LA TERCERA – Si bien por ahora es solo un anuncio, en el Consejo de Políticas de Infraestructura creemos que a medida que dicho plan avance en su proceso de aprobación por el Congreso se transformará en un referente de las políticas públicas de infraestructura en el mundo.
El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un millonario y ambicioso plan de infraestructura para reactivar la economía y generar empleos.
Si bien por ahora es solo un anuncio, en el Consejo de Políticas de Infraestructura creemos que a medida que dicho plan avance en su proceso de aprobación por el Congreso se transformará en un referente de las políticas públicas de infraestructura en el mundo, y que aquellos aspectos que nos parezcan positivos podrían ser incorporados desde ya a la planificación en nuestro país.
Lo primero es la magnitud del plan -más de 2 billones de dólares a desarrollar en 8 años- y su importancia relativa respecto de otras áreas de la administración. Presentado como uno de los ejes de la gestión Biden y como la iniciativa de infraestructura más grande desde el desarrollo del sistema de carreteras norteamericano –conocido por su importancia y amplitud- es además el mayor esfuerzo en creación de empleo desde la II Guerra Mundial.
Esto nos llama a reflexionar acerca de la necesidad de volver a poner las políticas de infraestructura en los primeros lugares de la agenda pública y a ser audaces en esta materia, en momentos que el país requiere recuperación económica y creación urgente de nuevas fuentes de trabajo.
Un segundo aspecto que destacar es lo balanceado de los objetivos que se plantean. A la generación de millones de empleos se suman los de fortalecer la competitividad (medida respecto de sí mismos y de China), enfrentar el cambio climático, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y resolver problemas sociales específicos en el ámbito territorial y laboral.
Esta amplia gama de objetivos, posibles de lograr por medio de las obras públicas, relevarán la importancia de éstas en los distintos países, también en Chile. En general, las políticas de infraestructura contribuyen con el país de distinta forma, con el empleo que generan durante la construcción y con la mejor calidad de vida y competitividad posteriormente. El desafío en los planes actuales en Chile es incorporar explícitamente criterios de equidad y de cambio climático.
La amplitud en el tipo de proyectos es un tercer aspecto que recoger del plan norteamericano. A los esfuerzos de mejora en caminos y autopistas se incorpora la inversión en viviendas y nuevas tecnologías constructivas; se amplía la inversión en banda ancha de Internet, sistemas de agua potable y saneamiento y el apoyo al transporte público, puertos y aeropuertos, sistemas de trenes de carga y de pasajeros; se impulsa la generación de energías limpias y la masificación de vehículos eléctricos y, finalmente, se pone foco en la infraestructura resiliente, que permita enfrentar adecuadamente las catástrofes naturales, entre otras materias.
Resulta natural hacer el paralelo en cada una de estas áreas con nuestra realidad. A pesar de avances importantes en muchas de ellas queda mucho por hacer, particularmente en agua potable rural y en resolver el déficit de vivienda. También son muchos los kilómetros de caminos rurales por pavimentar, y el transporte de pasajeros y de carga puede mejorar si fortalecemos el tren. El 45% de los hogares en el país no tiene conexión domiciliaria a Internet y los efectos del cambio climático están a la vista en todo el territorio.
Finalmente, será motivo de controversia en EE.UU. el financiamiento de este plan, que ha sido planteado a través de un aumento del impuesto corporativo a las empresas, desde el 21% al 28%. Más allá de la fórmula final que se defina en el Congreso norteamericano y de la discusión tributaria en nuestro país producto de la crisis económica y sanitaria, el análisis respecto a cómo financiar futuros planes de infraestructura de Chile es relevante. Hasta ahora hemos impulsado planes mixtos entre financiamiento público (financiado con impuestos) y vía distinto tipos de asociación público-privada, dependiendo del sector. Es posible que, dado el conjunto de demandas sociales a financiar, debamos seguir con esa fórmula mixta, pero para que ello sea viable, se requiere relegitimar la asociación público-privada en la ciudadanía, lo que debería ser un esfuerzo compartido entre el estado y el sector privado.
El plan norteamericano es por ahora solo un anuncio, pero desde ya debemos estudiarlo en Chile.
Fuente: La Tercera, Viernes 23 de abril de 2021
