LA TERCERA – La semana pasada TECHO Chile dio a conocer el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, informe bianual que realiza desde 2001, dando cuenta de que la cifra de éstos se había incrementado en 33,1% respecto de la medición anterior (2020-2021), llegando a 1.290 distribuidos a lo largo del país, que abarcan 113.887 hogares, 39,5% más que el último catastro. De igual manera señala que si bien el 45,7% de los campamentos se formaron entre el 2010 y 2020, el hecho que el 14,6% haya surgido en los últimos dos años alerta sobre un problema que se agudiza, si consideramos que en 2011 el número de familias que vivía en campamentos se aproximaba a las 27.000. Lejos estamos de la tendencia observada hasta el 2005 cuando el número decrecía, y la sensación era que la dura realidad de los campamentos sería resuelta en el corto plazo.
Sin perjuicio del gran desafío que las cifras plantean al país, y de las diferencias que se perciben con los datos entregados hace pocos meses por el Minvu, es el trasfondo de vulnerabilidad de estas familias el que impone especial urgencia. No solo porque muchas llegan a esa condición a causa del incremento de la cesantía derivada de las restricciones impuestas por el Covid o de los efectos de la desaceleración económica, sino porque en muchos casos son víctimas de quienes han desarrollado negocios ilegales en tomas. Además, enfrentan condiciones mínimas de habitabilidad, carencia de servicios básicos, dificultades de acceso y emplazamientos en zonas de riesgo no debidamente apreciados, que agravan la situación y comprometen la seguridad y el normal desarrollo de esas familias.
De igual manera, una situación especial que contribuye al aumento experimentando en los últimos años y que requiere especial atención es la incidencia del flujo migratorio, donde el Catastro de Techo releva que en cinco regiones el número de familias de origen extranjero en campamentos excede del 40%, destacando especialmente la de Antofagasta donde esa tasa es superior al 72%.
Este escenario explica en parte el problema de déficit de 654.000 viviendas que existe en el país que se pretende enfrentar con el Plan de Emergencia Habitacional del actual gobierno. Éste busca alcanzar la construcción de 260.000 viviendas nuevas durante el cuatrienio, de las cuales, según el ministro de Vivienda y Urbanismo, se han entregado 39.000, 136.000 están en construcción y 52.000 no han comenzado, pero ya tienen definido su financiamiento. Dentro de este plan, las líneas de trabajo en relación a la erradicación de los campamentos son fundamentales.
A la luz de lo anterior, es importante darle celeridad al proyecto que se discute en el Congreso, aprobado recientemente en la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, que busca facilitar la ejecución del referido plan, y una mejor coordinación interministerial. Pero también anticiparse a los instrumentos con que el país continuará abordando a futuro esta situación, considerando que ha habido un incremento del 9% anual en el déficit de viviendas en los últimos años, porque de no revertirse situaciones como el bajo crecimiento económico y el irregular proceso migratorio vivido por el país, el crítico panorama tenderá a mantenerse.
Fuente: La Tercera, Jueves 23 de Marzo de 2023
