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C O N S E J O D E
P O L Í T I C A S D E
I N F R A E S T R U C T U R A
Parte del problema, sin duda, proviene del hecho de que
el país no
dispone de una institucionalidad apropiada para desarrollar programas
de largo plazo de manera coordinada.
En el lenguaje de la OCDE, no
disponemos de mecanismos institucionales dentro del aparato del
Estado que nos permitan llevar adelante programas y proyectos usando
un
“whole of government approach”
(enfoque de todo el gobierno), que
permita y obligue a los actores institucionales a colaborar para alcanzar
un fin determinado.
En ausencia de alguna instancia de ese tipo, como fueron Mideplan en el
gobierno militar y antes Odeplan y la Corfo, los actores institucionales no
necesariamente convergen en objetivos comunes. Mucho menos lo harán
en un sistema altamente presidencialista, que dura sólo cuatro años,
donde uno de los objetivos más arraigados es la proyección de la coalición
política que se encuentra en el poder.
Para lograr el propósito político de la continuidad, los gobiernos estiman
necesario producir el máximo de resultados visibles en el poco tiempo
disponible. Estos incentivospolíticos conducena ladispersiónde iniciativas,
ya que cada institución hará lo que resulte más notorio en el acotado
plazo del que dispone. Sin embargo, la inmediatez no es precisamente
uno de los atributos de las grandes intervenciones en infraestructura.
Por último, las nuevas autoridades incentivan cambios de orientación en
políticas públicas, como consecuencia de la poca profundidad y arraigo
de las mismas, al punto que lo que se consideró crucial en un gobierno
pasa a ser prescindible en el próximo, o paradójicamente resulta ser
bueno para el siguiente. Es lo que ha ocurrido con algunos de los grandes
proyectos destinados a articular e integrar el territorio nacional con obras
que favorecen la conectividad.
Algo de esto puede estar manifestándose en el actual gobierno. Las
instituciones han hecho un denodado esfuerzo por presentar al país
(cabe destacar que en tiempo récord) una serie de planes de inversión
que apuntan a mejorar las condiciones en que se brindan los servicios
públicos, especialmente a los grupos de ingresos medios y bajos.
Sin duda, ese es un esfuerzo loable e importante en sí mismo. Nadie
cuestiona la necesidad, la urgencia incluso, de construir 20 hospitales en
los próximos cuatro años; de construir una tercera pista en las carreteras
más congestionadas; o de aumentar las líneas del Metro en Santiago y
mejorar el transporte público en las principales ciudades del país. Sin
embargo, con una mirada de largo plazo, es legítimo preguntarse si esa