Si bien las fuentes de financiamiento están disponibles, los participantes en el coloquio coincidieron en señalar que existen barreras institucionales para impulsar los proyectos. Conforme a ello, propusieron un cambio de paradigma y nuevos instrumentos de inversión para superar el ciclo de baja que afecta al sector.
“Las fuentes de financiamiento para proyectos están disponibles e incluso son abundantes en el mercado internacional, pero no existe suficiente capacidad institucional para canalizar y aprovechar estas fuentes”, fue una de las conclusiones del coloquio que organizó el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el 23 de septiembre pasado, sobre financiamiento de obras de infraestructura pública.
En el encuentro participaron profesionales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), integrantes del Consejo Asesor de Financiamiento de Infraestructura Pública, consultores privados y miembros del CPI, encabezados por su secretario técnico, Carlos Cruz.
“Estamos trabajando sobre una urgencia que es generar parámetros institucionales de largo plazo que den estabilidad y permanencia a los proyectos de infraestructura pública”, dijo el jefe de asesores del MOP, José Miguel Torres.
En su diagnóstico inicial, los asistentes concordaron en que a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, en Chile se observa un retroceso en el desarrollo de proyectos de infraestructura, debido a la pérdida de protagonismo de éstos en las prioridades de las políticas públicas, como también al cuestionamiento del mecanismo de concesiones.
Los expertos señalaron que el desafío es subir las inversiones en este sector del actual nivel de 2,5 al 3,5%, del PIB. El economista Luis Eduardo Escobar sostuvo que los recursos financieros existen y que lo que falta son incentivos y mecanismos adecuados para canalizar éstos hacia obras de infraestructura.
La ex ministra del Trabajo, Camila Merino, dio cuenta de problemas burocráticos en los procesos de aprobación de los proyectos, a lo que se agregan los disímiles criterios de evaluación. Señaló que tales problemas provocan demoras y distorsiones en los modelos de financiamiento y que cuando las demoras superan los periodos de gobierno (cuatro años), hay que volver a partir prácticamente de cero. Dada esta realidad, sugirió que la cartera de proyectos se prepare con mucha anticipación y que también de manera anticipada se aseguren las fuentes de financiamiento.
Según Camila Merino, la cartera de proyectos de infraestructura debiera incorporar una visión de largo plazo, con una proyección más aterrizada sobre el uso futuro que esta tendrá, “para evitar al cabo de un corto tiempo las obras queden chicas, como de hecho ha ocurrido con algunos aeropuertos”.
Según Camila Merino, con una visión de largo plazo “podemos dejar establecido de antemano el costo de no hacer bien los proyectos desde el comienzo”.
Nuevas propuestas
El abogado y ex subsecretario de Planificación Eduardo Abedrapo, dijo que el desafío de la infraestructura pública es anterior y de mayor trascendencia para el país que los mecanismos que se elijan para ejecutarlas. Agregó que lo importante es ejecutar las obras y que por ello “es necesario romper el actual ciclo de baja, con nuevas propuestas, realistas y efectivas”.
Por su parte, Juan Eduardo Saldivia, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), demandó una mayor claridad y definición de las autoridades respecto de cómo canalizar los recursos para acometer las obras, de modo de despejar las dudas sobre el rol que debe asumir el sector privado, a través del mecanismo de concesiones.
En tanto, el economista Álvaro Díaz, manifestó que debiera avanzarse hacia un nuevo acuerdo entre los ministerios de Hacienda y de Obras Públicas “para dar un nuevo salto en inversiones de infraestructura, de modo de destrabar la cartera de proyectos”. Añadió que la discusión sobre las prioridades en políticas públicas -si debiera darse más énfasis a la equidad o al crecimiento- es un asunto colateral que no debiera tomarse como excusa para diferir las inversiones en infraestructura porque, a su juicio, éstas contribuyen de igual modo al crecimiento y a la equidad.
“Estamos en medio de una cierta inhibición del sector público para aumentar la inversión en infraestructura, porque se estima que ésta tiene impacto en el endeudamiento fiscal”, manifestó Díaz. A este respecto, varios de los asistentes indicaron que es en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), donde por lo general se levantan barreras para los proyectos. En este sentido, abogaron por una mayor acuciosidad técnica en la presentación de éstos, adecuando incluso el lenguaje y los tecnicismos al usado en las evaluaciones de los funcionarios de Dipres.
Variables cualitativas
El consultor Sergio Hinojosa propuso incorporar variables cualitativas para adoptar decisiones de inversión en infraestructura, las que por lo general son sometidas una evaluación de rentabilidad económica. Afirmó que “los proyectos socialmente rentables no necesariamente son privadamente rentables” y que para cubrir esta brecha en otros países (como México) se han creado mecanismos especiales de financiamiento. “Estos se basan en garantizar pagos contingentes al final de un periodo de maduración de los proyectos, de modo que no impactan en los niveles de endeudamiento del sector público que lleven a un mayor déficit fiscal”, señaló Hinojosa.
Agregó que si a lo anterior se agrega la existencia de la gran disponibilidad de financiamiento en los mercados internacionales, en gran medida provenientes de los fondos de inversión, “el costo de los proyectos para el país sería cero”. Según Hinojosa, Chile está en mejor posición que otros países de América Latina para captar parte de los flujos de aquellos capitales para proyectos de infraestructura. Y la clave sería generar los mecanismos adecuados para aprovechar esta posición.
Es más, precisó que entidades como el Banco Mundial estarían disponibles para participar en la creación de nuevos instrumentos de largo plazo (tales como los bonos “bella durmiente” a 100 años), otorgando garantías compartidas con el gobierno chileno.
“La gran debilidad de Chile en este momento es la falta de capacidad para generar y gestionar proyectos”, sentenció Hinojosa. En esta misma línea, propuso que se debieran aumentar los recursos públicos para contratar asesorías para el diseño de proyectos.
Por su parte, el empresario y consultor, Álvaro González, dijo que “en Chile existe una enorme cartera de proyectos esperando, que podrían concretarse si se da un cambio de paradigma”. Añadió que los fondos de inversión están a la espera de este cambio y que Chile debiera estar preparado para cuando éstos comiencen a concretar su estrategia de elevar su exposición del 1 al 3% de su cartera en proyectos de infraestructura”.
