EL MERCURIO – El progreso social y económico alcanzado por nuestro país plantea a la industria inmobiliaria la necesidad de actualizar sus prácticas y de contribuir activamente a la construcción de acuerdos que promuevan el desarrollo urbano y la calidad de vida en las ciudades.
Este es un desafío tan ineludible como urgente y que, tal como lo hemos sostenido en otras oportunidades, demanda abordar una multiplicidad de aspectos.
En primer lugar, las empresas inmobiliarias -parte central de nuestro gremio- tienen que preocuparse de dar plenas garantías de que todas sus acciones se apegan estrictamente a la legalidad vigente. En este contexto, transparencia y trazabilidad de esas acciones resultan imprescindibles, así como evitar cualquier actuación que pueda ser considerada de borde. El cumplimiento de la ley es básico para la vida en sociedad y la materialización de los proyectos de inversión y todos, sin excepción, debemos velar por que así ocurra.
Asimismo, y mediante un trabajo público-privado, debiera perfeccionarse la actual normativa para evitar problemas de interpretación y acciones discrecionales, que terminan por afectar a los desarrolladores inmobiliarios, las autoridades y a la propia comunidad. Cabe destacar que ya iniciamos un trabajo de identificación de estos aspectos, conversando con autoridades, especialistas y organizaciones ciudadanas, y haremos propuestas concretas en tanto sea posible.
También estamos conscientes de que la ley es un mínimo obligatorio. Por ende, si las empresas del sector aspiran a tener una gestión más sostenible, deben elevar su desempeño para, por ejemplo, mejorar su inserción en el entorno urbano y su vinculación con las comunidades.
Este proceso ya está en marcha, aunque con resultados dispares, pues algunas empresas han avanzado bastante más que otras. De ahí que hayamos constituido grupos de trabajo que revisarán las mejores prácticas de la industria y recomendarán criterios concretos para que nuestros socios apliquen en las etapas de concepción de los proyectos, tramitación de los permisos, ejecución de las obras, relación con los clientes y posventa.
Otro aspecto clave es la planificación urbana. Un adecuado ordenamiento territorial es la base para un desarrollo urbano sostenible y la calidad de vida en las ciudades.
Por eso los planes reguladores comunales e intercomunales deben estar permanentemente actualizados -contemplando aspectos como la demanda por viviendas y equipamiento para el mediano y largo plazo, así como la localización y las características de la densificación requerida- y ser resultado de una participación ciudadana temprana, amplia e informada. Esto daría mayor legitimidad a estos instrumentos y más certezas para todos.
Por último, es necesario impulsar un programa de fortalecimiento de las direcciones de obras municipales, en especial de aquellas donde se tramitan más proyectos. Parte de este reforzamiento pasa por acelerar la puesta en marcha del plan “DOM en Línea”, que nació en nuestro gremio y que crea una plataforma digital -a disposición de todas las comunas del país- para la tramitación de anteproyectos y permisos de edificación.
El gran desafío que hoy enfrentamos como sociedad es pasar del conflicto a las soluciones.
No hay que olvidar que, por ejemplo, solo para satisfacer la demanda habitacional en el Gran Santiago se requieren unas 35.000 viviendas nuevas al año, sin incluir las necesidades de la población migrante, que también deben ser atendidas. Y 35.000 viviendas nuevas al año significan unas 100 viviendas nuevas al día. Algo así como un edificio nuevo cada 24 horas.
Es responsabilidad de las autoridades, la sociedad civil y las empresas trabajar unidas para acordar dónde y cómo generar esta oferta, a precios accesibles y que, al mismo tiempo, contribuya a elevar la calidad de vida de las ciudades en su conjunto. Como gremio, nos ofrecemos desde ya a apoyar esta labor y así generar un nuevo trato urbano, que haga de nuestras ciudades espacios de encuentro, satisfacción y desarrollo para todos.
Sergio Torretti
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción
Fuente: El Mercurio, Jueves 25 de enero de 2018
