EL MERCURIO – Menos lluvias que infiltran los suelos, menos nieve de reserva en la cordillera y temperaturas más altas son algunos de los signos del cambio climático global que están generando situaciones críticas de escasez de agua en la zona central y norte de Chile.
Ante ese escenario, el Gobierno definió una estrategia de corto y mediano plazo que comprende varias medidas para garantizar la “seguridad hídrica” e iniciar planes de gestión del recurso en las cuencas, partiendo por las más críticas del país.
La política, que comienza a implementar el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), contempla evaluar las cuencas, crear reservas de aguas subterráneas para consumo humano; intervenciones para reducir extracciones en zonas sobreexplotadas; compra de derechos de aguas e incluso la expropiación de los mismos para consumo humano.
Según explica el director de la DGA, Óscar Cristi, “el foco es la seguridad hídrica, entendida como poder acceder al agua en cantidad y calidad para el consumo humano, para actividades del crecimiento económico y también para la provisión de bienes y servicios ambientales”.
Sobreexplotación por exceso de derechos
El desafío es complejo en un panorama de cambio climático, remarca Cristi, porque a ello se suma la “sobreexplotación” de los recursos hídricos. Esta sobreexplotación, señala, tiene como primera causa el “sobreotorgamiento de derechos: hay más derechos de aguas entregados que la disponibilidad de agua”.
Esta situación afecta las aguas superficiales, pero además impacta la sustentabilidad en aguas subterráneas, donde no debiese extraerse más de la recarga que ha ido disminuyendo por las menores precipitaciones.
Actualmente, explica Cristi, existen cuencas críticas. “Copiapó es un caso extremo, pero también estamos empezando a detectar en la Región de Valparaíso situaciones de sobreexplotación de recursos”. Ahí Petorca es un caso que está bajo estudio técnico, dice, pero además hay otros dos lugares donde se evalúa técnicamente la existencia de sobreexplotación, que mantiene en reserva, cuyos resultados se esperan para fin de mes.
El director de la DGA destaca que en enero se aprobó una norma que permite al organismo intervenir y exigir que se reduzcan los niveles de extracción.
Del mismo modo, por ley el Estado puede expropiar derechos solo para consumo humano. “No se ha hecho lo de expropiar derechos de agua, pero estamos decididos a hacerlo porque es una norma que establece el Código (de Aguas) y es la gestión que tenemos que hacer para consumo humano”, dice Cristi.
Precisa que es una medida más extrema y se aplica con base técnica y cuando el Estado no logra comprar derechos para garantizar ese acceso al agua.
Se buscará evitar casos como el de Petorca, “que nos reventó en la cara y empezamos a hacer planificación sobre la marcha”. Por eso, la idea es adelantarse a la escasez con planes de manejo de cuencas, poniendo el foco primero en el consumo humano.
En el plazo de un año y medio, la DGA espera contar con estudios de todas las cuencas del país, lo que implica realizar modelaciones hidrológica e hidrogeológica de los recursos que revelan cuánta agua hay y las conexiones entre el agua superficial y los acuíferos subterráneos.
Entre las medidas, se buscará mejorar la información sobre recursos hídricos disponibles. Con este fin se está iniciando un sistema de control que va a cubrir 36 mil puntos de medición a lo largo del país.
Se buscará la recuperación de acuíferos en zonas críticas por la vía de reducir extracciones y con proyectos de infiltración que es una recarga artificial, donde ya existen algunas experiencias en Copiapó y en Aconcagua.
Crear por ley un panel de expertos
Otra de las medidas prioritarias es introducir cambios al Código de Aguas, que data de 1981, para dar más transparencia al mercado de compraventa y arriendos de derechos.
Además, explica, esa normativa se centra en aguas superficiales, sin considerar la importancia que hoy tienen las aguas subterráneas y su explotación. Ahí, una de las innovaciones es la creación por ley de un panel de expertos, de perfil técnico e independiente, que apoye a la DGA en la gestión.
Según explica Cristi, hoy existen zonas de prohibición, donde no se puede entregar ningún tipo de derechos (ver mapa) y se están revisando las zonas de restricción, donde hace años no se otorgan derechos, las que en los próximos meses incrementarán las zonas de prohibición.
Un paso clave, dice, es incentivar la constitución de organizaciones de usuarios, especialmente en aguas subterráneas, para que apoyen el control de las extracciones ilegales y cuiden el recurso. Ello permite distribuir el uso cuando hay escasez, tal como está ocurriendo ahora en Aconcagua. Mientras, en la fiscalización para detectar extracción, se incorporará más tecnología satelital y el uso drones.
Fuente: El Mercurio, Marte 16 de octubre de 2018
