PULSO – A partir de este esfuerzo, pondrían darse señales en otras áreas. Concentrar esfuerzos en la infraestructura urbana -junto a los municipios- permitiría mostrar a los sectores más vulnerables -que evidenciaron su malestar a partir del estallido social- que se les ha escuchado, y que el Estado se ocupará de los largamente postergados déficits urbanos.
Una de las grandes innovaciones que han tenido lugar durante la pandemia es la creación del Fondo COVID. Este instrumento, que dispondrá de US$ 12 mil millones, dará al gobierno flexibilidad suficiente para enfrentar los desafíos de minimizar el impacto de la crisis en el ingreso de las personas, disminuir al máximo posible el efecto paralización en las empresas y estimular la recuperación económica, cuando llegue el momento de abrir la economía nuevamente.
La reactivación económica no será, por cierto, un proceso automático, tal como vemos en países que nos llevan la delantera en el ciclo pandémico. La caída en las exportaciones -resultado de la menor actividad de los mercados mundiales, pero también, de las medidas de control interno adoptadas y de la sequía que nos afecta- tardará en recobrarse. En el mismo pie está el turismo, una de las actividades más sensibles a las restricciones impuestas a los viajes. La disminución del poder adquisitivo de las personas, como consecuencia de la menor actividad y el desempleo, tendrá como agravante adicional una mayor cautela de los consumidores, lo que mantendrá una demanda interna por consumo relativamente baja.
Para dinamizar la economía, el gobierno debiera proponerse algunas medidas orientadas a estimular el consumo interno y, para esto, la fórmula más efectiva es incentivar el empleo. Por ejemplo, podrían definirse iniciativas que disminuyan el costo de contratación o aumenten la disposición a emplearse. Además, se requiere de iniciativas que estimulen la inversión, realizada mayoritariamente -casi un 80%- por el sector privado. En las actuales condiciones de mercado es probable que no sea fácil recuperar el interés de los inversionistas, a menos que se les ofrezcan estímulos permanentes que, en su mayoría, van en contra de ingresos fiscales en el mediano y largo plazo.
En este escenario, una alternativa que podría tener un efecto concreto es aumentar la inversión pública, preferentemente en infraestructura de uso público. Impulsar obras viales y de regadío y la aceleración de proyectos en curso, por ejemplo, ofrecen un tremendo espacio para que el gobierno adopte políticas agresivas que tendrían efecto en el empleo.
A partir de este esfuerzo, pondrían darse señales en otras áreas. Concentrar esfuerzos en la infraestructura urbana -junto a los municipios- permitiría mostrar a los sectores más vulnerables -que evidenciaron su malestar a partir del estallido social- que se les ha escuchado, y que el Estado se ocupará de los largamente postergados déficits urbanos. Entre estos, la vivienda social: es urgente actuar para responder a los niveles de hacinamiento develados dramáticamente durante esta pandemia. Emplazar viviendas sociales en barrios dignos, con servicios de buena calidad, es una condición mínima sobre la cual debiera diseñarse el plan de nueva infraestructura urbana, financiada inicialmente por el Fondo COVID. Tarea pendiente será luego dar origen a planes permanentes de inversión público-privada, una vez que se hayan diseñado los instrumentos para ese efecto.
Fuente: Pulso, Miércoles 15 de Julio de 2020
