ESTRATEGIA – A poco terminar el primer cuarto de este siglo XXI, la dependencia de la electricidad es cada vez más crítica para el funcionamiento de sociedades enteras. Los cortes de energía durante eventos climáticos adversos, tales como temporales no solo interrumpen nuestras actividades cotidianas, sino que también plantean cuestionamientos sobre la distribución de la responsabilidad entre las entidades públicas y las empresas privadas encargadas de la provisión de este servicio. Los datos son categóricos, 1,2 millones de hogares vieron suspendidos sus servicios eléctricos el pasado 2 de agosto, manteniéndose sin suministro eléctrico hasta cuatro días después, más de 400 mil hogares (Fuente, SEC).
En condiciones normales, estas empresas deben operar con el personal exigido para dar continuidad a su servicio. Sin embargo, durante fenómenos climáticos extremos, las redes eléctricas claramente enfrentan desafíos adicionales que pueden resultar en cortes de luz prolongados y las empresas deben operar con los equipos de emergencia exigidos ante la magnitud del daño. En tal contexto ¿quién debe asumir la carga de la responsabilidad ciudadana frente a estas interrupciones?
Desde la perspectiva pública, los gobiernos deben garantizar el bienestar de sus ciudadanos creando políticas que fortalezcan la infraestructura eléctrica junto con políticas que mitiguen las consecuencias de eventos climáticos adversos. No obstante, debido a restricciones presupuestarias o ineficiencias burocráticas, los gobiernos no realizan las inversiones necesarias.
En tanto, las empresas eléctricas deben asumir también sus responsabilidades. Es cierto que no pueden controlar el clima; sin embargo, sí son responsables de prevenir fallos tanto en la construcción de la infraestructura como en el desarrollo de planes que permitan una respuesta rápida y eficiente ante la ocurrencia de emergencias. La falta de mantenimiento preventivo o la ineficiencia operativa contribuye a la incapacidad de restaurar rápidamente el servicio tras un temporal, con los altos costos que esto representa para la ciudadanía y diversas operaciones productivas.
No cabe duda de que existe una responsabilidad compartida. La falta de información expedita hacia la ciudadanía sobre el tiempo de reposición del suministro eléctrico provoca costos, confusión y desconfianza entre los ciudadanos y probablemente el más importante costo reputacional hacia las empresas como hacia la institucionalidad pública sectorial, siendo esta última la más afectada por la característica de proveedor único de las primeras.
En el contexto de la responsabilidad institucional es necesaria la creación de políticas integradas que promuevan la resiliencia del sistema eléctrico. Esto implica no solo fortalecer la infraestructura física, sino también mejorar la cooperación entre los actores públicos y privados. Un modelo de gobernanza colaborativa podría dar lugar a un enfoque más holístico en la gestión de este tipo de hechos, en los que la planificación conjunta y el manejo de crisis sean parte de sus pilares fundamentales.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
Fuente: Estrategia, Jueves 08 de Agosto de 2024
