PULSO – Planes maestros de resiliencia y que la planificación urbana considere las amenazas como algo técnico, son parte de las propuestas para preparar a las ciudades tras las recurrentes catástrofes que ha enfrentado el país luego del terremoto de 2010 y las que vendrán, y que se podrían intensificar producto del cambio climático.
EL terremoto de 2010 cambió la cultura sísmica de Chile. Se perfeccionaron las instituciones encargadas de dar respuestas ante cualquier desastre natural y se elaboraron planes de recuperación para enfrentar crisis de este tipo.
Sin embargo, tras 10 años de una de las catástrofes más importantes del último tiempo para el país y más de cerca de 18 siniestros en que la naturaleza y/o la acción humana estuvieron presentes, todavía existe preocupación por la falta de consideración del factor “riesgo” en los planos reguladores de las comunas como parámetro técnico. También, por la ausencia de planes maestros de resiliencia de largo aliento para hacer frente a los riesgos naturales futuros, los que además se podrían incrementar como consecuencia del cambio climático.
“Cuando se hace un estudio de riesgo de una zona y se define que es susceptible a una amenaza, debería hacerse una evaluación técnica. Pero en realidad, es discutido por los concejos comunales, como si se estuviera planteando si una zona debiera ser industrial o residencial”, plantea el académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica e investigador en la materia, Roberto Moris.
En esa línea, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), Sergio Baeriswyl, apunta que los desafíos para las ciudades es que, a medida que vayan creciendo, deben considerar el riesgo de los desastres naturales. “El punto está en tener un enfoque de resiliencia. O sea, que la situación de vulnerabilidad que hoy tienen las urbes se puedan corregir con el tiempo”, dice.
Desde el CNDU exponen, además, la necesidad de una normativa urbana que incorpore el concepto de “definición de niveles de amenaza”, a partir de los cuales se establezcan criterios normativos y exigencias diferenciadas para la ocupación de cada territorio, así como mejoras en el estándar de construcción para hacer frente a los distintos riesgos. Advierten que si bien se avanzó en este último ítem para las áreas con peligro de tsunamis por medio de una nueva normativa, al estar sujeta en áreas en que el riesgo debe estar considerado en los planes reguladores, se ha limitado considerablemente su uso.
Incluso, señalan la necesidad de asegurar que las ciudades puedan seguir funcionando luego de un evento catastrófico, para lo que sería necesario que la normativa urbana restrinja la construcción de determinadas edificaciones estratégicas en áreas donde los niveles de peligrosidad sean muy altos.
Hoy, de 20 comunas analizadas por el CNDU y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), nueve tienen a más del 10% de su población expuesta a tsunamis. Encabezan la lista Talcahuano (43,0%), Iquique (29,8%) y Arica (23,4%) (ver infografía). Y en total, son 294.585 habitantes en zonas urbanas que se encuentran expuestos a inundación por este fenómeno natural.
Además, se suma que Chile lidera diversos rankings de países propensos a sufrir un desastre natural.
Ante este escenario, la experta del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), Carolina Martínez, sostiene que “en varias de estas localidades en la Región del Biobío, y debido al crecimiento urbano disperso, se está elevando la vulnerabilidad ante tsunamis futuros y con ello creándose nuevos escenarios de riesgo, debido a que los procesos en esta materia son más rápidos que la incorporación de un diseño urbano y estrategias de ocupación resilientes”. Agrega que muchas viviendas e infraestructura crítica se volvieron a construir en zonas de riesgo.
Sobre los siguientes pasos en la planificación urbana, considerando los futuros desastres naturales como terremotos, erupciones de volcanes, aluviones y sequías, entre otros, Martínez reitera la necesidad de incorporar en los planos reguladores las áreas de riesgo, e incorporar más recursos para que las municipalidades puedan impulsar políticas y planes en esta área. Por su parte, Moris coincide en que se les debe dar más protagonismo y herramientas a los gobiernos locales para responder ante los distintos escenarios de catástrofes.
Fuente: Pulso, Jueves 27 de Febrero de 2020
