EL MERCURIO – Es probable que la rentabilidad nunca sea la que imaginaron los concesionarios.
Por fin el aeropuerto de Santiago ha completado su nuevo terminal internacional. Este cuenta ahora con estándares de diseño, construcción y operación que el concesionario considera de nivel mundial y una capacidad tres veces mayor. Las inversiones fueron estimadas por el Ministerio de Obras Públicas en US$ 700 millones, pero el concesionario asegura haber invertido US$ 1.000 millones.
El proceso de renovación ha sido largo, pues el contrato del aeropuerto anterior debía haber terminado a principios de la década. Al no disponer el MOP de un nuevo proyecto, fue extendido, con lo que finalmente solo se adjudicó la segunda concesión en 2015 y los usuarios debieron sufrir alta congestión por años.
Esta segunda concesión es por 20 años, que comenzaron con la firma del contrato. Ya han transcurrido seis, durante los cuales la empresa recibió ingresos de la concesión (así como el Estado, que se lleva más de tres cuartos de ellos). El contrato permite ser extendido si la demanda crece y esto hiciera necesarias nuevas inversiones para ampliar la capacidad. Sin embargo, toda esta gran inversión tiene hoy poco uso, debido a los efectos de la pandemia; su tasa de utilización es de menos de un 20%. Esto no permite siquiera cubrir los gastos operacionales, según el concesionario. Por el contrario, antes de la pandemia (y del estallido social), las tasas de crecimiento de la demanda eran tan elevadas que se estimaba que se activaría tempranamente la cláusula de extensión.
La empresa ha solicitado alargar la concesión para compensar estos años perdidos, a lo cual el Gobierno se ha negado. La disputa ha escalado al organismo de arbitraje internacional Ciadi. Independientemente de ello, la autoridad puede actuar para aumentar la demanda sin ceder en lo que considera sus derechos. Por ejemplo, se pueden agilizar los procedimientos a la entrada al país (manteniendo estándares de seguridad frente a la pandemia) y mejorar el proceso de reconocimiento de vacunados en el exterior. Estas medidas, además, reducirían las quejas de los viajeros.
Una pregunta relevante es sobre el futuro de la industria de la aviación. Incluso si termina la pandemia, enfrentará varias amenazas. Primero, por los efectos ambientales de las emisiones de gases de efecto invernadero: es probable que se impongan impuestos a los combustibles fósiles o se incorporen otros combustibles sin efectos negativos, pero de mayor costo. El resultado será elevar el costo de viajar, lo que reducirá la tasa de crecimiento de la demanda. Tal vez aún más importante es que la pandemia ha demostrado que muchos viajes de negocios pueden ser reemplazados por reuniones audiovisuales.
Ambos factores significan que la tasa de crecimiento de viajes en el largo plazo será menor de la esperada al otorgarse el contrato. Es probable que la rentabilidad de esta inversión nunca llegue a ser la que imaginaron los concesionarios al realizar su oferta.
Fuente: El Mercurio, Lunes 06 de Septiembre de 2021
