PULSO – Chile se ha ganado un lugar como líder global en energías renovables, gracias a sus inmejorables recursos naturales y a políticas que han fomentado la apertura a la inversión extranjera. Eso se ha traducido en que, en la última década, la diversificación de su matriz energética ha aumentado significativamente el número de generadores eléctricos y elevado la penetración de energías renovables al 65%, atrayendo inversiones por más de USD 30 mil millones.
Esto ha generado entusiasmo para seguir avanzando con metas ambiciosas, como el compromiso voluntario entre las empresas generadoras y el Estado de cerrar las centrales a carbón a más tardar en 2040, lo que implica reemplazar 5 GW de carbón por 15 GW de proyectos renovables. Un esfuerzo fundamental para cumplir con la Ley de Cambio Climático, cuya meta es ser carbono neutrales al 2050.
Para lograrlo, se requieren muchas más inversiones significativas y sostenidas. Sin embargo, la burocracia para el desarrollo de proyectos, la falta de predictibilidad en la tramitación de permisos y la lentitud en estos procesos, que en algunos casos superan los 900 días, se han convertido en verdaderos cuellos de botella que merman y amenazan el desarrollo actual y futuro de la industria renovable. La Central de Bombeo Paposo de Colbún y el Parque Eólico Faro del Sur de HIF Global y Enel Green Power, son sólo algunos ejemplos de cómo la falta de claridad y predictibilidad en la permisología pueden retrasar o incluso frenar grandes iniciativas de inversión. Además, la infraestructura de transmisión insuficiente y la falta de aceptación social para ciertos proyectos añaden capas de complejidad e incertidumbre.
Para mantener el impulso hacia un futuro sostenible, Chile necesita más y mejor inversión en energías renovables. Estos proyectos no solo son esenciales para cumplir las metas nacionales, sino que también benefician al medio ambiente y mejoran el bienestar de la población. Para continuar atrayendo estas inversiones, es crucial proteger nuestro activo más valioso frente a los inversionistas: la estabilidad regulatoria y una robustez institucional que aseguren que el país mantiene sus compromisos y responde a las expectativas del mercado.
El gobierno parece haber reconocido la necesidad de mejorar los procesos regulatorios, y la propuesta de reforma a la permisología es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, esto no es suficiente. Se requiere de voluntad política, capacidad de gestión y el establecimiento de plazos claros y conocidos para que los inversionistas puedan planificar sus proyectos con certeza. También es fundamental una mirada de largo plazo que trascienda gobiernos en que las “reglas del juego” se mantengan consistentes, permitiendo una mayor previsibilidad para quienes desean invertir en el futuro energético del país.
Es el momento de pasar de la retórica a la acción. Chile debe impulsar un esfuerzo coordinado entre el sector público, privado y la sociedad civil para capitalizar esta enorme oportunidad. La transformación de los sistemas energéticos globales representa una chance única para que el país lidere el camino hacia un futuro más limpio y sostenible, considerando su posición privilegiada respecto al cobre y litio, elementos esenciales para ello. Pero esto solo será posible si todos los actores se comprometen a colaborar y gestionar de manera efectiva y técnica los desafíos que enfrentamos.
Chile tiene el potencial, las capacidades y los recursos para ser un líder en energías renovables. La pregunta es: ¿aprovecharemos esta oportunidad o dejaremos que se nos escape de las manos?
*Los autores de la columna son socio de Virtus Partners, y country manager de Statkraft Chile
Fuente: Pulso, Martes 22 de Octubre de 2024
