LA TERCERA – Una de las personas que lideraron gran parte del proceso de licitación de Transantiago fue el ex ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo, quien se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2017. El ex jefe de la cartera afirmó que la decisión del gobierno podría tener altos costos y aseguró que “no existen razones de fondo” que la respalden.
¿Cómo evalúa la decisión del gobierno de declarar desierta la licitación?
Es un despropósito y una mala noticia para los usuarios. La licitación estaba a punto de salir. Habían postulado empresas internacionales y nacionales. Garantizaba la renovación del 50% de la flota, la introducción de 90 buses eléctricos y otra serie de mejoras. No considero que el gobierno del Presidente Piñera haya presentado una razón de peso para cancelar esta licitación.
Uno de los argumentos del gobierno es que el proceso fue improvisado y que hay recursos judiciales en curso que podían perjudicarlo…
Están absolutamente equivocados. Fue un trabajo de casi tres años, se dejaron siete meses de consulta ciudadana, las bases fueron puestas para consulta pública y aprobadas por Contraloría. Hubo escollos con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero se levantó la medida precautoria. Nada asegura que una nueva licitación no tendrá los mismos problemas. Estos procesos siempre van a estar cuestionados, siempre van a intentar judicializarlos aquellos que pierden. Hay que recordar que aquí hay muchos a quienes les interesa que esto se retrase, particularmente algunos de los operadores existentes.
¿Cuáles podrían ser los costos de esta decisión?
La única opción que veo es extender los contratos actuales, con el costo que eso implica. Porque a diferencia de una licitación donde hay una cosa competitiva que establece el precio, esta será una negociación con los actuales operadores y las autoridades tendrán que pagar caro por eso.
¿Se podría haber evitado esto si se hubiera avanzado más rápido durante el gobierno anterior?
Se avanzó lo más rápido posible. Hay quienes creen que se comenzó tarde, pero se trabajó muy intensamente. Se hizo un trabajo serio y se llevó a cabo la licitación. El gobierno actual podría haber adjudicado los contratos la semana pasada.
Han surgido críticas que apuntan, por ejemplo, a que los contratos no tenían los incentivos correctos.
Esa crítica es desconocer los detalles de cómo opera el sistema hoy día. Los nuevos contratos dan un riesgo de demanda mayor a los contratos actuales. El riesgo de demanda que enfrentan realmente las empresas hoy en día es alrededor de un 30%, y lo que nosotros proponíamos era un riesgo de demanda de un 35%.
Otra crítica apunta a que la licitación favorecía a los operadores antiguos por contar con terminales.
También son argumentos falaces, porque muchas de las terminales actuales son arrendadas y hay terrenos disponibles para nuevas terminales. Tenerlas no es una ventaja tan grande como algunos creen, prueba de ello es que varios operadores nuevos e internacionales postularon al sistema.
¿Cómo explica la decisión?
No hay razones de fondo, salvo que la ministra haya escuchado opiniones de personas que no conocen el sistema. Ninguna de esas críticas es válida ni de peso como para tomar una medida tan trascendental como es hacer borrón y cuenta nueva. Me parece que es improvisado y con malos argumentos. Los afectados son los usuarios, que ven postergada la mejora en el sistema.
Fuente: La Tercera, Martes 20 de marzo de 2018
