LA TERCERA – Los autores, analizando la trayectoria económica y social de millones de personas en Estados Unidos, demuestran que el barrio en el que un niño o niña se desarrolla influye significativamente en sus oportunidades futuras. Si niños de nueve años, que pertenecen a familias de bajos ingresos y que viven en un barrio con alta concentración de pobreza, son trasladados junto a sus familias a un barrio de altos ingresos van a lograr cerrar la brecha de ingresos entre ambos barrios en un 50% a la edad de 26 años. Los barrios que generan mayores oportunidades para familias vulnerables son aquellos que tienen menores grados de segregación urbana, menor desigualdad económica, bajas tasas de crimen, buenas escuelas y una proporción alta de familias con presencia de ambos padres.
Para promover la inclusión de familias vulnerables en barrios de mayores ingresos es necesario reformar las políticas públicas en vivienda y urbanismo. Los altos grados de segregación social que muestran las ciudades chilenas se debe, en parte, a que los gobiernos de las últimas décadas han concentrado sus esfuerzos en programas de subsidios habitacionales, que conllevan incentivos para construir conjuntos de viviendas sociales densos y socialmente homogéneos en suelo barato, usualmente localizados en la periferia de las zonas urbanas.
La Comisión 20/60 de la Fundación TECHO-Chile, en la que participé, propuso lineamientos para una política pública comprometida con la integración social. En ella se sugiere un Estado más activo en el uso de regulaciones que establezcan cuotas de viviendas subsidiadas en proyectos inmobiliarios ubicados en zonas bien localizadas, a cambio de beneficios urbanísticos -como mayor densidad y altura-, así como también en la adquisición de suelo privado bien emplazado y en el uso preferente de suelo público para viviendas sociales.
Las reformas sugeridas proponen un cambio profundo respecto de cómo el Estado ha entendido su rol en el ámbito de la vivienda y urbanismo en las últimas décadas. Es necesario pasar desde un Estado que incentive la construcción privada de viviendas sociales, a uno que asegure la adecuada localización de éstas, para así generar mayor equidad y movilidad social en la ciudad.
Fuente: La Tercera, miércoles 19 de diciembre de 2018
