EL MERCURIO – Chile es un país privilegiado en materia de recursos hídricos. Cuenta con 200 millas marítimas, 101 cuencas hidrográficas, 1.251 ríos, cerca de 13.000 lagos y lagunas, unos 24.000 glaciares y, en términos de agua procedente de las precipitaciones, posee un promedio per cápita muy superior a la media mundial.
Sin embargo, la creciente demanda de suministro, el deterioro de la infraestructura y el cambio climático están provocando escasez en algunos lugares y durante determinados períodos, lo que está limitando el desarrollo de la agricultura, la industria, la minería, la producción hidroeléctrica e, incluso, ocasionando conflictos entre esos sectores debido a la competencia por el recurso.
Hasta ahora, la discusión se ha centrado en la reforma al Código de Aguas, debate que es necesario hacer, pero nos hemos olvidado de que hoy la principal prioridad es asegurar la disponibilidad del recurso, sobre todo si consideramos que más del 80 por ciento del agua se va al mar y se pierde. Si pudiéramos aprovechar bien esa agua que escurre en superficie, esta sería un recurso menos escaso y el impacto de la sequía se atenuaría.
En este escenario, Chile debe avanzar hacia una gestión sostenible del recurso hídrico a través de un conjunto de tareas, de modo de armonizar objetivos económicos, sociales y ambientales, y -además- lograrlo con un costo mínimo. Entre ellas, garantizar el desarrollo productivo sustentable reduciendo el impacto de las sequías y el cambio climático, para lo cual se deben construir embalses y miniembalses, fortalecer la incorporación del riego tecnificado en la superficie agrícola e instalar plantas desaladoras, por mencionar algunas.
Desde el punto de vista institucional, en tanto, resulta imprescindible realizar una evaluación sistemática de los recursos hídricos, con la finalidad de conocer verazmente su disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad, lo que debe complementarse con una reorganización de los sistemas de información hídrica, de manera que los procesos de toma de decisión se basen en datos más fidedignos y actualizados.
También es fundamental mejorar la gobernabilidad de los recursos hídricos. En la gestión del agua participan cerca de 43 instituciones en nuestro país, con objetivos muchas veces divergentes, por lo que es frecuente que exista superposición de funciones, falta de coordinación, roles poco definidos y, por ende, responsabilidades no lo suficientemente claras. Esto impide una gestión integrada y sustentable del agua.
Por el contrario, Chile requiere una gobernanza hídrica basada en políticas públicas claras, un marco jurídico adecuado, así como sistemas de participación social e instituciones apropiadas, debidamente reglamentadas y con las capacidades necesarias, además de la debida coordinación entre los diversos actores y en los diferentes ámbitos territoriales.
Estas son solo algunas de las iniciativas que debemos impulsar para una adecuada gestión del recurso. Lamentablemente, no veo un debate serio sobre los urgentes desafíos que nos impone el actual escenario hídrico. Hay muchos diagnósticos, pero pocas decisiones. Así como hace más de 20 años nos planteamos el objetivo de dotar de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas servidas a toda la población de zonas urbanas del país, hoy debiéramos proponernos el reto de asegurar la disponibilidad de un elemento primordial para la vida de las personas y el desarrollo del país.
Eduardo Frei Ruiz Tagle
Ex presidente de la República
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura
Fuente: El Mercurio, Sábado 28 de julio de 2018
