COOPERATIVA – A propósito del rechazo del proyecto Dominga es importante reiterar que Chile tiene vocación minera y la seguirá teniendo, tal como ha planteado la ministra de Medio Ambiente. Es a partir de esta actividad -y de otras riquezas- que podremos incorporar nuevos desarrollos tecnológicos en prospecciones, en energías y en nuevos productos que nos permitan aumentar nuestra participación en los mercados mundiales.
Para una adecuada explotación de estos recursos es fundamental contar con la infraestructura que permita acceder a las zonas de mayor riqueza, explotar los yacimientos con energías limpias, proveer de agua, comunicarse digitalmente con los centros de operación, trasladar los productos hasta los lugares de exportación y embarcarlos de manera segura. Con todo, estas inversiones necesarias requieren adecuarse a las exigencias ambientales en miras a que el país sea carbono neutral a 2050.
Potenciar la minería con la debida contribución a las comunidades del entorno, respetando el medio ambiente y sustentabilidad, requiere de una comprometida acción del Estado en la dotación de infraestructura y servicios que permitan optimizar la producción. Hasta ahora -salvo en lo relacionada con Codelco-, el desarrollo del sector ha dependido en buena medida de la capacidad de los privados de proveerse de esos servicios. Así, para explotar una mina, las compañías más grandes deben edificar sus caminos, contar con suministro de agua (en las que en los últimos tiempos ha prevalecido la desalinización), acceder a la red eléctrica y emplazar sus propios puertos.
Si el Estado no está en condiciones de dotar a la actividad productiva de infraestructura para operar y ser competitiva, deberá al menos, regular las formas en que los privados deben dotarse de los servicios. Es importante que los inversionistas, a la hora de evaluar los proyectos, sepan con certeza qué deben hacer y qué les aporta el Estado, lo que debe ser conocido anticipadamente.
Como primer paso, esto debería reflejarse en las estrategias de desarrollo regionales, en los planes de ordenamiento territorial y, para el caso de los puertos, en el ordenamiento del borde costero. Esto permitiría definir qué zonas están reservadas a la seguridad nacional, dónde se pueden emplazar los puertos, qué se debe hacer para facilitar la actividad, dónde se podrían instalar plantas desalinizadoras y qué medidas se deben adoptar para evitar impactos ambientales.
Esto debería ir acompañado de una “política portuaria”, que regule la funcionalidad de los puertos privados que operan en base a una concesión marítima. Algo similar debería ocurrir con las plantas desalinizadoras, con el argumento adicional de que el agua es considerada un “bien nacional de uso público”. El ordenamiento territorial y las regulaciones permitirían abrir oportunidades que hoy se vislumbran como muy complejas, pues no hay señales claras sobre las áreas que se podrían desarrollar productivamente.
Fuente: Cooperativa, Domingo 22 de Enero de 2023
