EL LÍBERO – Es indiscutible que Chile se ha visto afectado por una mega sequía sin precedentes desde hace más de una década. Ello es en gran medida atribuible al cambio climático que afecta al planeta, lo que constituye un cambio estructural. Distintos estudios mencionan a nuestro país como uno de los más afectados en el mundo, lo que constituye un enorme y urgente desafío.
Durante el gobierno anterior se logró la aprobación definitiva de la reforma del Código de Aguas, luego de más de 11 años de tramitación legislativa, aunando las voluntades de distintos sectores políticos. La nueva ley fue promulgada a inicios de la actual administración. Asimismo, se constituyó la Mesa Nacional del Agua en octubre de 2019, instancia transversal de carácter público privado que sesionó ininterrumpidamente hasta diciembre de 2021. Su objetivo fue concordar un diagnóstico común y una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo, que constituyó una guía del quehacer del anterior gobierno, para enfrentar la grave problemática hídrica (ver Informe Final, Marzo 2022).
El gobierno actual creó una instancia de coordinación interministerial en abril de 2022 denominada Comité interministerial de Transición Hídrica Justa, a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Entre sus objetivos se mencionan “acciones para enfrentar las urgencias de la crisis hídrica” y “establecer una política hídrica de largo plazo para lograr la seguridad hídrica, y la institucionalidad nacional y a nivel de cuenca, para su implementación”. Sin embargo, después de casi un año de funcionamiento, aún no se conocen propuestas ni acciones concretas.
Hay al menos dos ámbitos donde urge que el gobierno del Presidente Boric avance con decisión por el bien de las personas y la sustentabilidad de los recursos hídricos:
Derecho humano al agua
El gran desafío es aumentar la cobertura de la población rural. Como es sabido, en Chile coexisten dos sistemas muy diferentes para el abastecimiento de agua y saneamiento. En zonas urbanas operan empresas sanitarias reguladas que abastecen a 15,9 millones de personas (SISS, 2021). La calidad del servicio que proveen es igual o superior a la de los países OCDE y hasta la fecha no ha existido racionamiento. Durante el gobierno anterior, el MOP aceleró el plan de inversiones por US $700 millones para mayor seguridad hídrica.
En las zonas rurales, en cambio, el abastecimiento de agua potable es provisto por 2.300 Servicios Sanitarios Rurales (SSR) que abastecen a casi 2 millones de personas. Los SSR son autogestionados por las comunidades con apoyo estatal -a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El MOP es responsable de la inversión en infraestructura -aducciones, pozos y bombas- y de brindar apoyo técnico a los SSR.
Entre 2018 y 2021 aumentó sustantivamente la inversión en agua potable rural ($207 mil millones en 2021, más del doble que en años anteriores) e inició la implementación de la Ley de SSR para fortalecer la gestión pública (Noviembre 2020). Urge continuar con la posta, en particular en las regiones más afectadas por la sequía tales como Valparaíso.
Institucionalidad pública
Distintos actores nacionales e internacionales han concordado que existe una gran dispersión de competencias entre múltiples instituciones públicas, principalmente entre los ministerios de Agricultura, Obras Públicas, Medio Ambiente, Ciencia, Energía y Minería, y sus reparticiones dependientes. Ello, sumado a la falta de una coordinación interministerial efectiva, constituye un grave impedimento para avanzar en la definición e implementación de una agenda de trabajo hídrica que resuelva los graves problemas existentes.
Para enfrentar dicha situación, el gobierno anterior llegó a acuerdo en la Mesa Nacional del Agua e inició la tramitación legislativa de un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas (Boletín N. 14.446-09), el que fue aprobado en general en la Comisión de Obras Públicas del Senado en enero de 2022. Desde entonces está en la Comisión de Recursos Hídricos sin avance. Dicha Subsecretaría sería la institución rectora del agua y estaría a cargo de liderar una política hídrica de largo plazo y su implementación. Hasta la fecha, no se conoce la propuesta del gobierno en esta materia, por lo que difícilmente veremos un avance concreto en este tema tan relevante y de tan alta complejidad como la gestión de nuestros recursos hídricos.
Abordar estos dos puntos con urgencia y decisión constituiría un paso sólido en la gestión pública para seguir enfrentando la crisis hídrica que nos aqueja.
*Mónica Ríos Brehm – Investigadora Faro UDD
Fuente: El Líbero, Miércoles 1 de Marzo de 2023
