ESTRATEGIA – La gestión de residuos sólidos domiciliarios en Chile enfrenta un desafío crítico que impacta el medio ambiente, la salud y calidad de vida de millones de personas. Según el último informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en 2022 el país generó más de ocho millones de toneladas de residuos domiciliarios y similares.
La falta de infraestructura adecuada para su disposición y tratamiento compromete la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades, especialmente en regiones donde la recolección y disposición final son insuficientes o inexistentes.
Aunque en el país, el 86% de los residuos generados se deposita en instalaciones que cumplen con el Decreto Supremo N° 189, el 14% restante termina en vertederos y basurales irregulares. Estos sitios, lejos de ser una solución, se convierten en focos de contaminación que perjudican la salud pública en las comunidades cercanas.
Además, en los vertederos y basurales se generan emisiones de metano, un gas con un gran impacto en el cambio climático, debido a la descomposición de residuos orgánicos (que representan entre el 30% y el 50% de los residuos).
En las regiones extremas o rurales, la situación es crítica. La falta de depósitos adecuados obliga a las autoridades locales a adoptar soluciones temporales y a menudo ineficientes. Por ejemplo, en la Región de La Araucanía, la mitad de los desechos se transporta a la Región del Biobío, donde se dispone en un vertedero en Mulchén y un relleno sanitario en Los Ángeles. Otro caso es el de la Municipalidad de Ancud, cuyos camiones recorren más de 1.200 kilómetros para llevar sus residuos hasta a un relleno sanitario también en Los Ángeles.
Esta crisis sanitaria y ambiental se agrava año tras año, y plantea la necesidad de una política nacional que promueva la construcción y modernización de instalaciones de disposición final, con una prioridad en la protección de la salud pública. Los rellenos sanitarios, que actualmente representan solo el 33% de los sitios de disposición, necesitan ser ampliados y equipados con tecnología que minimice sus impactos.
La planificación a nivel nacional debe incluir también infraestructuras para la valorización de residuos, como plantas de reciclaje y centros de compostaje que permitan transformar los residuos en recursos útiles. Estas instalaciones generan beneficios económicos y sociales para las comunidades al crear empleos y fomentar una economía circular.
El éxito de cualquier infraestructura de gestión de residuos depende, en gran medida, del compromiso de la ciudadanía. La separación de residuos en el hogar y el reciclaje son prácticas que deben integrarse en la vida cotidiana de cada ciudadano para que el sistema funcione eficazmente. Las políticas públicas deben estar acompañadas de campañas de sensibilización y educación ambiental.
Finalmente, Chile necesita un cambio estructural en su modelo de gestión de residuos para proteger la salud pública, mejorar la calidad de vida de su población y promover un desarrollo sostenible. Con un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía, podemos avanzar hacia un modelo de economía circular, para un país seguro y saludable. Invertir en la gestión de residuos es invertir en la calidad de vida de sus habitantes; una responsabilidad compartida que puede ser una fuente de bienestar para todos.
Pedro Palominos,
Director de City Lab de la U. de Santiago
Consejero del CPI
Fuente: Estrategia, Lunes 11 de Noviembre de 2024
