DIARIO FINANCIERO – La calidad crediticia y por consiguiente las decisiones de inversión en materia de infraestructura podrían verse afectadas durante este 2023 en un contexto de altas tasas de interés, una inflación aún muy marcada y bajo crecimiento en la actividad económica.
A eso es lo que apunta a grandes rasgos la clasificadora de riesgos Moody’s en su estudio “El panorama para las empresas de infraestructura de América Latina en 2023”, en el que además se detallan los sectores que se verían más golpeados.
El análisis que hace Moody’s abarca cinco grandes riesgos que afectarían la rentabilidad de los proyectos y con ello su clasificación crediticia. Esto, sin perjuicio de la ampliación que hace sobre las situaciones particulares en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México.
Los riesgos y sectores
En el análisis se mencionan los riesgos políticos persistentes en varias de las economías de latinoamérica, pero, también el menor crecimiento y la alta inflación que impactaría sobre todo en los sectores ligados a la demanda.
Bajo esta lógica, Daniela Cuan, vicepresidenta y analista senior de Moody’s explicó que “los sectores basados en la demanda, como las autopistas de peaje y la electricidad, tendrán una expansión más lenta en 2023, debido a un menor crecimiento del PIB, y mientras que los realineamientos geopolíticos sigan manteniendo la volatilidad de los precios de los commodities y los de energía sigan siendo altos”.
Se apunta además al efecto de las altas tasas de interés en el aumento de los costos de endeudamiento y la desconfianza empresarial que pasaría factura retrasando la financiación de nuevos proyectos.
Esto es importante porque da cuenta de la dificultad que tendrán que sortear las empresas del rubro para conseguir recursos que permitan respaldar sus planes, considerando además que estas grandes inversiones privadas en infraestructura vienen, en su mayoría, apalancadas por la emisión de deuda.
“Si bien las presiones inflacionarias comenzarán a disminuir lentamente, la incertidumbre sobre políticas públicas que enfrentará la región seguirá siendo un riesgo clave para las empresas de servicios públicos, ya que los gobiernos se preocupan por la asequibilidad de los clientes y las tensiones sociales”, complementó.
Respecto de las energías renovables, Moody’s considera que las inversiones y las mejoras de las redes en el sector energético dominarán la agenda a medida que los gobiernos de América Latina impulsan una diversificación de sus políticas energéticas para la transición del carbón, particularmente en asociaciones público-privadas, “aunque el ritmo para el desarrollo de nueva infraestructura requerirá una mejora sustancial de las condiciones del mercado”, precisa el documento.
Por el lado del empresariado, la visión es casi la misma. Para Giuseppe Angelucci, presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), el sector energía será el menos afectado, mientras que el relacionado a vivienda e inmobiliario pasarían resentir más el efecto.
En líneas generales comentó que si bien la inversión en infraestructura se ha recuperado respecto de la pandemia, “no es muy optimista” sobre su evolución para este año.
“Los gastos derivados de la atención de la salud entre 2020-2021 limitaron la posibilidad de fondos públicos para la inversión en infraestructura, luego de eso el encarecimiento de los proyectos por la inflación y las dificultades de aprovisionamiento también conspiran contra la viabilidad de muchos de ellos”, dijo.
Análisis por país
Además de los elementos que pasarían a afectar a nivel macro, la agencia también enumera una serie de variables internas de cada país que podrían sumar una cuota más al desafiante contexto que atraviesa la infraestructura.
Respecto de México, la clasificadora advierte que los precios más altos del gas y las tarifas de electricidad más bajas pasarán la cuenta las empresas del sector.
“La Comisión Federal de Electricidad está en estrés, con menor demanda y retrasos en las transferencias federales extraordinarias para compensar mayores costos de generación”, dice el reporte, que en paralelo destaca que la mejora en las relaciones con los países del norte podría compensar el impacto dadas las mejora del ánimo de los inversionistas.
En Perú la situación es más compleja, advierte. La convulsión social en medio de una presidencia inestable como la de Dina Boluarte “pondría a prueba la resiliencia operativa de los activos en infraestructura”.
Para Chile el pronóstico no es favorable. Además de las advertencias de los efectos del proceso constitucional en curso, Moody’s hace énfasis en deficiencias estructurales. Por un lado, señala que “las malas condiciones hidroeléctricas corren riesgo de ejercer más presión sobre las empresas de servicios públicos”, mientras que por otro ve que “la expansión de la línea de transmisión no es suficiente para mitigar los riesgos de 2023”.
En tanto, los temas regulatorios serán los que presionarán a Colombia. Eso dice el informe que señala que además de los retrasos de los ajustes para la recuperación de costos, los impuestos más altos disminuirán la generación de efectivo para las empresas de servicios públicos”.
Brasil en tanto, vería mayor incertidumbre dada por la llegada del nuevo gobierno sobre todo porque “el cambio de política coloca a los servicios públicos de riesgo en el centro de atención en las próximas revisiones de tarifas y renovaciones”. A esto se le sumaría que las condiciones macroeconómicas presionarían las métricas crediticias y la llegada de inversión.
La inestabilidad política y económica serán los dos grandes desafíos de Argentina. Y es que “las elecciones presidenciales retrasarán aún más la recuperación de costos para los servicios públicos, y la capacidad del gobierno para mantener los subsidios ejercerá una mayor presión sobre la producción de energía”.
Fuente: Diario Financiero, Lunes 27 de Febrero de 2023
