Con el propósito de analizar y formular alcances al documento “Una política de infraestructura para Chile”, el CPI realizó un workshop el 21 de octubre pasado, en que participaron alrededor de 20 expertos que forman parte del Consejo, entre ellos, los ex ministros Sergio Bitar y Alberto Etchegaray; el ex presidente de Sofofa, Fernando Agüero; el ex intendente de la Quinta Región, Gabriel Aldoney; el urbanista, Alberto Texidó; y los empresarios Gastón Escala, Florencio Correa, Enrique Méndez y Carlos Zeppelin, entre otros.
Al inicio del encuentro, el economista y asesor del CPI, Luis Eduardo Escobar, presentó un resumen del estudio, puntualizando que los principales objetivos de éste son establecer una línea base para formular una política de infraestructura de largo plazo, reuniendo en un solo documento los distintos planes y proyectos del gobierno, que van desde la construcción de hospitales hasta puertos y obras de vialidad.
Los expertos analizaron el contexto político y económico en que se formulan las propuestas y calificaron como un hecho grave que Chile haya caído al lugar 49, en el reciente ranking de competitividad en infraestructura, que elabora el World Economic Forum (WEF). Los expertos del CPI manifestaron que esta es una mala noticia porque afecta las bases del crecimiento futuro del país y propusieron retomar el dinamismo de los proyectos de infraestructura pública que se observaron en las dos décadas anteriores.
Entre los aportes realizados, se planteó que los grandes proyectos en infraestructura debieran basarse en el imaginario colectivo que prevalece en el país, tales como las propuestas de convertir a Chile en una país-plataforma para Sudamérica, en el ámbito del comercio exterior; o aquella de que el país se convierta en una potencia agroalimentaria; y que siga avanzando en el desarrollo de clúster para mantener su liderazgo minero a nivel regional. Para ello, se destacó, tenemos que dotar al país de una mayor y mejor infraestructura.
En otro ámbito, los expertos del CPI advirtieron sobre la necesidad de redefinir la aplicación de la regla de déficit fiscal estructural en el ámbito de la infraestructura, para evitar que actúe como una limitación del gasto y/o endeudamiento para ejecutar este tipo de inversiones.
Asimismo, se debatió en torno a los métodos de evaluación de proyectos y la necesidad de establecer una eficaz coordinación inter institucional, que dé continuidad y converja hacia un espacio nacional de articulación.
