PULSO – En una resolución publicada este lunes 16 de mayo, el director (s) de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, Cristian Núñez, exigió a los propietarios de derechos de aguas superficiales del Río Aconcagua -principalmente agricultores- remitir, en un plazo máximo de 15 días, un acuerdo de redistribución “y asegurar que (…), entre todos los usuarios de la cuenca, prevalezcan los usos para el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia”.
Esta es la primera vez que el gobierno aplica dicha prerrogativa, la que fue incorporada en la reforma al Código de Aguas -publicada el pasado 6 de abril- y cuyo artículo 314 señala que, en zonas con declaratoria de escasez hídrica, la DGA podrá exigir a las Juntas de Vigilancia -administradoras de los derechos de agua- “la presentación de un acuerdo de redistribución, dentro del plazo de quince días corridos contado desde la declaratoria de escasez”.
En este caso, el servicio exigió a los regantes que el convenio a presentar debe permitir la recarga del embalse Los Aromos –que abastece al Gran Valparaíso y al litoral norte de la región- para que alcance, al 1 de septiembre, los 25,38 millones de m3 de agua que se necesitan para garantizar la continuidad del servicio. Este martes, según la DGA, la represa alcanzaba los 8,053 millones.
Asimismo, el acuerdo tiene que disponer caudales específicos para el funcionamiento de cuatro plantas de agua potable de la sanitaria Esval: 300 l/s en la instalación de Los Andes, 1.350 l/s en la de Las Vegas, 70 l/s en la de La Cruz y 3.000 l/s en la bocatoma de la planta de tratamiento de Concón.
Si no cumplen con lo establecido, la DGA podría “ordenar el cumplimiento de las medidas necesarias para que, con la dotación que les corresponda por la aplicación del acuerdo de redistribución, los prestadores de servicios sanitarios reciban el caudal o los volúmenes requeridos para garantizar el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, pudiendo además disponer la suspensión de las atribuciones de las Juntas de Vigilancia”.
El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, advirtió, la semana pasada, que de existir racionamiento “habrá una intervención del Estado que priorizará el consumo humano”. Y que la situación era “muy crítica”, porque no hay consenso en la Mesa del Aconcagua -que integran el gobierno, Esval y los agricultores- para definir cuánta agua dejarán de extraer del río.
“El acuerdo no se alcanza, porque no hay avances en los compromisos que toma el Estado de Chile en las soluciones de fondo. No hay avance en obras, ni en un plan tarifario que separe consumo humano de uso industrial o recreacional del agua, no se exigen mejoras en eficiencia a Esval (…). Tampoco se habla de reúso ni de desalinización. Solo se endosa el problema a las Juntas de Vigilancia”, reclama Javier Crasemann, presidente de la organización en la primera sección del río (Los Andes-San Felipe).
Crasemann además destaca que la DGA ya dictó tres resoluciones de redistribución en marzo, que los ha obligado a disminuir el riego de sus plantaciones, y que con estas nuevas exigencias “gran parte del agua superficial del Río Aconcagua irá para Esval. Todo para la zona urbana, afectando a las zonas rurales. ¿Dónde está la equidad en esta medida? Parece una resolución hecha para y por la sanitaria, en desmedro de la gente de campo y de la agricultura familiar campesina, que también son parte de esta región”.
Por su parte, Alejandro Salas, gerente regional de Esval, señala que “confiamos en poder llegar a un acuerdo que nos permita sostener el suministro. Estamos conscientes del esfuerzo que supone para los regantes este acuerdo temporal (…). Reiteramos, como siempre, nuestro llamado a un uso responsable del recurso”.
“Evitar el racionamiento y asegurar el consumo humano para más de un millón de personas del Gran Valparaíso y litoral norte es fundamental ante la grave crisis hídrica que afecta a la región” indicó el ejecutivo, y aseguró que en la última década la empresa ha intensificado las inversiones, destinando más de $100.000 millones sólo en la cuenca del Aconcagua, ”y sin aumentar la demanda de agua, pese al crecimiento de la población”.
Fuente: Pulso, Martes 17 de Mayo de 2022
