TRADE NEWS – La tramitación del proyecto de ley que crea los Consejos Hídricos de Cuencas está siendo impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa y está llamado a ser uno de los cambios estructurales más relevantes de las últimas décadas en la gobernanza del agua. Esto, pues se conforman, por primera vez, organismos que buscan ser deliberativos y participativos.
No obstante, hoy es sólo un proyecto de Ley, aunque desde el Gobierno, se trabaja en implementar pilotos.
El miembro del Consejo de Política de Infraestructura (CPI), Gabriel Caldes, recordó que el Estado ha realizado varios intentos similares de poner en marcha estas instituciones en años anteriores, pero no llegaron a puerto. Entre las causas por las que que no prosperaron, estuvieron la carencia de normas que regularan su existencia y la falta de incentivos a la participación.
Entonces ¿Por qué podrían resultar ahora, si tampoco existe ley y su promulgación puede demorar 5, 10 o más años, como sucedió con la reforma al Código de Aguas?
El miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Gabriel Caldes, dijo que parte importante de la respuesta está en el contexto actual del país de “transición” política, social y ambiental que propicia cambios para enfrentar nuevos requerimientos ambientales como la adaptación al cambio climático, la falta de recursos hídricos, la ocurrencia de inundaciones o bien requerimientos políticos como la nueva Constitución o la participación de las comunidades en el diseño de políticas públicas. Lo anterior está dibujando un nuevo escenario que marcará el futuro del sector, creando percepciones de amenazas para algunos, expectativas u oportunidades para otros.
Al respecto, el director del Centro Eula de la UdeC, Ricardo Barra, dijo que es importante que se vaya avanzando en una institucionalidad más robusta para el agua en Chile, “y sin duda la gestión de cuencas es una de ellas”.
Capacidad productiva en juego
Por otra parte, el representante del CPI, Gabriel Caldes, planteó que las nuevas leyes y las políticas públicas ambientales también presionan a los distintos sectores del país, incluido el de los recursos hídricos, a desarrollar nuevas capacidades de gestión.
“De no ser así, nos exponemos a escasez hídrica, a la degradación de los acuíferos y a la disminución de la productividad, todo acompañado de serios conflictos sociales, ambientales y económicos”.
Lo positivo, añadió, es que existe cierto consenso entre el Estado, la mayoría de los actores del agua, la academia e incluso algunas ONGs, que se requiere una gestión integrada y participativa de los recursos hídricos en las cuencas.
“Esta visión se alinea con las recomendaciones de la ciencia y de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, lo que da fundamento teórico y político a la existencia de estas organizaciones”.
Para Caldes, otro aspecto relevante, se refiere al tipo de organismo que se pretende poner en marcha. El modelo que se diseñará no está predeterminado desde el nivel central, por el contrario, será construido en regiones con la participación de los propios actores y los nuevos Gobiernos Regionales. El aval de los Gores no debería entenderse como “tutelaje”, sino que como un soporte o “formalización” institucional hasta la promulgación de la ley que crea los Consejos de Cuenca definitivos.
“Se deben vencer algunos desacuerdos, la percepción de amenazas y las desconfianzas entre los actores y entre lo público y privado. Lo importante es poner el interés del bien común y ambiental antes de los corporativos”.
La profesora investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD, Camila Boettiger, recordó que a la fecha es sólo una idea, de ahí el esfuerzo por enviar un proyecto de Ley, con la finalidad de dar participación a todos los usuarios del recurso de una cuenca determinada, más allá de las Juntas de Vigilancia, lo que supone sentar a todos los actores públicos y privados en una mesa para avanzar en las definiciones.
“Los alcances están por verse, ya que falta el diseño y la articulación de facultades y atribuciones que tienen otros organismos en materia de agua, no sólo los titulares de derechos, que son los que utilizan el recurso para distintas actividades, sino también las reparticiones públicas que tienen facultad en temas de agua, como municipalidades, ministerio de Obras Públicas, así como usuarios como las juntas de vigilancia. De ahí la importancia de los pilotos que se pondrán en marcha para ver cómo pueden funcionar organismos de este tipo dentro del actual escenario, que es bastante disperso. Habrá que ver qué saldrá del Congreso, si van a tener una función consultiva o simplemente de consejo frente a autoridades, o van a tomar decisiones vinculantes, por ejemplo. También está el tema de la conformación, es decir, el porcentaje de representatividad que tengan los distintos actores”.
El mayor desafío, dijo Camila Boettiger, será compatibilizar las actuales instancias e infraestructura existentes en las cuencas más intervenidas, con este ideal de participación de todos los actores en la toma de decisiones que afecta la gestión del recurso hídrico.
“Para que sea integrada, debe levantarse información actualizada sobre los usos y recurso disponible, así como ver cómo se configurará esta gestión y quién la ejecutaría. Este es un modelo que se piensa hace tiempo, pero es necesario que se adapte a la realidad de cada país, y en el caso de Chile, es bastante compleja.
Desafíos
El académico de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la USS, Ricardo Saavedra, estimó que la generación de los consejos hídricos de cuencas es una medida acertada ya que esta herramienta favorece la interdisciplina, permitiendo establecer relaciones entre todos los actores involucrados en la gestión del agua de un territorio, tales como, las instituciones gubernamentales, las comunidades locales y las empresas. Esto favorece la participación ciudadana y promueve la integración de diversas perspectivas en la toma de decisiones relacionadas con el agua, lo cual resulta fundamental para la gestión y la preservación de los recursos hídricos.
En cuanto a los desafíos, sostuvo que “es necesario que los consejos hídricos cuenten con un marco normativo claro, con el fin de regular posibles conflictos de interés, y con los recursos financieros y técnicos adecuados para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente. La falta de fondos y capacitaciones podrían afectar la capacidad de implementar proyectos. Es importante también que exista una buena disponibilidad de datos. La falta de información real puede debilitar la gestión, es importante hacer hincapié en construir un buen sistema de monitoreo para favorecer la toma de decisiones. Finalmente, es relevante asegurar que todos los actores tengan una representatividad equitativa y desarrollar protocolos que promuevan la transparencia en la toma de decisiones y en las acciones a desarrollar”.
Fuente: Trade News, Martes 08 de Agosto de 2023
