PULSO – El actual ministro de Energía ha relevado entre las prioridades de su cartera agilizar la tramitación del proyecto de ley sobre almacenamiento de energía eléctrica, dada su relevancia para el desarrollo energético de Chile y para el cumplimiento de la meta de descarbonización.
Este Proyecto de Ley también contiene otros dos temas de suma importancia: la participación de ERNC en la matriz de generación eléctrica y el fomento de la electromovilidad. Las tres áreas fueron visionariamente planteadas en un único Proyecto de Ley y se vinculan entre sí al habilitar los sistemas de almacenamiento pertenecientes a los vehículos eléctricos, para que puedan participar en el mercado de la energía y, de esta manera, sus propietarios puedan aprovechar todos los beneficios económicos de esta tecnología.
No obstante, esa solución económica para el uso de tecnologías de movilidad 100% eléctrica, puede ser vista también de un modo algo menos optimista dado los elevados precios de este tipo de vehículos que, más allá de los ahorros esperados en el tiempo, aún hacen muy lejana la posibilidad de acceder a ellos. Por su parte, la exención -transitoria- del pago del permiso de circulación que se establece como único incentivo en el Proyecto de Ley no resulta suficiente, ni desde la perspectiva de los costos y la realidad nacional, ni desde la experiencia comparada a nivel internacional.
A su vez, al mirar la apuesta que parece desprenderse del Proyecto de Ley que permite el uso de las baterías de los vehículos para el arbitraje de energía o la gestión de demanda, no podemos dejar de preguntarnos acerca del estado del arte de la tecnología que lo haría posible y de sus efectos en el dimensionamiento y costos de las redes de distribución.
La meta país de tener autos cero emisiones para el año 2035 es seria. Pero, para que esto suceda, se debe hacer frente a múltiples desafíos regulatorios y de política pública. Primero, se necesitan más y mejores incentivos para cambiarse a la electromovilidad. Éstos no sólo se agotan en exenciones para el pago del permiso circulación, sino que en un plan de subsidios que fomente la adquisición del automóvil eléctrico. Segundo, la elaboración de un reglamento que haga posible la interacción que supone el arbitraje de energía almacenada en las baterías de autos eléctricos, capaz también de agilizar la tramitación para la conexión de las fuentes de almacenamiento vehiculares al sistema distribuido. Tercero, la formulación de políticas públicas para promover la inversión en infraestructura de carga rápida que asegure el suministro de energía para trayectos largos y; cuarto, pero sin duda el más relevante, la creación del marco regulatorio sobre almacenamiento puro de energía, con un sistema de remuneración que incite a invertir en esta tecnología.
Fuente: Pulso, Martes 27 de Septiembre de 2022
