EDITORIAL – Las alarmas en relación con el desempleo se han encendido. A este respecto, los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo correspondientes al trimestre enero-marzo 2020, recién publicados por el INE, arrojan un aumento de más de un punto porcentual en relación con igual trimestre del año anterior -llegando a un 8,2%- como consecuencia del CV19. Es de esperar, por lo tanto, que las próximas mediciones arrojen un resultado muy superior, cercano incluso al 15%, según estimaciones de algunos analistas.
El alto nivel de desempleo no es sino consecuencia de una caída importante en el nivel de actividad económica, la que ha afectado fundamentalmente al comercio, muy intensivo en mano de obra. El gobierno, con justa razón, ha tomado medidas para evitar que las empresas quiebren, asignándole a la banca una responsabilidad importante en las facilidades que se diseñen para ese efecto. El Banco Central y la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), han jugado un rol importante, al poner a disposición líneas de créditos y flexibilizando las exigencias para que estos lleguen de la forma más eficiente y efectiva posible a los destinatarios finales. Al parecer -y luego del anuncio del aumento de las utilidades de los bancos por diferentes razones- esto estaría demorando más de lo requerido, con las consecuencias que esto puede traer para el sector real de la economía, como hizo notar el economista y senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Alexander Galetovic en El Mercurio, el pasado 2 de mayo.
A su vez, se han diseñado instrumentos de subsidio directo a las personas que verán disminuido -transitoriamente, esperamos- su nivel de ingreso. Los recursos para subsidios han sido el resultado, entre otros, de reasignaciones presupuestarias, cuyo impacto principal recaerá en los Ministerios de la Vivienda y Obras Públicas (menor inversión por USD 610 y USD 435 millones, respectivamente, según consignó Pulso el 29 de abril).
El argumento utilizado para justificar este proceder es que la menor capacidad de ejecución de obras para este año provocará holguras que bien pueden destinarse a mitigar, en parte, los efectos de esta crisis en los más vulnerables. El costo de estas medidas de restricción de la inversión es del orden de la nada despreciable suma de 450 mil puestos de trabajo/mes, en momentos en que pareciera ser que el empleo será el principal problema del país.
Si con 450 mil puestos de trabajo menos se puede subsidiar en un mes a un número muy superior de personas, la medida pareciera ser acertada, en la medida que no se haya hecho destruyendo empresas ni gravando el costo de este ajuste en los desempleados del sector. De ser así, lo que cabría esperar es que, una vez superado el período crítico y generadas las condiciones para retomar el ritmo de inversión, ambos ministerios recuperaran esos recursos para llevar a cabo los proyectos postergados.
Dada la forma tendencial en que se propone, discute y aprueba el presupuesto público en Chile, esto es muy poco probable, especialmente cuando se avecinan años de una menor disponibilidad de recursos públicos como consecuencia de la caída en la actividad económica y en la recaudación pública y de una fuerte presión por incrementar el gasto social. En estas condiciones, sería un éxito mayor que el presupuesto al que los ministerios involucrados accedan sea equivalente al del presente año, antes del ajuste.
Ampliar el nivel de la inversión en infraestructura de uso pública, en consecuencia, requerirá no solo del esfuerzo que al respecto deberán hacer los ministerios involucrados desde el presupuesto que se les asigne, sino también, del concurso de toda la industria para encontrar fórmulas inteligentes que apunten en esa dirección. El sector privado cuenta con recursos suficientes; las empresas del sector han demostrado su competencia para gestionar esos recursos, las necesidades de infraestructura -especialmente en la solución de carencias evidentes- son de gran magnitud y la experiencia en mecanismos de financiación público-privada es amplia y con resultados muy importantes.
Lo que falta es el instrumento que haga posible la canalización de recursos privados para la financiación de infraestructura de uso público en estas nuevas circunstancias. Para ello, la creación de un fondo especializado, tipo Fondo de Recuperación Económica, debiera ser un mecanismo que no requiera mayor tramitación. De hecho, no debiera ser muy diferente al diseño operativo del Fondo de Infraestructura, salvo en sus modalidades de capitalización.
Será a través de acciones de estas naturalezas que se podrán disminuir los niveles de desempleo y se recuperará la confianza ciudadana. De no optarse por soluciones con un grado de concreción efectiva, nadie sabe de qué manera se manifestará el dolor de quienes demorarán en conseguir nuevamente un puesto de trabajo.
Fuente: CPI, Lunes 4 de Mayo de 2020
Financiamiento “pro-empleo”, por Carlos Cruz
EDITORIAL – Las alarmas en relación con el desempleo se han encendido. A este respecto, los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo correspondientes al trimestre enero-marzo 2020, recién publicados por el INE, arrojan un aumento de más de un punto porcentual en relación con igual trimestre del año anterior -llegando a un 8,2%- como consecuencia del CV19. Es de esperar, por lo tanto, que las próximas mediciones arrojen un resultado muy superior, cercano incluso al 15%, según estimaciones de algunos analistas.
El alto nivel de desempleo no es sino consecuencia de una caída importante en el nivel de actividad económica, la que ha afectado fundamentalmente al comercio, muy intensivo en mano de obra. El gobierno, con justa razón, ha tomado medidas para evitar que las empresas quiebren, asignándole a la banca una responsabilidad importante en las facilidades que se diseñen para ese efecto. El Banco Central y la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), han jugado un rol importante, al poner a disposición líneas de créditos y flexibilizando las exigencias para que estos lleguen de la forma más eficiente y efectiva posible a los destinatarios finales. Al parecer -y luego del anuncio del aumento de las utilidades de los bancos por diferentes razones- esto estaría demorando más de lo requerido, con las consecuencias que esto puede traer para el sector real de la economía, como hizo notar el economista y senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Alexander Galetovic en El Mercurio, el pasado 2 de mayo.
A su vez, se han diseñado instrumentos de subsidio directo a las personas que verán disminuido -transitoriamente, esperamos- su nivel de ingreso. Los recursos para subsidios han sido el resultado, entre otros, de reasignaciones presupuestarias, cuyo impacto principal recaerá en los Ministerios de la Vivienda y Obras Públicas (menor inversión por USD 610 y USD 435 millones, respectivamente, según consignó Pulso el 29 de abril).
El argumento utilizado para justificar este proceder es que la menor capacidad de ejecución de obras para este año provocará holguras que bien pueden destinarse a mitigar, en parte, los efectos de esta crisis en los más vulnerables. El costo de estas medidas de restricción de la inversión es del orden de la nada despreciable suma de 450 mil puestos de trabajo/mes, en momentos en que pareciera ser que el empleo será el principal problema del país.
Si con 450 mil puestos de trabajo menos se puede subsidiar en un mes a un número muy superior de personas, la medida pareciera ser acertada, en la medida que no se haya hecho destruyendo empresas ni gravando el costo de este ajuste en los desempleados del sector. De ser así, lo que cabría esperar es que, una vez superado el período crítico y generadas las condiciones para retomar el ritmo de inversión, ambos ministerios recuperaran esos recursos para llevar a cabo los proyectos postergados.
Dada la forma tendencial en que se propone, discute y aprueba el presupuesto público en Chile, esto es muy poco probable, especialmente cuando se avecinan años de una menor disponibilidad de recursos públicos como consecuencia de la caída en la actividad económica y en la recaudación pública y de una fuerte presión por incrementar el gasto social. En estas condiciones, sería un éxito mayor que el presupuesto al que los ministerios involucrados accedan sea equivalente al del presente año, antes del ajuste.
Ampliar el nivel de la inversión en infraestructura de uso pública, en consecuencia, requerirá no solo del esfuerzo que al respecto deberán hacer los ministerios involucrados desde el presupuesto que se les asigne, sino también, del concurso de toda la industria para encontrar fórmulas inteligentes que apunten en esa dirección. El sector privado cuenta con recursos suficientes; las empresas del sector han demostrado su competencia para gestionar esos recursos, las necesidades de infraestructura -especialmente en la solución de carencias evidentes- son de gran magnitud y la experiencia en mecanismos de financiación público-privada es amplia y con resultados muy importantes.
Lo que falta es el instrumento que haga posible la canalización de recursos privados para la financiación de infraestructura de uso público en estas nuevas circunstancias. Para ello, la creación de un fondo especializado, tipo Fondo de Recuperación Económica, debiera ser un mecanismo que no requiera mayor tramitación. De hecho, no debiera ser muy diferente al diseño operativo del Fondo de Infraestructura, salvo en sus modalidades de capitalización.
Será a través de acciones de estas naturalezas que se podrán disminuir los niveles de desempleo y se recuperará la confianza ciudadana. De no optarse por soluciones con un grado de concreción efectiva, nadie sabe de qué manera se manifestará el dolor de quienes demorarán en conseguir nuevamente un puesto de trabajo.
Fuente: CPI, Lunes 4 de Mayo de 2020
