EL MERCURIO – Quince son los primeros macrolotes en los que ya se inició el proceso de licitación pública por parte del Ministerio de Bienes Nacionales ¿Su destino?, proyectos de generación de energía renovable no convencional (ERNC).
Se trata del Plan de Licitaciones de terrenos fiscales lanzado en 2018 por el gobierno, que cuenta con doce terrenos distribuidos en el norte del país, que a su vez se subdividen en 30 macrolotes disponibles para este tipo de iniciativas. En su conjunto, estas locaciones suman más de 8.800 hectáreas que serán entregadas a través de una concesión onerosa.
En una primera etapa, la cartera liderada por el ministro Felipe Ward, puso a disposición de las empresas la mitad de estos terrenos, unas 4.300 hectáreas, dando inicio a este concurso público que, en esta parte del proceso, busca recaudar hasta $2.000 millones al año (unos US$ 3 millones) por concepto de renta.
“Pusimos a disposición de varios proyectos el territorio fiscal, y en las regiones del norte, donde encontramos ventajas competitivas respecto a las energía eólica y solar, hay mucho terreno disponible y mucho proyecto interesado en participar en procesos de licitaciones. Esto se realizará siempre de aquí en adelante a través de licitaciones públicas, es por eso que ya existen algunos procesos iniciando”, explicó el ministro Ward.
Se trata de concursos públicos, en los que postulan distintos proyectos, y los terrenos son finalmente asignados a aquellos interesados que presentan los mayores niveles de inversión y que implican una mayor recaudación para el Fisco.
“Antiguamente el proceso se terminaba con una asignación directa, por lo que este cambio implica mayor transparencia para todos de que las decisiones están basadas en un proceso que es público. No significa que antes hubiese corrupción per se , pero claramente era menos transparente y le entregaba señales incorrectas a quienes participaban, porque los incentivos eran distintos”, sostiene Ward.
Respecto a los primeros terrenos cuyas bases ya fueron publicadas, estos se encuentran en las regiones de Antofagasta y Atacama, y su apertura de ofertas se realizará en junio de este año. La elección de estas locaciones se debe a que ya ha habido empresas que han mostrado interés por desarrollar iniciativas en estos lugares, y de adjudicarse los paños podrán dar inicio al estudio y posterior construcción de las iniciativas.
Empresas piden mayores plazos
Sólo durante el último ejercicio los proyectos fotovoltaicos en evaluación ambiental fueron 50, equivalentes a 771,6 MW y US$ 791 millones. Mientras las iniciativas eólicas ingresadas en el año 2018 son 8 proyectos, equivalentes a 1065,10 MW y unos US$ 2.179 millones.
Estas cifras demuestran el interés que hay en el país por desarrollar este tipo de proyectos. Sin embargo, las condiciones del mercado han llevado a las empresas a solicitar una extensión en los plazos que entrega el Ejecutivo para la implementación de las inversiones.
En este sentido, existe un total de 118 empresas que se han acogido a la orden ministerial número 1, que permite ampliar los plazos para el inicio de proyectos energéticos. De esta total, en 2018 se concluyó con 31 solicitudes, donde el mayor número se concentra en proyectos de energía solar fotovoltaico, que producirán una potencia proyectada de 1.287 MW.
“La orden del 2017 entrega un plazo adicional a las empresas para los procesos de estudio, construcción y puesta en marcha. Para el primero se extendió el plazo de 3 a 10 años, porque como las condiciones de mercado han cambiado, hubo mucho menos interesados para desarrollar este tipo de proyectos, por lo que me parece que es una medida positiva de manera de entregar un incentivo para que las empresas participen de la diversificación de la matriz energética”, sostuvo el ministro Felipe Ward.
“No significa que antes hubiese corrupción per se, pero claramente era menos transparente y le entregaba señales incorrectas a quienes participaban”.
Felipe Ward
Ministro de Bienes Nacionales
Ver artículo
Fuente: El Mercurio, martes 22 de enero de 2019
Inician licitación de terrenos fiscales por más de 8.000 hectáreas para proyectos de energía
EL MERCURIO – Quince son los primeros macrolotes en los que ya se inició el proceso de licitación pública por parte del Ministerio de Bienes Nacionales ¿Su destino?, proyectos de generación de energía renovable no convencional (ERNC).
Se trata del Plan de Licitaciones de terrenos fiscales lanzado en 2018 por el gobierno, que cuenta con doce terrenos distribuidos en el norte del país, que a su vez se subdividen en 30 macrolotes disponibles para este tipo de iniciativas. En su conjunto, estas locaciones suman más de 8.800 hectáreas que serán entregadas a través de una concesión onerosa.
En una primera etapa, la cartera liderada por el ministro Felipe Ward, puso a disposición de las empresas la mitad de estos terrenos, unas 4.300 hectáreas, dando inicio a este concurso público que, en esta parte del proceso, busca recaudar hasta $2.000 millones al año (unos US$ 3 millones) por concepto de renta.
“Pusimos a disposición de varios proyectos el territorio fiscal, y en las regiones del norte, donde encontramos ventajas competitivas respecto a las energía eólica y solar, hay mucho terreno disponible y mucho proyecto interesado en participar en procesos de licitaciones. Esto se realizará siempre de aquí en adelante a través de licitaciones públicas, es por eso que ya existen algunos procesos iniciando”, explicó el ministro Ward.
Se trata de concursos públicos, en los que postulan distintos proyectos, y los terrenos son finalmente asignados a aquellos interesados que presentan los mayores niveles de inversión y que implican una mayor recaudación para el Fisco.
“Antiguamente el proceso se terminaba con una asignación directa, por lo que este cambio implica mayor transparencia para todos de que las decisiones están basadas en un proceso que es público. No significa que antes hubiese corrupción per se , pero claramente era menos transparente y le entregaba señales incorrectas a quienes participaban, porque los incentivos eran distintos”, sostiene Ward.
Respecto a los primeros terrenos cuyas bases ya fueron publicadas, estos se encuentran en las regiones de Antofagasta y Atacama, y su apertura de ofertas se realizará en junio de este año. La elección de estas locaciones se debe a que ya ha habido empresas que han mostrado interés por desarrollar iniciativas en estos lugares, y de adjudicarse los paños podrán dar inicio al estudio y posterior construcción de las iniciativas.
Empresas piden mayores plazos
Sólo durante el último ejercicio los proyectos fotovoltaicos en evaluación ambiental fueron 50, equivalentes a 771,6 MW y US$ 791 millones. Mientras las iniciativas eólicas ingresadas en el año 2018 son 8 proyectos, equivalentes a 1065,10 MW y unos US$ 2.179 millones.
Estas cifras demuestran el interés que hay en el país por desarrollar este tipo de proyectos. Sin embargo, las condiciones del mercado han llevado a las empresas a solicitar una extensión en los plazos que entrega el Ejecutivo para la implementación de las inversiones.
En este sentido, existe un total de 118 empresas que se han acogido a la orden ministerial número 1, que permite ampliar los plazos para el inicio de proyectos energéticos. De esta total, en 2018 se concluyó con 31 solicitudes, donde el mayor número se concentra en proyectos de energía solar fotovoltaico, que producirán una potencia proyectada de 1.287 MW.
“La orden del 2017 entrega un plazo adicional a las empresas para los procesos de estudio, construcción y puesta en marcha. Para el primero se extendió el plazo de 3 a 10 años, porque como las condiciones de mercado han cambiado, hubo mucho menos interesados para desarrollar este tipo de proyectos, por lo que me parece que es una medida positiva de manera de entregar un incentivo para que las empresas participen de la diversificación de la matriz energética”, sostuvo el ministro Felipe Ward.
“No significa que antes hubiese corrupción per se, pero claramente era menos transparente y le entregaba señales incorrectas a quienes participaban”.
Felipe Ward
Ministro de Bienes Nacionales
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Fuente: El Mercurio, martes 22 de enero de 2019
