiplicador. Es muy posible que el decrecimiento que terminó afectando a la economía chilena encuentre en este retroceso en la inversión pública programada una parte de la explicación. Y también la incapacidad en la generación de empleo para absorber toda la expansión de la fuerza de trabajo durante 2023 puede tener aquí una de sus causas.
Para 2024 se contemplan inversiones públicas por más de 12 mil millones de dólares y una parte del mejor desempeño económico que se anticipa descansa en estas iniciativas. No hay ninguna razón, sin embargo, para pensar que su ejecución se pueda satisfacer en plenitud. Con altos y bajos, la tendencia en la última década ha sido hacia un incremento relativo de la subejecución. En el actual período, casi no se han observado acciones que permitan pensar que la situación se pueda revertir. En este sentido, es valiosa la iniciativa para permitir una evaluación más ágil de proyectos pequeños de hasta 5 mil UTM, a los que no se les exigirán indicadores de rentabilidad social ni análisis técnico-económico para obtener una recomendación. Con todo, es difícil pensar que ello resuelva las subejecuciones que están ocurriendo, las cuales, como se veía, se concentran en unas pocas instituciones. Es en estos aspectos donde se nota la necesidad de avanzar hacia una modernización más profunda del Estado y del empleo público, que permita brindar las capacidades de gestión necesarias para sacar adelante los proyectos de inversión que se presupuestan.
Fuente: El Mercurio, Jueves 8 de Febrero de 2024
