PAUTA – A junio el gasto efectivo de los cinco principales ministerios inversores llega solo al 39%. El retraso es aún mayor en las obras financiadas por los gobiernos regionales.
El Gobierno ha puesto sus fichas en un ambicioso plan de inversión pública, el más grande de las últimas décadas, que busca constituirse en un motor de la reactivación. Si lo habitual es que el Estado ejecute en torno a US$ 8.000 millones en inversión pública, en 2021 el plan suma recursos por cerca de US$ 12.000 millones.
Al dar cuenta de la ejecución del Presupuesto, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, enfatizó el avance de los desembolsos destinados a este ítem, luego que el gasto de capital creciera 19,1% en junio respecto de igual mes de 2020. Explicó que ese avance se debe evaluar considerando que “este año la inversión pública es muy superior a la que teníamos en años anteriores”. La apuesta de Hacienda es que se logre una alta ejecución y con ello que la inversión fiscal avance en torno a 28% anual.
Pero llegar a esa meta no es fácil. Los datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) muestran que los cinco principales ministerios ejecutores (que suman el 98% del gasto) han gastado 39% de los recursos en el primer semestre. Solo Obras Públicas, Vivienda y Educación muestran ejecuciones mayores que en igual período de 2020. En cambio, Salud e Interior están rezagados, lo que responde -según explicó Dipres- tanto al efecto de la pandemia, que ha retrasado licitaciones, como a las nuevas leyes asociadas a la nueva gobernanza regional, respectivamente.
El director ejecutivo del Centro de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, plantea que para poder hacer efectivos los proyectos de infraestructura “es necesario que haya una coordinación interinstitucional para que pueda ejecutarse en forma ágil y rápida”, para lo cual propone crear una unidad asesora especial que planifique y monitoree estos procesos. Junto con valorar el plan de inversiones públicas impulsado por el Gobierno, considera importante que “este esfuerzo sea permanente, que no se valore solo la infraestructura para generar empleo en el corto plazo, sino como una contribución a mejorar las condiciones productivas del país”.
El rezago de las regiones
En medio del primer proceso de elección de los gobernadores regionales y los cambios que se discuten sobre sus facultades y presupuestos, la inversión que se canaliza mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional enfrenta retrasos.
La inversión de los Gobiernos Regionales (GORE) alcanza apenas el 32,3% de ejecución al cierre de junio, con Arica y Ñuble bajo el 14% y la Metropolitana disparada con 54% de avance. Se trata de la ejecución más baja desde 2010 y está lejos del promedio de 45% en la última década. Incluso está rezagada respecto de lo ejecutado en 2020, donde objetivamente las cuarentenas tuvieron un mayor impacto en reducción de la movilidad.
“Uno de los problemas que están teniendo las empresas es que los trabajadores todavía tienen restricciones de movilidad y, por lo tanto, no pueden desplazarse como habitualmente ocurre en los programas de infraestructura. Eso ha hecho más difícil la contratación en regiones y ha generado también una cierta presión por mayores remuneraciones”, opina Carlos Cruz, quien es partidario de elevar salarios para resolver problemas de empleabilidad.
El impacto en empleo
Este año la inversión pública busca no solo constituir un motor para la actividad, por su efecto multiplicador especialmente en las economías locales donde se desarrollan las obras, sino también contribuir a levantar el empleo que no ha logrado recuperar los niveles prepandemia. Esto, porque mientras se ejecutan los proyectos, se genera una mayor demanda de trabajadores.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) estima trimestralmente el empleo asociado a la inversión que financia el Fisco, utilizando un modelo que refleja la cantidad de empleos promedio generado por cada $1.000.000 invertido. Este modelo data de 2013 y no se ha ajustado en la pandemia, confirmaron desde la entidad.
Los datos muestran que en el segundo trimestre de este año el empleo promedio trimestral asociado a la inversión pública llegó a 414 mil plazas, mayor que los 354 mil puestos de trabajo del mismo periodo de 2020 y también superior a los 297 mil del primer tercio de 2021. Sin embargo, todavía están lejos de los 568 mil empleos promedio del trimestre octubre-diciembre pasado, que constituyen el punto más alto de la serie en la pandemia hasta el momento. Una vez más, las restricciones a la movilidad asociadas a la pandemia son la principal razón para estos resultados.
Fuente: Pauta, Miércoles 04 de Agosto de 2021
