EL MERCURIO – Uno de los diagnósticos compartidos sobre las ciudades chilenas es que tienen altos niveles de segregación y desigualdad. La falta de integración social se hace más patente en las áreas metropolitanas, y no solo se expresa en familias de un mismo segmento socioeconómico que viven uniformemente en un barrio, sino en amplias brechas de equipamiento, servicios, movilidad y áreas verdes que suelen marcar diferencias entre zonas de ingresos altos, medios y bajos.
Para resolver este desequilibrio, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) ha trabajado por casi dos años en la elaboración de diversos estándares urbanos, que, a partir de un conjunto de indicadores, buscarán reducir los déficits.
Un borrador del sistema de indicadores y estándares urbanos al que tuvo acceso “El Mercurio” plantea 260 indicadores que medirán la calidad de vida urbana. De ellos, los miembros del consejo priorizaron 50 hitos estructurales, asociados a estándares con metas deseables, que se renuevan a medida de que se cumplan.
Escuelas a mil metros
Por ejemplo, se define que las viviendas y las plazas públicas mantenidas (con riego) no deben estar separadas por más de 500 metros (cinco cuadras), misma distancia que se considera para paraderos del transporte público y jardines infantiles.
También se fija una distancia máxima de mil metros a establecimientos de enseñanza básica, de 2.500 metros a un centro de salud primaria y de cinco mil metros a un parque público mantenido.
En transporte público fija en una hora el máximo de tiempo promedio de viaje en la hora punta de la mañana. También define que el 90% de la población del área urbana funcional (la ciudad, más comunas adyacentes que funcionan en torno a ella, según lo establece la OCDE) esté dentro del área de influencia de los servicios de buses, trenes o metro. En tanto, reitera la meta actual de contaminación de 20 ug/m {+3} (microgramos de partícula por metro cúbico), pero la reduce a 15 ug/m {+3} en 15 años y, luego, a 10 ug/m {+3} en 10. En temas ambientales, establece en un kilo el máximo de peso de disposición de basura por persona y estima en más de 25% la cantidad de residuos reciclados.
“El CNDU hizo una propuesta muy concreta con indicadores priorizados, con estándares que pueden ser enriquecidos y se pueden agregar más. Esto es como el Plan AUGE en salud: se garantizan derechos y se van aumentando las garantías. Esto también se va a ir complejizando. Se trata de un cambio de paradigma”, señala la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball.
Para asegurar su ejecución, los indicadores y estándares podrán ser exigidos por diversas leyes y en planes de inversión. Algo así se incluyó en la Ley de Mercado de Suelos, según especifica la ministra Saball. “Establece en los planes reguladores comunales que se garanticen estándares de área verde, equipamiento comunitario, vialidades y estacionamientos”, explica.
La decisión sobre este plan de estándares será dada a conocer en marzo por la Presidenta Michelle Bachelet. La idea es que se establezca un conjunto de definiciones para intervenciones futuras y otro para corregir retroactivamente los déficits de zonas urbanas consolidadas, tal como sucede, por ejemplo, con el plan maestro de Bajos de Mena.
Luis Eduardo Bresciani, presidente del CNDU, dice que las reformas legales de los gobiernos regionales, el nuevo fondo de infraestructura o la ley de aportes al espacio público son herramientas que ayudarán a elevar los estándares. “Es clave superar la tiranía de los promedios y que el Estado defina los estándares de acceso equitativo a bienes públicos de calidad, como son los equipamientos sociales, la infraestructura, el espacio público, el transporte o la participación ciudadana, que definen la calidad de vida urbana”.
METAS
Se define una tasa máxima de 5% de desempleo y 70% de ingresos propios en los municipios.
500
metros entre una vivienda y un jardín infantil, una plaza pública mantenida (con riego) y un paradero de transporte público define la propuesta inicial del CNDU.
10
cuadras, equivalentes a 1.000 metros, es el rango de distancia máxima de una vivienda a una escuela (educación básica). En tanto, 2.500 metros es la lejanía considerada a un centro de salud primaria.
10 m2
de plazas públicas mantenidas por habitante establece el documento, además de una distancia de 5.000 metros a un parque público mantenido. También fija en sobre 25% el porcentaje de residuos sólidos reciclados.
Fuente: El Mercurio, Domingo 4 de febrero de 2018
