PAUTA – Otorgar vivienda adecuada a la población de América Latina y el Caribe es un buen negocio con repercusiones positivas en el PIB, y trae beneficios para la salud, las expectativas de vida y la escolaridad.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio Mejorando la vivienda en asentamientos informales: evaluación de los impactos en el desarrollo humano, publicado por Habitat para la Humanidad, y elaborado por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED).
En conversación con Plaza Pauta, de Radio Pauta, la arquitecta chilena, doctora en Desarrollo y Planificación del University College of London (UCL) e investigadora del IIED, Camila Cociña, se refirió a los resultados del informe.
Estudio afirma que “vivienda adecuada” mejora el PIB de los países y puede prevenir muertes
Cociña explicó que la crisis de la vivienda “es mundial. En realidad, es una crisis de derechos humanos. Hay 1,8 mil millones de personas que no tienen acceso a una vivienda adecuada, de las cuales casi mil millones viven en asentamientos informales, precarios o irregulares”.
El objetivo del estudio, para la investigadora, “era bien complejo: entendiendo que el acceso a la vivienda digna y adecuada es un derecho en sí mismo, nos pidieron revisar qué otros beneficios se obtendrían si las mejoras de la vivienda se llevaran a cabo a gran escala en un país, de modo que todas las personas que viven en asentamientos informales obtengan acceso a una vivienda adecuada”.
“Medimos estos otros beneficios a través de lo que se conoce como índice de desarrollo humano, que incluye tres dimensiones: estándares de vida, salud y educación. Y revisamos exhaustivamente estudios de distintas partes del mundo del impacto concreto y real de mejorar la vivienda”, agregó.
La arquitecta señaló que “pudimos establecer ciertas causalidades, que usamos para modelar algunos escenarios más cautelosos, moderados y optimistas, que proyectamos en distintos tipos de países. Desarrollamos una serie de tipologías de países dependiendo de su índice de desarrollo humano y el porcentaje de su población que vive en asentamientos precarios, entendiendo que los impactos no serían los mismos en todos lados”.
Según Camila Cociña, “entendiendo que el acceso a la vivienda digna es un derecho humano, la idea de que también es un buen negocio viene de que miramos estos beneficios ocultos en términos de ingresos, salud y educación”.
“En términos de ingresos, específicamente, los hallazgos que este estudio reveló es que un país que asegure el acceso a vivienda adecuada en los asentamientos informales puede generar un impacto directo que podría llegar a ser hasta un 10,5% de crecimiento económico, medido como PIB o como ingreso nacional bruto per cápita. Esto probablemente supera los costos de mejorar los asentamientos informales en muchos países. Es un retorno inmenso sólo por los efectos de los ingresos de quienes viven en campamentos”, detalló.
En ese sentido, comentó que factores como “la estabilidad residencial, es decir, no estar expuestos a que vayan a echarte del barrio, ayudan a la empleabilidad. Eso aumenta también la capacidad de tener ahorros y de ingresos que puedes ocupar en el día a día”.
La investigadora del IIED definió ‘vivienda adecuada’ como “un tipo de vivienda cualificada por siete dimensiones: seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural”.
Cociña dijo que “hay un universo de estudios y literatura que vincula directamente las condiciones de vivienda con la mortalidad infantil, la exposición a riesgos medioambientales, a enfermedades respiratorias y acceso a servicios de salud mental. En algunos países hay estudios que indican que niños y niñas menores de cinco años pueden hasta duplicar sus posibilidades de sobrevivir gracias a las mejoras de la vivienda”.
“Al poner todos estos elementos juntos, si se da una respuesta adecuada de manera masiva, nuestro estudio muestra que en términos de salud la esperanza de vida podría aumentar hasta un 4% en los países, esto es, añadir 2,4 años de vida en promedio. Esto significa que se podrían evitar 730 mil muertes prevenibles anualmente sólo por asegurar acceso a vivienda adecuada en asentamientos precarios. Un número mayor que lo que provocaría la erradicación de la malaria a nivel mundial”, añadió.
Efectos similares podría haber también en la escolaridad, “con un aumento de 28% gracias al acceso a la vivienda, que podría repercutir en que 41 millones de niños y niñas que podrían matricularse en la educación”.
“Cuando los residentes de asentamientos precarios están mejor, todos como sociedad estamos mejor”, concluyó.
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Fuente: Pauta, Miércoles 31 de Mayo de 2023
