PAÍS CIRCULAR – El mundo financiero global cumple un rol clave para frenar el calentamiento global, por su capacidad única de mover miles de millones de dólares hacia proyectos verdes y objetivos climáticos que ayuden a cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Cómo aterrizará esto en el sector de la infraestructura fue el análisis central del seminario “Infraestructuras verdes: Cómo avanzar a un financiamiento sostenible”, donde José Luis Blasco, director global de sostenibilidad del Grupo Acciona; Bernardita Piedrabuena, consejera de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, y Marcela Hernández, directora general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregaron su visión al respecto.
Para alcanzar el éxito en los esfuerzos globales por reducir emisiones y frenar el cambio climático, la inversión pública no bastará por sí sola. De hecho, se requerirá que el sistema financiero global canalice parte importante de su dinero hacia inversiones más sostenibles, lo que quedó en evidencia en la última cumbre climática -COP26- tras el anuncio de que 500 grandes firmas financieras gestionarán 130 billones de dólares, cerca del 40% de los activos financieros del mundo, hacia objetivos climáticos relacionados con el Acuerdo de París.
Todo esto implicará, por cierto, que tanto las instituciones financieras como las empresas deberán informar detalladamente respecto de la sostenibilidad de sus inversiones, activos y operaciones, para garantizar que efectivamente contribuyen a la reducción del calentamiento global.
Cómo aterrizará esto en el sector de la infraestructura fue el análisis central del seminario “Infraestructuras verdes: Cómo avanzar a un financiamiento sostenible”, organizado por Acciona, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y País Circular, que contó con cuatro expertos en la materia: José Luis Blasco, director global de sostenibilidad del Grupo Acciona; Bernardita Piedrabuena, consejera de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, y Marcela Hernández, directora general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Para Blasco, hoy existe una oportunidad enorme para el sector, que se grafica muy bien en la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. De las 169 metas que incluyen esos objetivos, dijo, el 72% están relacionados con la infraestructura. “Es decir, solo a través del desarrollo de infraestructuras podremos conseguir los objetivos de la agenda global”, afirmó. Hoy se calcula que faltan aproximadamente 2,5 trillones de dólares en los distintos sectores de la infraestructura para alcanzar las metas
Esto implicará cambiar el paradigma en el que se ha trabajado por años, dijo Blasco, basado principalmente en “no hacer daño”, tener mejores regulaciones, productos, una capacidad de crear valor y puestos de trabajo. Ese paradigma hoy es absolutamente generalizado, agregó, pero para avanzar hacia un 2050 neutro en carbono se requiere de un cambio importante, requiere una manera diferente de gestionar.
“Aquellos proyectos de infraestructura que tengan en su ejecución una emisión de CO2 van a terminar como activos obsoletos. No vamos a poder desarrollar, ejecutar y operar en el futuro activos que emitan CO2. Para eso, necesitamos una nueva manera de ver las cosas, y no simplemente ese no hacer daño. Nos vamos a encontrar con una descarbonización radical de nuestras operaciones. Hay países, como Noruega o Nueva Zelanda, donde los proyectos no pueden tener emisiones si operan en ciudades. Deben ser ejecutadas con maquinaria pesada eléctrica, o de hidrógeno”, afirmó.
Además, dijo, en un escenario en que los fenómenos climáticos extremos se van a seguir incrementando, esta infraestructura debe estar adaptada a las nuevas circunstancias y muchos sectores, como la generación de energía, el transporte, la construcción y la agricultura van a tener que transformarse.
Todo esto implicará un nuevo modelo de desarrollo económico para el horizonte de 2050, y parte de ello ya se está delineando en la Unión Europea, planteó Blasco, que definió una taxonomía, es decir, definió un conjunto de 12 actividades que tienen un impacto mayor en las emisiones del continente y que deben transformarse para ser compatibles con el escenario carbono neutral, basado en lo que dice la ciencia. Y ello también se ha trasladado al sector financiero.
“Lo que han hecho los bancos europeos es que el regulador bancario les va a exigir unos requerimientos de capital superiores a los bancos que inviertan en estas actividades que no sean descarbonizantes, de forma que el precio del dinero se les va a incrementar. Y esto va a repercutir directamente en todas las actividades que están intensivamente relacionadas con las emisiones de GEI. Esta es una realidad absolutamente diferente a la que hemos vivido hasta ahora, donde la regulación se pone en marcha para tocar el financiamiento de las empresas”, explicó.
Se trata de un cambio en el que habrá perdedores, agregó, pero también muchas empresas que serán capaces de identificar dónde están las oportunidades y entenderlas adecuadamente, e invertir en esas soluciones. Y en esa transformación, hay una oportunidad para que las infraestructuras puedan explotar todo su potencial de valor.
“Ese impacto positivo, esa contribución positiva, es lo que estamos llamando regenerativo. Infraestructuras que son capaces no solo de no hacer daño, de integrar la parte climática o circular, sino que seamos capaces de regenerar el daño que hemos causado. Hablamos de multifuncionalidad en las infraestructuras, de circularidad radical, de renaturalización de los lugares, de materiales sostenibles, de estándares de bienestar, de tecnologías en cierta medida invisible, para poder recuperar ese daño que la visibilidad de la infraestructura ha podido generar (…) Regenerar el barrio, regenerar la naturaleza, forma parte principal de este objetivo”, dijo Blasco.
Avances en Chile
¿Cómo se está avanzando en Chile? Un paso adelante en esta materia, dijo Bernardita Piedrabuena, es la normativa ESG publicada por la CMF y que será una obligación para todos los emisores de valores, los que deberán reportar información e indicadores relacionados a la temática de gobernanza, sostenibilidad y cambio climático.
Junto con ello, agregó, el organismo participa de una mesa de trabajo junto a otras entidades públicas -al alero de la estrategia nacional de cambio climático- en la elaboración de taxonomía, “que es algo bastante crucial en el mercado financiero, de forma de poder evitar el greenwashing y que efectivamente aquellos inversionistas que quieran participar en el financiamiento de inversiones sepan con certeza que la empresa respectiva cumple con los estándares en cuanto ser una empresa responsable con el medio ambiente y con su comunidad”.
A esto se suma, dijo, que también trabajan en evaluar y analizar cómo el cambio climático impacta de manera prudencial a los bancos y compañías de seguro en particular, que son aquellos que -en el caso de los bancos- financian en forma directa a empresas a través de préstamos-, y compañías de seguros de vida en particular que compran bonos o acciones de empresas que necesitan financiamiento.
“La forma en que estas empresas se relacionen con el medio ambiente, la forma en que aborden los temas de transición y de adaptación al cambio climático, produce riesgos en estas empresas, y por lo tanto exponen a los bancos y compañías de seguros a riesgo. Nosotros, como reguladores prudenciales, estamos analizando qué cabrá hacer en el futuro en cuanto a los requerimientos de capital, y provisiones para bancos y para los requerimientos patrimoniales que pudieran tener las compañías de seguros en el futuro”, dijo Piedrabuena.
Aún está pendiente, agregó, el desarrollo del mercado de financiamiento directo, es decir, cuando los bancos prestan dinero a empresas a través de créditos. Si bien esta es una responsabilidad que tendrán que ir asumiendo los bancos, señaló, “en la medida que nuestra normativa de requerimientos de capital y provisión incorpore los riesgos de cambio climático sobre la cartera de los bancos, se va a hacer explícito en ello el costo que pueda tener financiar proyectos que no sean amigables con el medio ambiente porque el riesgo que ello ejerce, es decir, la probabilidad de pérdida o de no pago, se ve agravado. Ahí podríamos requerir mayores requerimientos de capital a través de lo que nosotros llamamos el pilar dos, si vemos que ese negocio que se está financiando es muy riesgoso. Ese es todo un proceso que se está llevando a cabo ahora en la CMF”.
En lo que respecta al sector público, Marcela Hernández afirma que como Dirección General de Concesiones del MOP al momento de diseñar los proyectos de la cartera, y luego al momento de ejecutar las obras, se consideran tres pilares fundamentales: el cuidado del medio ambiente, la vinculación permanente de esa infraestructura con las comunidades y con el territorio, y la participación ciudadana y la consideración de las personas, teniendo como objetivo mejorar su calidad de vida.
“Es un tremendo desafío avanzar hacia el financiamiento sostenible de estos proyectos, y que los proyectos de la cartera de concesiones puedan ser elegibles para el financiamiento a través de los bonos verdes. Se observa que los requerimientos de inversión son enormes, en Chile y el mundo, y por lo tanto nuestros proyectos entran a competir por financiamiento. Tenemos que considerar, al momento de diseñarlos, que sean atractivos no solo para los inversionistas, sino que también para los financistas, y ese es un desafío que nosotros estamos asumiendo de manera de poder incorporar al momento del diseño, y de manera temprana, todos los objetivos de desarrollo sustentable que requieran estos proyectos para ser candidatos a financiamiento sostenible”.
Para Carlos Cruz, aún no se observa un retraso respecto de la sostenibilidad en el sector privado. “Hace poco en el CPI de poner como cláusula obligatoria para las empresas que son parte de esta iniciativa que se adscriban a las normas ASG, y la verdad es que no fue acogido con gran entusiasmo, salvo algunas empresas que ya están embarcadas en esto. Por lo tanto, creo que hay todavía una cierta reticencia a asumir el rol protagónico que debe tener el sector privado en llevar adelante inversiones en esta disciplina, considerando todas las exigencias ambientales que el futuro nos demanda”, planteó.
Hoy, afirma, el nivel de exigencia que existe para avanzar en la agenda de los ODS son esenciales y requieren urgencia. Y esto en cinco grandes iniciativas: cómo la infraestructura contribuye a disminuir la pobreza, cómo esta contribuye al crecimiento del país, la sustentabilidad ambiental de los proyectos, la inclusión -cómo los proyectos contribuyen a una distribución más uniforme de los beneficios que generan-, y finalmente los aspectos de transparencia y gobernanza.
“Es muy importante lo que se está haciendo en materia de generación de condiciones del mercado financiero, y en ese sentido avanzar hacia la regulación de las normas ESG para las empresas que quieran ser actores relevantes en esta industria es fundamental. No creo que pueda esperarse simplemente una adhesión voluntaria, tiene que haber normativa, y en ese sentido lo que se ha hecho es muy importante”, afirmó.
Lo que se ha hecho desde el MOP, como agencia responsable de un 50% de las inversiones de infraestructura en el país, también es muy significativo, planteó Cruz. Sin embargo, agregó, a su juicio se requiere aún de una reflexión previa para determinar cómo se eligen las soluciones de infraestructura que Chile requiere.
“Cómo elegimos una solución que, cumpliendo con todos los objetivos nos hemos planteado, tenga la proyección en el tiempo lo más adecuada posible para lograr los objetivos sustentables que los países requieren. Y antes de entrar en el cómo, y en las normas que las empresas requieren para encontrar su solución, hay que hacer una reflexión respecto del tipo de soluciones que se requieren como país, y para eso tenemos una institucionalidad hoy día que es bastante débil, y nos parece que es muy importante poder invitar a una reflexión mucho más de fondo respecto de una planificación de nuestra infraestructura con mirada de largo plazo, de tal manera que pueda adecuarse a estos grandes objetivos que el país requiere”.
“Lo que tenemos que ver -agregó- es cómo convergen hacia una propuesta que tenga estos elementos más integrados. Para eso nosotros creemos que hace falta una institución que se preocupe de mirar la infraestructura de largo plazo, integrando los distintos sectores que están involucrados en la misma. Esa entidad planificadora hoy en Chile no existe, y por tanto tenemos que desarrollarlo. Nuestra propuesta es crear un consejo asesor para ese efecto, de tal manera que estos elementos estén presentes en el desarrollo futuro del país”.
Fuente: País Circular, Martes 23 de Noviembre de 2021
