EL MERCURIO – “En general, la inseguridad de suministro de agua potable se debe al mal manejo o falta de atribuciones de los reguladores”.
El cambio climático y la oportunidad constituyente han convocado a los expertos a discutir el tema. Más allá de establecer constitucionalmente el carácter de bien nacional de uso público del agua, ya incluido en las leyes, el desafío es compatibilizar diversos derechos: consumo humano, productivos y medioambientales.
Incluir un derecho en la Ley Suprema no garantiza su satisfacción y viceversa. La clave está en el manejo del recurso, determinado por la eficacia de las instituciones. Una vez más, las facultades están dispersas por el Estado, impidiendo soluciones eficientes y oportunas. Es decir, más que redactar, hay mucho por diseñar e implementar.
Se estima que 400.000 personas son abastecidas con camiones aljibes, tanto en el norte como del sur. En general, la inseguridad de suministro de agua potable se debe al mal manejo o falta de atribuciones de los reguladores. Específicamente, en áreas concesionadas a empresas sanitarias, la única razón para la falta de agua potable es la falta de inversión. Un ejemplo, la cantidad de agua que se pierde en las cañerías en Chile es inusitada —alrededor del 35%— por los paupérrimos niveles de renovación de la red. En Israel y Alemania, las pérdidas son del 8% y en las tarifas que pagamos en Chile se aceptan y financian pérdidas del 15%.
La pregunta es si tales inversiones causarán alza en las tarifas. Sin cambios en el sistema de tarificación, la respuesta es obvia. Pero el sistema puede mejorar y, por tanto, junto con adoptar mecanismos para que las empresas efectivamente inviertan lo que se les financia, se debe mejorar el proceso tarifario.
El procedimiento tarifario se resume en: (i) se hacen dos estudios, uno de la empresa y otro de la autoridad; (ii) la empresa presenta discrepancias al estudio de la autoridad; (iii) período para llegar a acuerdo; (iv) si no hay acuerdo, una comisión de expertos ad-hoc dirime; las partes nominan un experto cada una y hay un tercero de común acuerdo. Así, es esperable que las tarifas suban ya que la empresa discrepará solo de los valores del estudio de la SISS que sean menores a los presentados por ella.
En clave modernizar el sistema de solución de controversias e instalar un ente dirimente independiente y permanente que analice en profundidad los temas con criterios comunes en cada tarificación, lo que no sucede con instancias ad-hoc. Es el caso del Panel de Expertos Eléctrico, que ahora también dirime discrepancias en la industria de distribución de gas por red. Además, se recomienda que se realice un solo estudio, por consultores independientes, como en el caso de la transmisión eléctrica. Ello evita las enormes divergencias en los valores que se deben dirimir.
Otro tema controversial es la valoración de los activos que se debe hacer como si la empresa partiera “desde cero”. La idea, correcta, es que se valoren según lo que es costo de reposición; caso contrario, la empresa carecería de recursos para renovarlos. Sin embargo, la creatividad lleva a prácticas oportunistas. Una interpretación perversa asume que la empresa empieza desde cero en una ciudad ya construida y pavimentada. Así, financiamos el costo de romper y reponer el pavimento para hundir las cañerías, lo que es absurdo. Se justifica cubrir ese costo solo para la renovación de cañerías, pero la tasa de reposición es tan baja que se calcula que en 180 años se renovaría la red de agua y en 450 la de alcantarillado. El peso de este factor en las tarifas es creciente, puesto que la creatividad es infinita y ahora se alega que las ordenanzas exigen reponer un porcentaje mayor o que las calzadas a reponer son más anchas. Tal creatividad también logró que los consumidores financien los esfuerzos de las empresas para detectar fugas, siendo la propia empresa la que se beneficia del menor gasto en agua.
Otro tema es el tratamiento de la plusvalía. El precio de los terrenos sube y solo por eso suben las tarifas. Pero, la plusvalía afecta solo a los terrenos con costo alternativo. Si no se pueden vender —por ejemplo, las tierras concesionadas para instalaciones—, no tienen costo alternativo y no se debería cobrar. La valoración de terrenos debe ser a su costo histórico, tal como en el caso de la transmisión eléctrica.
Fuente: El Mercurio, Sábado 28 de Agosto de 2021
