EL MERCURIO – Hace algunas semanas y producto de la disponibilidad al diálogo de las diferentes empresas a cargo de la administración de las autopistas concesionadas del Estado, organizadas bajo el alero de Copsa, conocimos la buena noticia de la implementación del programa “Chile Sin Barreras”, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En simple, la iniciativa permitirá, en una primera etapa, la instalación de un sistema de telepeajes en las 16 plazas de las autopistas que circundan la capital, permitiendo un tránsito sin detención por pago.
Posteriormente, la medida se ampliará a todo el país.
Desde el punto de vista de las autopistas concesionadas, este anuncio introducirá tecnología que modernizará el sistema de cobro a los más de 5 millones de vehículos registrados en Chile y que, por volumen, hada poco eficiente seguir haciéndolo en forma manual.
Sin embargo, también introduce importantes desafíos en cuanto a la adopción de sistemas computacionales de monitoreo, el cobro que se hará a nuevos usuarios esporádicos que entran o salgan de Santiago una o dos veces al mes e incluso, la masificación del tag, entre otros.
Un dato relevante en este punto es que, solo en Santiago, el uso de este dispositivo no supera el 70% de los usuarios. Por lo mismo es que en una primera etapa se mantendrán casetas manuales para quienes no cuenten con este dispositivo, pero la idea es que en el futuro desaparezcan por completo.
PROMOVER EL DESARROLLO
En línea con el MOP, en Copsa estamos enfocados en desarrollar y promover infraestructura que esté al servicio de las personas. Somos conscientes que este debe ser el fin último que promueva el desarrollo y, para ello, el Estado cuenta con nuestro más irrestricto apoyo y compromiso.
Un país que crece es un país que indudablemente requiere de más y mejores inversiones en materia de infraestructura a fin de ir siempre de la mano lo adelante) de las demandas que se van generando. De lo contrario, escenas de estrechez en nuestras vías, congestiones fuera de lo común o derechamente tacos como los que se ven a diario en algunas autopistas se vuelven parte de un lamentable paisaje.
De acuerdo a cifras oficiales, cada año se incorporan al parque automotriz unos 400 mil vehículos, lo que contrasta con la baja inversión de recursos públicos para infraestructura observada en los últimos años. Chile nos comienza a quedar chico y son los usuarios los que deben pagar el costo de aquello.
Por lo mismo, celebramos la incorporación del programa ‘Chile Sin Barreras”, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a tomar conciencia de las debilidades que presenta la actual red vial. De acuerdo a cifras entregadas por la Cámara Chilena de la Construcción en su último informe sobre Infraestructura Critica para el Desarrollo, se estima en US $174.505 millones las inversiones necesarias para el periodo 2018-2027 donde una de las áreas más críticas es la vialidad urbana, superando los USD 60.000 millones.
REAL IMPACTO
En este sentido y para que un programa tan valioso como “Chile Sin Barreras” tenga un real y tangible impacto para las personas, es fundamental que el Estado, a través del MOP, logre revertir las cifras anteriores impulsando iniciativas como terceras pistas en las autopistas actuales y carreteras costeras que permitan engrosar el país, además de impulsar acciones que desincentiven efectivamente el uso del automóvil como medio de transporte básico de las personas.
En este sentido destacan algunos anuncios como las nuevas líneas de la red de Metro, mejoras a los sistemas de transporte público y la creación de redes de trenes interurbanos y teleféricos, entre otros.
Hoy estamos en un punto muy importante en materia de infraestructura. Si bien el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha dado grandes muestras de estar apuntando en la dirección correcta para revertir los escenarios de estrechez, creemos que es necesario ir aún más allá y empezar de una vez por todas a mirar este tipo de inversiones en su dimensión social más allá de la económica.
Más carreteras, más infraestructura, mejor transporte público y mayor redundancia en nuestras vías serán sinónimo inequlvoco de mejor calidad de vida para las personas, mayor dinamismo económico, más seguridad vial y, en definitiva, usuarios satisfechos con lo que el Estado les puede ofrecer a través de las inversiones que planifica y encarga a los privados bajo el exitoso esquema de concesiones.
Fuente: El Mercurio, Lunes 09 de julio de 2018
