LA TERCERA – Estamos convencidos de que desde la infraestructura se pueden abordar problemas como el desempleo, se generan las bases para incentivar inversiones privadas que tengan una proyección productiva importante, se activan nuevas oportunidades y se da respuesta a las justas demandas de la comunidad por más y mejores servicios.
Una expresión de las políticas en este campo es el nivel de inversión que se destina a esta actividad. Es por ello que el CPI realizó una segunda medición de la inversión efectiva materializada desde el 2005 en adelante.
Una primera conclusión de este trabajo es que Chile invierte del orden del 2,7% de su PIB en infraestructura pública, sea a través del presupuesto público o del sistema de concesiones. En América Latina, sólo México invierte menos que Chile.
Si a la inversión pública se le agrega la que realizan los privados en infraestructura de uso público se llega a una cifra cercana al 4% del PIB, muy lejos de la meta que debiéramos proponernos: 6,5% del PIB. Ésta corresponde a lo que países a los que queremos parecernos invertían cuando tenían nuestro ingreso per cápita.
El monto de la inversión con recursos públicos en infraestructura mantiene una gran estabilidad en relación al PIB (2,5%). Esta cifra, que habla muy bien del manejo de las finanzas públicas y de la macroeconomía, es un reflejo de la falta de convicción del rol de la infraestructura en el proceso de desarrollo.
Esto es aún más expresivo en la inversión a través del sistema de concesiones, la que no representa más de un 0,2% del PIB en promedio, aunque con una gran variabilidad. En efecto, el comportamiento de esta depende casi exclusivamente de los proyectos que se hayan licitado en años previos y estos, a su vez, de la disponibilidad de iniciativas privadas que se hayan presentado para su licitación y de relicitaciones de proyectos en su segunda generación.
Esta realidad difiere de lo sucedido hasta el 2005, donde los proyectos que se licitaban correspondían a una visión de modernización de la infraestructura nacional liderada por el Estado, alcanzando niveles equivalentes a los de la inversión pública.
Por su parte, el sector privado constituye un soporte importante para la expansión de nuestra capacidad productiva. La inversión promedio de este en los sectores energético, sanitario, telecomunicaciones y portuario ha sido del orden de los 3,9 mil millones de dólares anuales, cerca del 1,3% del PIB.
Como se puede apreciar, el esfuerzo de inversión que hay que hacer en el campo de la infraestructura es importante pero no imposible. Si bien es poco probable que la realizada con recursos públicos aumente más allá de la tendencia histórica, sí es razonable pensar en una expansión más decidida de la privada, a través de concesiones y en los sectores privatizados. Para ello se requiere un nivel de cooperación público privado mucho más intenso que el que ha habido en los últimos años.
Las señales son muy positivas porque lo hemos hecho, porque existe la capacidad en cada uno de los sectores, porque el país lo necesita, porque están los recursos y porque las autoridades así lo han manifestado. Ahora, es responsabilidad del gobierno liderar este proceso en todas sus áreas para lo cual somos unos convencidos que existe la mejor disposición.
Fuente: La Tercera, Jueves 28 de Julio de 2022
