EL MERCURIO EDITORIAL – Se entremezclan problemas reales junto con diagnósticos equivocados y fórmulas que difícilmente podrían entregar una solución.
Una de las preocupaciones más extendidas entre quienes integrarán la Convención Constitucional es el tema del agua. Sostienen que la actual institucionalidad genera una situación de injusticia, por privatizar el recurso y porque ha dado pie a una concentración extrema de derechos, con áreas en las que no hay acceso al agua, como Petorca, y otras en que los pequeños agricultores han sido expropiados de sus derechos. Esta preocupación se combina con la ansiedad que provocan los evidentes efectos del cambio climático, que han desertificado la zona central. Así, muchas personas temen que en pocos años haya dificultades generalizadas de acceso al agua para uso doméstico, y creen que la solución está en cambiar la institucionalidad del recurso. Se trata en realidad de una materia compleja y sensible, donde se entremezclan problemas reales junto con diagnósticos equivocados y fórmulas que difícilmente podrían entregar una solución.
Desde luego, afirmar sin matices la supuesta existencia de un riesgo inminente para el consumo humano resulta una exageración. En efecto, el agua que consumen las personas representa en realidad una proporción muy pequeña de la demanda total. Ello no implica desconocer que hay ciertas situaciones de escasez que pueden dar lugar incluso a casos dramáticos. Estos se explican por el referido avance de la desertificación, producto de lo cual los derechos que poseen las empresas sanitarias o las cooperativas de Agua Potable Rural (APR) tienen hoy menos agua efectiva asociada que hace medio siglo; un segundo factor es, en el caso de aguas subterráneas, su extracción ilegal. Frente a ese escenario, la solución efectiva pasa por la adquisición de más derechos, algo que las empresas sanitarias realizan hoy constantemente y que el Estado puede hacer para las APR, así como por la implementación de mecanismos efectivos de control. Un buen ejemplo al respecto —y del que poco se habla— es el Plan de Aguas para Petorca 2018-2022, que ha mejorado la información sobre la disponibilidad del recurso y que fiscaliza en terreno extracciones ilegales con la ayuda de observaciones satelitales. El resultado ha sido la apertura de cientos de expedientes y la aplicación de decenas de sanciones. Además, el programa contempla la compra de derechos de agua para las APR, de los cuales a septiembre de 2020 se habían adquirido ya cerca de dos tercios del objetivo final. Paralelamente, el Estado está invirtiendo en redes para trasladar estos recursos, con el objetivo de que a fines de 2022 el problema de agua en Petorca se encuentre resuelto.
Una segunda alternativa para el consumo doméstico es la desalinización, que puede resolver el problema para los grandes conglomerados urbanos. Si utilizan energía verde y las salmueras resultantes son disueltas cuidadosamente, el impacto sobre los ecosistemas es mínimo. Las inversiones requeridas aquí son altas, pero no impactan mayormente las tarifas de agua potable, que deben pagar una mucho mayor inversión en la red de distribución, alcantarillado y tratamiento de residuos, así como los costos de operación y mantenimiento. Por lo tanto —salvo en el caso de zonas muy aisladas, que demandan un tratamiento especial— el acceso a agua para uso doméstico no debería ser un problema si se efectúan las inversiones necesarias por parte de las empresas o por el Estado, en el caso de las APR.
Respecto de la agricultura, la creciente escasez es una situación más compleja, porque no hay derechos de agua remanentes al norte de la VII Región. La respuesta pasa ineludiblemente por invertir en tecnologías que usen menos este recurso. Obviamente, si los derechos de agua se debilitan o se expropian, los productores no acometerán esas inversiones y la producción caerá, creando desempleo y destruyendo una industria y conocimientos que ha tomado décadas adquirir.
Cabe insistir en la necesidad de mejorar muchos aspectos en la gestión de este recurso. Como lo muestra el caso de Petorca, la fiscalización debe ser más intensa y también se debe mejorar la institucionalidad del manejo de las cuencas, y la información sobre ellas. Pero, como se ha visto, casi todas las soluciones demandan inversiones importantes, cuya materialización requiere seguridad respecto de los derechos de agua. Al contrario, ciertas informaciones sesgadas, que confunden derechos consuntivos —es decir, que facultan el consumo total del recurso— y no consuntivos, o que omiten cuestiones básicas, como la de que los derechos de agua en Aysén no se pueden trasladar a la zona central del país, crean un clima adverso para una discusión fructífera. En ese contexto, ideas como la estatización del sector, lejos de ofrecer soluciones, arriesgan disminuir la inversión y con ello las seguridades respecto del acceso a un recurso básico.
Fuente: El Mercurio Editorial, Viernes 28 de Mayo de 2021
