DIARIO FINANCIERO – La actual crisis provocada por el Covid-19 se ha encargado de mostrar una serie de desigualdades del sistema que hemos creado como sociedad. La llegada del virus a comunas populares desnuda las falencias de dicho sistema y exige respuestas claras y directas del Gobierno.
Uno de los mejores ejemplos es Internet, la red que hoy forma parte de la vida de miles de millones de personas en el mundo. La Organización de Naciones Unidas declaró hace años el acceso a Internet como un derecho humano inalienable. Así, considera a la red como un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos humanos y en la lucha contra la desigualdad. Lamentablemente, mientras más exista desigualdad en el acceso efectivo, en la velocidad y en otros aspectos de esta red, más profunda es la brecha entre ricos y pobres en el mundo.
Con la pandemia, la vida digital se convirtió en un factor fundamental en la cotidianeidad del ser humano. E Internet ha demostrado ser fundamental para aspectos tan disímiles como el trabajo a distancia, la educación de los niños y niñas en la casa, o conseguir alimentos básicos para el hogar. Pero la calidad de los servicios no siempre es la adecuada.
A esto se agrega que, inexplicablemente, todavía no se implementa la Ley 21.046, que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de Internet. Según indica la normativa, será la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) la encargada de elaborar un reglamento fijando la normativa técnica que deben cumplir las empresas que entreguen este servicio. A pesar de que fue publicada a finales de 2017, la ley continúa sin dicho reglamento. Esto, por una razón muy concreta: la autoridad duda respecto del uso que debemos darle al espectro que tenemos aún disponible en nuestro país.
En mi opinión, es necesario acelerar el debate y que el Gobierno declare que Internet es un servicio público fundamental, donde el Estado —y no solamente el sector privado— debe garantizar el desarrollo de esta tecnología; que este desarrollo sea en todo el territorio nacional; asegurar su acceso a todo ciudadano o ciudadana; y garantizar, junto con el acceso, servicios de calidad, para que no exista una distorsión en cómo se integra un chileno o chilena a la sociedad de hoy.
A propósito de la crisis, el Gobierno planteó el Plan Solidario de Conectividad, cuyo principal motivo es ayudar a quienes no tienen recursos para seguir pagando los servicios. Iniciativa que según el Ejecutivo ayudará a tres millones de hogares y a más de siete millones de personas. Pero debemos ir más allá y declarar Internet como servicio público. Necesitamos hacerlo por una ley.
En la comisión de Transportes y Telecomunicaciones hemos iniciado este debate y llamamos a todos los sectores a sumarse a este esfuerzo. De esta manera entenderemos que los paradigmas con los que viviremos los próximos años respecto del acceso a Internet pueden y deben cambiar.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 16 de Abril de 2020
Internet como servicio público, por Juan Pablo Letelier
DIARIO FINANCIERO – La actual crisis provocada por el Covid-19 se ha encargado de mostrar una serie de desigualdades del sistema que hemos creado como sociedad. La llegada del virus a comunas populares desnuda las falencias de dicho sistema y exige respuestas claras y directas del Gobierno.
Uno de los mejores ejemplos es Internet, la red que hoy forma parte de la vida de miles de millones de personas en el mundo. La Organización de Naciones Unidas declaró hace años el acceso a Internet como un derecho humano inalienable. Así, considera a la red como un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos humanos y en la lucha contra la desigualdad. Lamentablemente, mientras más exista desigualdad en el acceso efectivo, en la velocidad y en otros aspectos de esta red, más profunda es la brecha entre ricos y pobres en el mundo.
Con la pandemia, la vida digital se convirtió en un factor fundamental en la cotidianeidad del ser humano. E Internet ha demostrado ser fundamental para aspectos tan disímiles como el trabajo a distancia, la educación de los niños y niñas en la casa, o conseguir alimentos básicos para el hogar. Pero la calidad de los servicios no siempre es la adecuada.
A esto se agrega que, inexplicablemente, todavía no se implementa la Ley 21.046, que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de Internet. Según indica la normativa, será la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) la encargada de elaborar un reglamento fijando la normativa técnica que deben cumplir las empresas que entreguen este servicio. A pesar de que fue publicada a finales de 2017, la ley continúa sin dicho reglamento. Esto, por una razón muy concreta: la autoridad duda respecto del uso que debemos darle al espectro que tenemos aún disponible en nuestro país.
En mi opinión, es necesario acelerar el debate y que el Gobierno declare que Internet es un servicio público fundamental, donde el Estado —y no solamente el sector privado— debe garantizar el desarrollo de esta tecnología; que este desarrollo sea en todo el territorio nacional; asegurar su acceso a todo ciudadano o ciudadana; y garantizar, junto con el acceso, servicios de calidad, para que no exista una distorsión en cómo se integra un chileno o chilena a la sociedad de hoy.
A propósito de la crisis, el Gobierno planteó el Plan Solidario de Conectividad, cuyo principal motivo es ayudar a quienes no tienen recursos para seguir pagando los servicios. Iniciativa que según el Ejecutivo ayudará a tres millones de hogares y a más de siete millones de personas. Pero debemos ir más allá y declarar Internet como servicio público. Necesitamos hacerlo por una ley.
En la comisión de Transportes y Telecomunicaciones hemos iniciado este debate y llamamos a todos los sectores a sumarse a este esfuerzo. De esta manera entenderemos que los paradigmas con los que viviremos los próximos años respecto del acceso a Internet pueden y deben cambiar.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 16 de Abril de 2020
