CPI – Dos proyectos de desaladoras están en el plan de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, por lo que expertos se reunieron para analizar la factibilidad de invertir en estas iniciativas bajo ese modelo, en un diálogo organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) en el que participaron las empresas, el MOP y diversos actores.
Las iniciativas -ubicadas en las regiones de Coquimbo y O’Higgins- fueron declaradas de interés público y contemplan una inversión que alcanza los US$ 500 millones. En total, en el país ya existen 24 plantas desaladoras en operación y otras 22 en fase construcción o planificación, según datos del MOP.
Luis Felipe Elton, jefe de la División de Proyectos de la Dirección de Concesiones del MOP, expuso que la cartera está facultada para llevar adelante iniciativas con fines de desalación por la vía de las concesiones: “la dimensión jurídica la tenemos solucionada y para poder desarrollar proyectos necesitamos ser capaces de revisarlos. Como sector público tenemos que entenderlos, aprobarlos y decidir sobre el financiamiento”.
Respecto a los plazos, Elton sostuvo que “el Estado debe ponerse metas ambiciosas”. Explicó que para que pueda producirse un llamado a licitación en los próximos cinco años se debe partir por la metodología de evaluación social -para lo que se debe trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social- y que se podría implementar un “proceso anticipado de participación”, como se ha hecho con otro tipo de concesiones.
Agregó que para impulsar este tipo de obras es clave contar con un “mandante público decidido”, tener un diálogo permanente con las comunidades y fortalecer los equipos del MOP a la hora de evaluar las desaladoras. Elton aclaró que hoy la cartera está realizando un análisis de la oferta y demanda que tendrán estas obras hídricas a nivel nacional, con el fin de determinar las zonas en que es factible emplazarlas y dónde -al ser multipropósito- serían útiles para el consumo humano y el sector productivo. Por ahora, algunas áreas agrícolas serían prioritarias para instalar sistemas de desalación.
Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) explicó que, dada la crisis hídrica en Chile, se requiere implementar de manera urgente estas inversiones. “Los proyectos de esta naturaleza -dijo- demoran en su fase de evaluación y aprobación, sino que también en su construcción. Tienen tiempo de maduración hasta que empieza a prestar sus servicios. Si partimos con esto ahora, debiéramos estar a fines de esta década contando con el soporte de recursos hídricos adicionales que nos permitan enfrentar este cambio”.
Por su parte, Magaly Espinosa, ex superintendenta de Servicios Sanitarios, aclaró que “si no se trabaja en la forma de tarificar y de cómo focalizar los subsidios, no es factible la solución de la desalinización, ni como concesión, ni a través de una empresa pública como Econssa, porque los usuarios de agua potable no van a poder pagar la inversión y tal vez tampoco la operación”.
Los expertos y las empresas señalaron durante el diálogo que la “permisología” por parte de organismos del Estado lleva a que haya importantes retrasos en la implementación.
En el caso de la planta de desalación que se ubicará en Coquimbo, la empresa Cadagua dio a conocer que este año se desarrollará la fase I, que contempla el prediseño de la alternativa seleccionada, a través del análisis y precisión de los servicios, la ingeniería básica, el prediseño, evaluación privada y social, ambiental, territorial y sobre asuntos indígenas. Luego, se pasará a las fases 2 y 3, culminando en 2025 con la licitación, proceso que será llevado adelante por el MOP.
- Presentación Luis Felipe Elton, Director División Proyectos DGC MOP – VER PPT
- Presentación Adolfo Martín de la Peña, Director Contratación Internacional CADAGUA – VER PPT
- Presentación Francisco de la Barra, Secretario Ejecutivo ACADES – VER PPT
Fuente: CPI, Jueves 17 de Noviembre de 2022
