DIARIO EL DÍA – Este lunes, en Santiago, sesionó la comisión la Obras Públicas del Senado, en la cual, se analizó el futuro del hospital de La Serena, instancia en la que el senador Sergio Gahona, aseguró que la decisión de sacar adelante esta iniciativa está en manos del Ministerio de Hacienda y del Presidente Gabriel Boric.
En este contexto, uno de los hechos que llamó la atención dice relación con los plazos que debería cumplir la empresa Acciona para evitar caer en incumplimiento del contrato, siendo uno de ellos, el 3 de diciembre, cuando la compañía deba llevar al menos el 15% de las obras.
Al respecto, el delegado presidencial regional Galo Luna, aclaró que si bien es una materia que se está revisando, el retraso en los tiempos no “compromete el proyecto”, ya que hay voluntad de ambas partes.
En ese sentido, informó que el compromiso más importante, que sí era causal de incumplimiento grave y término de contrato, ya se cumplió. “Se trata del capital que debía entregar la empresa, y que se hizo. Fueron casi 18 millones de euros -20 millones de dólares- que es una cifra importante, con la que la firma concurrió con su obligación, y eso da cuenta de que se están haciendo los esfuerzos”, detalló.
“En este proceso hay que esperar las negociaciones. Yo creo que estamos todos encima. Lo dijo la ministra: la voluntad del Presidente es que el hospital se comience a construir lo antes posible, y yo creo que se están haciendo todos los esfuerzos para que eso ocurra, así que queda esperar. Pero queremos dar la certeza de que se está trabajando intensamente para poder iniciar obras lo antes posible”, recalcó.
En esa línea, puntualizó que “el contrato sigue vigente y eso también hay que aclararlo, y se sigue adelante con el proyecto de los 125.000 m2. Eso no está en discusión, son 120.000 m2 que se están adecuando para mayor cabida a la atención de pacientes, sobre todo pediátricos, y 5.000 m2 más, que se van a adosar, donde también están consideradas las instalaciones oncológicas”, detalló.
“Se está yendo por un buen camino y hay que continuar a la espera para poder materializar este proyecto pronto”, enfatizó Luna.
¿EN QUÉ CASOS SE PODRÍA INVOCAR EL TÉRMINO DE CONTRATO?
Para María José Lira, abogada experta en derecho administrativo y académica de la Universidad Central Región de Coquimbo,la invocación podría aplicarse en todos los contratos, pero especialmente en los que suscribe el Estado en materia de construcción de obras, en los que, a medida que se van cumpliendo los plazos, se va pagando.
“Las obras tienen un plazo de ejecución y eso se establece en el contrato, en las bases de la licitación y también en el acuerdo mismo, y frente a incumplimientos, la administración tiene la posibilidad de aplicar sanciones, que sean multas, hacer efectiva la boleta de garantía, o dependiendo de lo que se haya establecido en las bases, el término anticipado del mismo por incumplimiento de parte del ejecutor”, sostuvo.
Sin embargo, en este caso puntual del hospital de La Serena, en el que hay un plazo establecido para tener determinado porcentaje de avance, a juicio de la académica sería difícil de cumplir. “Aquí, más allá del hecho previamente tal, hay que ver la razón de aquello, porque toda sanción o término del contrato, requiere de una decisión fundamentada y se sanciona un procedimiento sancionatorio previo”, sostuvo.
En esa línea, si se produce algún incumplimiento cuya causa sea ajena a la voluntad del contratista – que puede ser un hecho fortuito, una fuerza mayor o un desastre natural, y no algo en base a un incumplimiento propiamente tal – no podría configurarse como tal.
“En el mismo sentido, los contratos permiten modificaciones. Ya sea en el monto o de acuerdo a un porcentaje que se establece en las bases, también permiten modificaciones de plazos, y ahí habrá que hacer los actos administrativos pertinentes para aumentarlos o disminuirlos dependiendo de cómo vaya ocurriendo la obra”, añadió.
Por otro lado, la abogada explicó que en caso de que, efectivamente, el Estado declarara el término del contrato de manera anticipada por un eventual incumplimiento, la empresa podría ejercer acciones legales para resarcir el daño causado, vale decir, una indemnización por perjuicios, un proceso que incluso podría durar varios años en su tramitación por la vía civil.
Fuente: Diario El Día, Miércoles 03 de Abril de 2024
