EL MERCURIO – Ya en 2015, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, advertía un fenómeno que se venía dando desde 2010: la escasez y disminución de las lluvias de forma sostenida, “en la década más cálida de los últimos 100 años”.
El episodio fue calificado como “megasequía” y según Catalina Flores, de la Dirección Meteorológica de Chile, continúa hasta hoy, “afectando de forma casi ininterrumpida, a buena parte del territorio chileno”.
Para enfrentar dicho fenómeno, Patricio González, agroclimatólogo de la U. de Talca, considera urgente avanzar en la Ley Marco de Cambio Climático, que el Ministerio de Medio Ambiente comprometió para agosto.
“Actualmente, las iniciativas en este ámbito nacen de la buena voluntad, pero no del imperativo de la ley. Eso nos ha ido atrasando y volviendo cada vez más vulnerables”, opina. “En el secano costero del Maule, por ejemplo, todas las napas se han agotado y se está abasteciendo con camiones aljibe, lo que es un gravamen para los municipios de pocos recursos”, añade.
Así, plantea que es necesario crear mecanismos que permitan aprovechar el agua de mejor manera: “Se han hecho esfuerzos paliativos, como generar proyectos de riego, pero falta una política global de gestión del agua”.
Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, asegura que en Chile hay “42 oficinas distintas que tienen competencias en materia de agua, entonces se produce mucha superposición e ineficiencia en la administración”.
Ante ello, la agencia desarrolló un acuerdo voluntario —que ha sido firmado por seis comunidades— que involucra “desde juntas de vecinos hasta grandes empresas sanitarias” que tengan relación con una cuenca determinada. Con ese modelo, la agencia pretende “establecer ciertos estándares para la gobernanza de la cuenca” y así optimizar los recursos.
Calderón apunta a que se debe reforzar la institucionalidad en materia de aguas. “La fiscalización por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, por ejemplo, es relativamente débil en relación con las necesidades de ordenamiento”, plantea el abogado. “Más allá de la aplicación de todas las medidas que sobre la base de la normativa actual se puedan implementar, hay un problema estructural”, dice.
En octubre pasado, la Dirección General de Aguas estableció un plazo de un año y medio para recabar información de los caudales de todo el país, para lo que se instalarán 36 mil puntos de medición.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 05 de Junio de 2019
Institucionalidad débil y mala gestión del recurso aparecen como pendientes
EL MERCURIO – Ya en 2015, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, advertía un fenómeno que se venía dando desde 2010: la escasez y disminución de las lluvias de forma sostenida, “en la década más cálida de los últimos 100 años”.
El episodio fue calificado como “megasequía” y según Catalina Flores, de la Dirección Meteorológica de Chile, continúa hasta hoy, “afectando de forma casi ininterrumpida, a buena parte del territorio chileno”.
Para enfrentar dicho fenómeno, Patricio González, agroclimatólogo de la U. de Talca, considera urgente avanzar en la Ley Marco de Cambio Climático, que el Ministerio de Medio Ambiente comprometió para agosto.
“Actualmente, las iniciativas en este ámbito nacen de la buena voluntad, pero no del imperativo de la ley. Eso nos ha ido atrasando y volviendo cada vez más vulnerables”, opina. “En el secano costero del Maule, por ejemplo, todas las napas se han agotado y se está abasteciendo con camiones aljibe, lo que es un gravamen para los municipios de pocos recursos”, añade.
Así, plantea que es necesario crear mecanismos que permitan aprovechar el agua de mejor manera: “Se han hecho esfuerzos paliativos, como generar proyectos de riego, pero falta una política global de gestión del agua”.
Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, asegura que en Chile hay “42 oficinas distintas que tienen competencias en materia de agua, entonces se produce mucha superposición e ineficiencia en la administración”.
Ante ello, la agencia desarrolló un acuerdo voluntario —que ha sido firmado por seis comunidades— que involucra “desde juntas de vecinos hasta grandes empresas sanitarias” que tengan relación con una cuenca determinada. Con ese modelo, la agencia pretende “establecer ciertos estándares para la gobernanza de la cuenca” y así optimizar los recursos.
Calderón apunta a que se debe reforzar la institucionalidad en materia de aguas. “La fiscalización por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, por ejemplo, es relativamente débil en relación con las necesidades de ordenamiento”, plantea el abogado. “Más allá de la aplicación de todas las medidas que sobre la base de la normativa actual se puedan implementar, hay un problema estructural”, dice.
En octubre pasado, la Dirección General de Aguas estableció un plazo de un año y medio para recabar información de los caudales de todo el país, para lo que se instalarán 36 mil puntos de medición.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 05 de Junio de 2019
