LA TERCERA – Estudio del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que encabeza el expresidente Eduardo Frei, plantea que esto requiere también un rol más activo del Estado, por ejemplo estandarizando las licitaciones y reduciendo burocracias.
De un lujo a una necesidad básica. Si hace diez años en el país había menos de 2 millones de conexiones fijas a internet de alta velocidad, a fines del año pasado esa cifra se acercaba a los 3,8 millones y ha seguido creciendo, principalmente por el boom del teletrabajo y la teleducación.
Sin embargo, el crecimiento ha contado con varias trabas. Una de ellas es la zonificación: hay comunas o sectores completos que no tienen acceso porque no están cableados. El desarrollo de esta infraestructura asoma hoy como un desafío clave, pero la inversión para materializarlo es bastante importante y los plazos, largos.
Es precisamente este el desafío que abordó el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que preside el expresidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y que organizó el diálogo “Internet para tod@s, ¿Cómo lograrlo?” en el que participaron los presidentes de la Fundación País Digital, Pelayo Covarrubias, y de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez; además del consejero del CPI y ex subsecretario de Telecomunicaciones Christian Nicolai y, las alcaldesas de La Pintana, Claudia Pizarro, y de María Pinto, Jessica Mualim.
Según un estudio elaborado por el CPI, la inversión estimada para llegar con internet domiciliario al 100% de la población urbana del país alcanza los US$25.000 millones, recursos que provendrían principalmente del sector privado. Así lo explicó Christian Nicolai, quien sostuvo que esta cifra se descompone en US$1.700 millones para cerrar la brecha de acceso en las localidades donde no hay servicio fijo ni móvil; US$5.500 millones en redes de fibra óptica para el 80% de los hogares; US$6.000 millones para expandir la red 4G existente, que aún tiene que crecer para llegar al 80% de la población; US$5.800 millones en redes de transporte y respaldo backbone, con el fin de asegurar calidad y niveles de servicio, y finalmente US$6.000 millones para sistemas radiantes y fibra óptica para despliegue de 5G.
El extimonel de Subtel agregó que, además de esto, se necesitarán algunos cambios normativos, como estandarizar las licitaciones, permisos y tiempos en los distintos municipios. “Es clave para que se materialicen las inversiones reducir la burocracia. Por ejemplo, tramitar la instalación de una torre de telecomunicaciones puede demorar hasta 20 meses”, indicó Nicolai.
Además, señaló que el internet debe tener el carácter de servicio público, entregando subsidios a sectores vulnerables, tal como ocurre con el agua potable. “Ello permitirá garantizar acceso y acelerar las inversiones. Se calcula que dar acceso a banda a una vivienda es entre US$100 a US$60″, agregó el exsbusecretario de Telecomunicaciones.
Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital, señaló que Chile debe avanzar hacia el cierre de las brechas digitales y que, en eso, el Estado tiene un rol importante.
“Uno de los primeros desafíos es incrementar la conectividad para toda la población, a través de políticas públicas y un marco regulatorio que fomente la inversión en infraestructura de conectividad. No debemos perder de vista que en Chile, dada su extensión territorial y la ubicación geográfica de algunas comunidades rurales, la inversión y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se vuelve compleja. Por ello, es importante que, a través de los reguladores de telecomunicaciones, se fortalezcan políticas públicas y marcos regulatorios que fomenten la inversión y despliegue de infraestructura que llegue a las comunidades más remotas del país”, aseguró Covarrubias.
Coincidió con esto el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y también exsbusecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, quien señaló que en Chile el 1% de la inversión en telecomunicaciones acumulada es realizada por el Estado, cifra similar a la de países como Guatemala, Honduras o Surinam.
Además, dijo que se da una desigualdad territorial, que explica que el 50% de todas las conexiones fijas estén sólo en la Región Metropolitana. “El 6,8% del territorio nacional concentra el 76% de los hogares con internet fija en el país. Lo que significa que el resto del territorio, el 93,2%, sólo tiene 24% de hogares con internet fijo en el Las tasas de penetración más bajas corresponden a las regiones de La Araucanía con 33%, Ñuble con 33,8% y Maule con 37,4%”, subrayó Ramírez.
Fuente: La Tercera, Martes 25 de Mayo de 2021
