EL MERCURIO – Representantes del Consejo Minero y de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) rechazaron el proyecto de ley que busca regular el uso de agua de mar para desalinización en medio de un escenario de escasez hídrica que ha elevado la utilización de este proceso para faenas mineras. La moción fue despachada en agosto por la comisión especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. El proyecto ingresó a principios del 2018 con el patrocinio de los senadores Adriana Muñoz (PPD), Isabel Allende (PS), Alejandro Guillier (Independiente), Felipe Harboe (PPD) y Jorge Pizarro (DC).
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que la iniciativa se basa en una “errada tesis jurídica”, ya que les entrega la propiedad del agua desalada a todos los habitantes del país y no a quien la procesó, asimilándose a una expropiación. “Se podría limitar su extracción, pero nunca disponer del agua desalada. Además, dado que el agua de mar es, para todos los efectos prácticos, de disponibilidad ilimitada, nunca tendría sentido limitar su extracción”, detalló.
La gerenta de Desarrollo de la Sonami, María Cristina Betancourt, agregó que “esta iniciativa se constituye en una nueva fuente de incertidumbre que no ayuda a la certeza jurídica necesaria para que se puedan materializar proyectos que permitan un mayor desarrollo del sector minero y, con ello, del país”.
Si bien ambos gremios reconocieron las buenas intenciones del proyecto para favorecer el consumo humano de agua en un escenario de escasez, Betancourt indicó que “tal como está hasta ahora, no vemos que esto se cumpla, pues existen demasiadas ambigüedades”. Esto, afirmó, porque no especifica cuándo y cómo se debe compartir la producción de agua desalada.
La iniciativa también inquieta al Gobierno. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, afirmó que “nos parece que es importante revisar el proyecto, para que los incentivos para hacer las inversiones estén”.
La moción cataloga al agua desalada como bien nacional de uso público (BNUP). Esto es, que su dominio y uso pertenezcan a todos los habitantes de la nación. El senador Felipe Harboe explicó que si se va a crear una desaladora del Estado o una alianza público-privada (vía concesión marítima, figura que requieren hoy estas plantas), debe haber un mecanismo en virtud del cual se pueda usar esa agua para fines productivos, pero sin un régimen jurídico privatizado. La senadora Adriana Muñoz aclaró que “queremos darle un estatuto jurídico más particular al proceso de construcción, gestión y, también, del modelo de negocios. Esto no significa que los dueños van a perder la inversión, sino que siempre, en última instancia, el agua desalada es un BNUP”. Así se busca dejar estipulada la opción de “compartir” la producción y sus excedentes.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 04 de Septiembre de 2019
Industria minera cuestiona moción sobre uso de agua de mar para desalinización
EL MERCURIO – Representantes del Consejo Minero y de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) rechazaron el proyecto de ley que busca regular el uso de agua de mar para desalinización en medio de un escenario de escasez hídrica que ha elevado la utilización de este proceso para faenas mineras. La moción fue despachada en agosto por la comisión especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. El proyecto ingresó a principios del 2018 con el patrocinio de los senadores Adriana Muñoz (PPD), Isabel Allende (PS), Alejandro Guillier (Independiente), Felipe Harboe (PPD) y Jorge Pizarro (DC).
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que la iniciativa se basa en una “errada tesis jurídica”, ya que les entrega la propiedad del agua desalada a todos los habitantes del país y no a quien la procesó, asimilándose a una expropiación. “Se podría limitar su extracción, pero nunca disponer del agua desalada. Además, dado que el agua de mar es, para todos los efectos prácticos, de disponibilidad ilimitada, nunca tendría sentido limitar su extracción”, detalló.
La gerenta de Desarrollo de la Sonami, María Cristina Betancourt, agregó que “esta iniciativa se constituye en una nueva fuente de incertidumbre que no ayuda a la certeza jurídica necesaria para que se puedan materializar proyectos que permitan un mayor desarrollo del sector minero y, con ello, del país”.
Si bien ambos gremios reconocieron las buenas intenciones del proyecto para favorecer el consumo humano de agua en un escenario de escasez, Betancourt indicó que “tal como está hasta ahora, no vemos que esto se cumpla, pues existen demasiadas ambigüedades”. Esto, afirmó, porque no especifica cuándo y cómo se debe compartir la producción de agua desalada.
La iniciativa también inquieta al Gobierno. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, afirmó que “nos parece que es importante revisar el proyecto, para que los incentivos para hacer las inversiones estén”.
La moción cataloga al agua desalada como bien nacional de uso público (BNUP). Esto es, que su dominio y uso pertenezcan a todos los habitantes de la nación. El senador Felipe Harboe explicó que si se va a crear una desaladora del Estado o una alianza público-privada (vía concesión marítima, figura que requieren hoy estas plantas), debe haber un mecanismo en virtud del cual se pueda usar esa agua para fines productivos, pero sin un régimen jurídico privatizado. La senadora Adriana Muñoz aclaró que “queremos darle un estatuto jurídico más particular al proceso de construcción, gestión y, también, del modelo de negocios. Esto no significa que los dueños van a perder la inversión, sino que siempre, en última instancia, el agua desalada es un BNUP”. Así se busca dejar estipulada la opción de “compartir” la producción y sus excedentes.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 04 de Septiembre de 2019
