El MERCURIO – La iniciativa de crear un fondo de infraestructura tiene un cariz eminentemente constructivo, pero hay aspectos que suscitan dudas y resguardos que conviene adoptar para asegurar su cometido.
El fondo es en realidad una empresa pública creada por ley, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la infraestructura nacional, invirtiéndolo o financiando proyectos de esa naturaleza, elaborando estudios y pudiendo constituir empresas coligadas con esos objetivos. Tendrá un directorio semiindependiente y accionistas que representan a los ministerios, por lo que -desde ese punto de vista- tendrá un carácter tanto o más político que otras empresas del Estado.
Al optar por este camino, el Estado parece posponer la reforma y modernización del Ministerio de Obras públicas para que pudiera alcanzar los objetivos que pretende el fondo. Los recursos iniciales para esta iniciativa provendrían del traspaso de las concesiones cuyos contratos terminan, manteniendo sus peajes, en vez de reducirlos, como alguna vez se prometió. La valoración de los flujos futuros de ingresos de las concesiones que terminan alcanzaría hoy a unos US$ 9.000 millones, y serían los recursos iniciales de esta empresa. Pero ese cálculo no se hace cargo de la posibilidad de que los usuarios vayan a protestar su deben seguir pagando lo mismo por concesiones que ya se encuentran amortizadas y no han sido mejoradas en dos décadas. Eso puede llevar a tener que destinar una parte menor de esos recursos a optimizar el estándar de las concesiones que terminan.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 17 de enero de 2018
