CPI – Para reducir la brecha en infraestructura que muestran los países de América Latina, respecto a Estados Unidos, Europa o Asia Pacífico, es clave que aumente la inversión del sector privado. Esa fue una de las principales ideas surgidas del panel que analizó las opciones de financiamiento sectorial que hoy se utilizan en la región, en el marco del Primer Foro Latinoamericano de Infraestructura, organizado por el CPI.
En el encuentro, que reunió a expertos de México, Chile y Brasil, se destacó los avances que ha habido en nuevas formas de financiamiento y en la importancia que están adquiriendo fórmulas como, por ejemplo, la asociación público-privada (APP).
El director general de Desarrollo Carretero (SCT) de México, Raúl Flores, detalló la experiencia de su país en este ámbito, señalando que en 2002 se echó a andar la concesión de carreteras, ganando cada vez más protagonismo la participación privada en un contexto de estrechez presupuestaria fiscal.
Destacó también el rol del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), creado en 2008, y que es un mecanismo de financiamiento de nuevos proyectos que hoy controla el 50% de la red concesionada en ese país.
“Un paso más lo dimos en 2012 cuando se creó el marco legal específico para concesiones de carreteras, centrales eléctricas y hospitales, entre otros, además de la normativa para que opere la asociación público-privada (APP)”, detalló Flores.
Respecto a este último mecanismo, explicó que se está focalizando principalmente en la mantención de las carreteras libres de peaje, que representan el 80% de la red mexicana de carreteras. “Hoy ya no es el recurso público la principal fuente de financiamiento. Ahora, a través de las APP, se suscriben contratos a 10 años con las empresas privadas, a las que el Estado paga anualmente por las inversiones que deben realizar en estas tareas, lo que permite mejorar la conservación y el servicio”, dijo.
Ya hay 10 proyectos aprobados, bajo esta modalidad, los que demandarán una inversión de US$ 1.700 millones.
Además, vía APP, en seis años, se han asignado tres proyectos de nuevas carreteras con un total de 154 kms.
También Flores relevó la incorporación de los fondos de pensiones al financiamiento de obras de infraestructura, destacándolos como una nueva fuente que podría seguir aumentando su participación.
Nuevos mecanismos
Por su parte, Claudia Valdés, BID Invest, puso énfasis en los rezagos que muestra la región aún en materia de infraestructura. “Hay que aumentar inversión a tasas de entre 5 y 7% del PIB anual para alcanzar a regiones más desarrolladas. La brecha de inversión fluctúa entre US$120 mil millones y US$150 mil millones anuales”, afirmó.
Para lograrlo, indicó, hay que aumentar las inversiones en infraestructura del sector privado que hoy tienen, en América Latina, una participación cercana al 30%. En países como Chile y Brasil, ese porcentaje se eleva al 50%, pero en otros países no supera el 20%, principalmente por la carencia de marco regulatorio que es la situación que presentan las naciones del Caribe.
Ricardo Szlejf de Canada Pension Plan Investment Board, fondo que invierte los fondos de pensiones de 20 millones de contribuyentes y beneficiarios canadienses, detalló los proyectos en los que están invirtiendo en América Latina, los que suman más de US$12 mil millones.
En Chile este fondo es un accionista relevante en el Grupo Costanera y en Transelec.
El ejecutivo explicó el modelo canadiense donde los fondos de pensiones tienen un marco regulatorio que les permite invertir en activos muy diversos -desde salas de cine hasta eléctricas o autopistas, con énfasis en infraestructura-, y muchas veces son controladores y administradores de las compañías donde están.
Finalmente, los consultores Sergio Hinojosa y Patricio Arrau, relevaron la necesidad de explorar nuevos mecanismos para financiar infraestructura. Hinojosa, por ejemplo, se refirió a tendencias como los “Project bonds” o bonos de proyecto, una vía alternativa de financiación de la deuda para obtener recursos para proyectos relacionados con la infraestructura.
También destacó como opciones los Certificados de Avance, que utilizan en países como Perú, Argentina y Paraguay; las Unidades Funcionales, en Colombia, y el uso creciente de fideicomisos privados que buscan proteger los flujos de caja de repago de deuda, entre otros.
Fuente: CPI Miércoles 27 de Junio de 2018
