LA TERCERA – En las últimas semanas se dio a conocer una preocupante cifra en materia de gestión de recursos hídricos en Chile: 1.431.162 personas residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos (agua potable y/o baño), lo que equivale al 8% de la población total del país (Casen, 2017).
La escasez de agua en Chile no sólo afecta al consumo de agua potable y saneamiento, sino que también al desarrollo de actividades económicas, como es el caso del sector agropecuario, industrial y minero.
Somos una nación rica en recursos hídricos. De acuerdo con el Atlas del Agua de Chile, la escorrentía (volumen de agua procedente de las precipitaciones que escurren por los cauces) per cápita del país es de cerca de 51.000 m3/persona/año. Este valor supera con creces la media mundial (6.600 m3/persona/año) y el umbral para el desarrollo sustentable definido por el Banco Mundial (2.000 m3/persona/año).
Ahora bien, cuando se analizan las cifras por región, se evidencia una heterogeneidad preocupante. Mientras en la macrozona austral, la escorrentía per cápita es mayor a 2.300.000 m3/persona/año, en la norte apenas supera los 500 m3/persona/año.
A este escenario hídrico del país, se le añaden dos ingredientes adicionales: la creciente demanda de agua y el cambio climático. El primero de estos es propio del desarrollo demográfico y económico, presentándose un mayor uso tanto para consumo personal como productivo.
El segundo, comprende la disminución de pluviosidad en hasta 30% durante los próximos 30 años para el caso de Chile (Unesco, 2015) y con lluvias concentradas en menores períodos de tiempo, lo que se ve reflejado en una menor disponibilidad de agua.
Estos antecedentes son más que suficientes para concluir sobre la necesidad de fortalecer una política de Estado en gestión de recursos hídricos. Esta debe hacerse cargo de los principales desafíos del país: asegurar agua potable y saneamiento a toda la población, fomentar la eficiencia hídrica en el desarrollo productivo de las actividades que requieren de este recurso, proteger a la población e infraestructura de los eventos naturales de origen hidro-metereológico y apoyar la sustentabilidad de las cuencas hídricas.
La respectiva política pública debe enmarcarse en un sistema de información que permita conocer y proyectar la demanda y oferta de agua en cada región del país. En base a esto, se pueden determinar los requerimientos hídricos por cuenca y definir los planes de aprovechamiento.
Otro eje relevante para la eficiente gestión de agua, es la generación de un programa estratégico de inversiones en obras de infraestructura por cuenca, el que debe contemplar tanto sistemas de acumulación de agua (superficial: embalses y subterránea: infiltración) como de distribución en el territorio.
Este plan debe ser integrado con una política efectiva de financiamiento y tarificación por el uso de la infraestructura hídrica, que incentive la innovación para mejorar la gestión del uso del agua.
Los desafíos que enfrenta Chile en esta materia son impostergables. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para reducir el déficit y mitigar de manera preventiva los impactos del cambio climático. Para ello, es fundamental contar con una política país que promueva la eficiente gestión y racionalización de los preciados recursos hídricos.
Fuente: La Tercera, Miércoles 14 de noviembre de 2018
