EL MERCURIO – Un canal de 180 kilómetros que se construiría para trasladar aguas servidas tratadas desde Santiago a los valles de Casablanca y Curacaví, de modo de paliar la escasez hídrica de esta zona, está silenciosamente gestando un impasse entre los canalistas del río Mapocho y Aguas Andinas. ¿El motivo del debate? El derecho de uso que tiene la firma sanitaria sobre las aguas servidas una vez que las trata y descontamina en sus plantas, y si puede utilizarlas o no para fines distintos que devolverla al Mapocho para que los canalistas la utilicen para regar sus tierras.
El año pasado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) decidió iniciar los estudios para el proyecto “Canal Prosperidad”, como denominaron a esta iniciativa para llevar agua a Casablanca. Dicho proyecto ingresó para su evaluación al Ministerio de Desarrollo Social, de modo que este visara el interés público que tiene la iniciativa, y el 28 de diciembre la cartera dio su aprobación para que se destinen $5.840 millones a un estudio que evalúe las opciones de traslado del agua, las que pueden ser de aguas tratadas de Santiago o de Valparaíso, entre otras opciones.
Antes, en enero de 2016, Aguas Andinas había firmado un protocolo de acuerdo para ceder tres metros cúbicos por segundo de agua tratada desde sus plantas La Farfana y El Trebal, ubicadas entre las comunas de Maipú y Padre Hurtado, para ser destinadas a este canal, durante los meses de junio a septiembre de cada año.
Este compromiso encendió las alarmas en la Confederación de Canalistas de Chile. Es que a ojos de este gremio, el agua que ingresa a las plantas de tratamiento de aguas servidas no es de Aguas Andinas, sino que solo debe descontaminarla para volverla a su cauce natural, en este caso, el río Mapocho, explica Fernando Peralta, el presidente del gremio de los canalistas. “Lo que se ha olvidado es que las aguas que provienen de las plantas de tratamientos de aguas servidas son aguas cuyo origen siempre fue para que se usaran como agua de riego y no tienen derecho a darle otro uso”, asegura Peralta, quien dice que ha sostenido reuniones con el MOP, con el delegado presidencial de Recursos Hídricos y con Aguas Andinas para hacer ver su punto de vista.
Actualmente, los tres metros cúbicos por segundo de agua servida tratada que pretende ceder Aguas Andinas vuelven al río Mapocho a la altura de La Rinconada de Maipú y el Puente de la Esperanza (Maipú y Padre Hurtado), y representan del orden de 10% del agua con que se riegan unas 60 mil hectáreas, a través de diversos canales, y que llega a zonas como María Pinto, Bollenar, el valle de Mallarauco, Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante. Según Peralta, esa agua pertenece a 12 organizaciones de la Tercera Sección del río, que suma unos 4 mil usuarios.
¿De quién es el agua servida una vez tratada?
Pero en Aguas Andinas no están de acuerdo en la definición de que el agua servida una vez tratada es propiedad del río y de quienes tienen sus derechos de uso sobre el cauce. “Se trata de aguas captadas y potabilizadas, sobre las cuales las empresas sanitarias tenemos derechos consuntivos de aprovechamiento”, responde Pedro Bustamante, abogado de Aguas Andinas.
Además, la sanitaria despeja otra duda que habían planteado los canalistas: el agua no la van a regalar. “Debemos ser enfáticos en aclarar que como Aguas Andinas no hemos regalado nada (…) Ese aporte se hará siempre y cuando en forma previa se firmen los acuerdos correspondientes con quienes usarán esas aguas en los valles de Casablanca y Curacaví, acuerdos que deben contemplar un pago por las aguas entregadas”, agregó el abogado.
Es más, en la sanitaria explican que incluso los clientes de esta serían compensados si es que el agua se vende a Casablanca y Curacaví, dado que -recalcan en la empresa- en la cuenta de agua se les cobra por el tratamiento de las aguas. “Las aguas servidas tratadas que se entreguen al Canal Prosperidad no se regalarán y el ingreso producto de esa entrega, de acuerdo a los convenios que se firmen, será compartido con los clientes de Aguas Andinas, quienes hoy pagan por la depuración de las aguas servidas. Es decir, los ingresos beneficiarían las cuentas de agua de los clientes del grupo Aguas Andinas”, plantea Bustamante.
Peralta dice otra cosa. “El motivo principal de la privatización del agua fue porque las aguas del río Mapocho estaban contaminadas y no se podía regar con ella, por eso Chile la privatizó para que alguien las trate y las devuelva al río. Se han olvidado de la razón por la cual se hizo toda esta inversión, y ahora se quiere usar esas aguas para fines distintos por los cuales se hizo la licitación de la concesión”, afirma.
Dentro de las alternativas que da Peralta para zanjar este asunto, es que el agua sea comprada directamente a los canalistas del río Mapocho y no a Aguas Andinas. “Nuestra posición es que no es conveniente para el país, ni para la Región Metropolitana, ni para la de Valparaíso, que hagamos un proyecto de trasvasije sobre la base de un litigio. Lo que se debe hacer es evitar el litigio, y eso es simple: hay meses en que hay sobrantes de agua en el río Maipo y en el Mapocho, pero esa agua tiene dueño, hay derechos de aprovechamiento de aguas”.
Para hacerlo, explica, si Casablanca quiere usar el agua del Mapocho, tiene que pagar por ella y no esperar que Aguas Andinas se la ceda, porque, insiste en su punto, el agua no es de la sanitaria. “Yo quiero que se respete el esquema económico y legal en el cual estamos. En Chile se determinó que cuando alguien quiere usar un bien que es ajeno, tiene que pagarlo. Si empezamos a hacer excepciones, estamos abriendo una brecha a nuestro sistema, y vamos a desordenarlo todo sin haberlo reemplazado por otro. Si los agricultores del Valle de Casablanca quieren utilizar nuestra agua, pueden hacer contratos directos con los regantes del Mapocho. Aquí, el tema es si respetamos o no el derecho de agua”, concluye Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile.
Aguas Andinas: el agua tratada no es de los regantes del Mapocho
Aguas Andinas difiere. “No estamos hablando de aguas que vienen en el cauce del río Mapocho y que dejan de llegar a los regantes. Estamos hablando de agua que ha sido captada de diversas fuentes (Maipo, napas subterráneas, entre otras), luego potabilizada y consumida por los habitantes de Santiago, tanto en actividades industriales como domésticas, incluido el alcantarillado. Sobre esa agua que descontaminamos tenemos derechos”.
Y agrega: “Recién cuando el agua tratada es vertida a un cauce natural adquiere el carácter jurídico de bien nacional de uso público. Esto es relevante, porque mientras dichas aguas no se descarguen a un cauce natural son del dueño de las obras hidráulicas que las contienen. En este caso, de Aguas Andinas”, enfatiza.
Pero los canalistas están convencidos de su punto de vista e incluso llaman a abrir un poder comprador de derechos de agua en el Maipo-Mapocho para enviar agua, a través del Canal Prosperidad, hacia Casablanca y Curacaví. “Quien quiera hacer este proyecto tiene que abrir un poder comprador de derechos de agua en el Maipo-Mapocho. Punto. Aquí se vende, hay un precio de referencia. Abran un poder comprador”, insiste.
Ese punto en particular es rebatido directamente por Aguas Andinas. “Los canalistas del Mapocho tienen derechos de aprovechamiento sobre aguas que son conducidas por el río en su calidad de bienes nacionales de uso público y no sobre las aguas servidas tratadas, que tienen su origen en los derechos consuntivos de Aguas Andinas y provienen sobre todo del río Maipo y de napas subterráneas. No corresponde que se les compense por algo que no les pertenece y sobre lo que no tienen derecho”, recalca Bustamante.
¿Qué dice la autoridad sanitaria de todo esto? En un oficio, la Superintendencia de Servicios Sanitarios plantea que “estamos en presencia de una discusión jurídica no zanjada ni resuelta legalmente” (ver recuadro).
MOP sabe del impasse: hay varias alternativas
En el Ministerio de Obras Públicas están conscientes de esta disputa, pero aclaran que el proyecto recién va a comenzar su estudio. “Los regantes del Mapocho han hecho llegar sus inquietudes, y en ese sentido, el estudio considera analizar aproximadamente ocho alternativas de fuentes de abastecimiento, para finalmente priorizar aquella que sea socialmente rentable y conveniente para el bien común”, explicaron de forma escrita a este medio. Y agregan que “desde el punto de vista de la necesidad del recurso hídrico y del proyecto, la severa sequía que afecta a distintos sectores de la Región de Valparaíso hace necesario proponer diferentes alternativas de solución”.
Así las cosas, un proyecto que recién comenzará su fase de estudio ya promete una batalla entre la sanitaria y los regantes. Judicializarlo sería la próxima etapa que analizan los canalistas.
Fuente: El Mercurio, Domingo 18 de Febrero de 2018
